La juez que investiga en Torrevieja casos de tortura aparta de sus cargos a ocho polic¨ªas
El edil de Sanidad, acusado de atribuir falsas lesiones a los agentes para encubrir malos tratos
La juez del caso de las presuntas torturas a detenidos por parte de la Polic¨ªa Local de Torrevieja imputa tambi¨¦n al jefe del cuerpo, Alejandro Morer, un delito contra las administraciones territoriales por contratar agentes a dedo. La magistrada ha suspendido de sus funciones a los ocho agentes que ya ha interrogado. La Guardia Civil acusa a seis polic¨ªas m¨¢s y a dos ediles del PP, el de Seguridad, Pedro Valero, y el de Sanidad, Hip¨®lito Caro, que comparecer¨¢n ante la juez la pr¨®xima semana. A Caro se le acusa de falsear partes m¨¦dicos a agentes te¨®ricamente lesionados en servicios.
Alejandro Morer, jefe de la Polic¨ªa Local de Torrevieja, accedi¨® al cargo en 1994. Desde entonces, seg¨²n denuncia la oposici¨®n, pr¨¢cticamente cada a?o se contratan al menos cinco agentes nuevos sin mediar concursos ni oposiciones y sin respetar el sistema de promoci¨®n interna. En la actualidad, la plantilla de la Polic¨ªa Local de Torrevieja la integran 170 agentes, de los cuales 60 son interinos, seg¨²n las mismas fuentes de la oposici¨®n municipal. Adem¨¢s, en muchos casos, con informes en contra del secretario y del interventor, se prorrogan los contratos eventuales por encima de los plazos legales.
En concreto, a finales del 1998, Morer firm¨® un escrito en el que apoy¨® la continuidad de tres agentes interinos, cuando sus per¨ªodos de contrataci¨®n ya hab¨ªan expirado. El alcalde, Pedro ?ngel Hern¨¢ndez Mateo, del PP, dio el visto bueno a la propuesta, que tambi¨¦n era irregular, seg¨²n los t¨¦cnicos municipales.
Juana L¨®pez, titular del Juzgado n¨²mero 2 de Torrevieja y decana de ese partido judicial, abri¨® las diligencias por supuestas torturas por parte de la Polic¨ªa Local a principios de este a?o, a ra¨ªz de la detenci¨®n de dos delincuentes en el municipio alicantino que hab¨ªan tiroteado a un Guardia Civil en Cieza (Murcia). Hace dos meses, un s¨²bdito guatemalteco tambi¨¦n denunci¨® presuntas torturas por los agentes durante su detenci¨®n, al perpetrar un robo en la casa uno de los polic¨ªas ya imputado [un hermano del jefe del cuerpo].
Escuchas telef¨®nicas
En las diligencias previas, la magistrada incluy¨® la intervenci¨®n de los tel¨¦fonos de los mandos de la Polic¨ªa Local. Fruto de esas escuchas telef¨®nicas, la juez ampli¨® la lista de supuestos delitos a los de lesiones, falsedad en documento p¨²blico, omisi¨®n del deber de perseguir el delito y el de contratar las administraciones territoriales. Este ¨²ltimo delito recae exclusivamente sobre el intendente Morer, seg¨²n ha podido saber este peri¨®dico de fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n.
La magistrada ya ha interrogado a ocho de los agentes implicados en el caso. Los dos ¨²ltimos comparecieron ayer en el juzgado. La juez ha dejado a todos en libertad con cargos y tambi¨¦n, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, ha acordado suspenderlos cautelarmente en sus funciones. Otras fuentes judiciales rechazan este extremo y alegan que, hasta ayer, los agentes imputados no hab¨ªan recibido ninguna notificaci¨®n del juzgado en ese sentido.
El alcalde tambi¨¦n neg¨® esa posibilidad y asegur¨® que todos los polic¨ªas continuaban en sus puestos. Hern¨¢ndez Mateo insisti¨® en que el "asunto no es de gravedad". El primer edil rechaz¨® adem¨¢s la propuesta de dimisi¨®n que le present¨® el jefe de la Polic¨ªa Local, Morer, nada m¨¢s declarar en el juzgado. La oposici¨®n pide, ahora, la dimisi¨®n de Hern¨¢ndez por no aceptar la propuesta de Morer y mantener a los polic¨ªas imputados en sus puestos.
Los interrogatorios a los implicados en la trama de torturas a arrestados continuar¨¢n la pr¨®xima semana. El lunes y martes comparecer¨¢n el resto de agentes acusados por la Guardia Civil. Mientras, el mi¨¦rcoles lo har¨¢, en calidad de imputado, Hip¨®lito Caro, concejal de Sanidad. Caro, m¨¦dico de profesi¨®n, compagina el cargo p¨²blico de concejal con su actividad laboral. Hasta hace dos meses, el edil era el responsable de un centro de salud y recientemente ha sido designado director del ¨¢rea de salud n¨²mero 22, que engloba a Torrevieja y otras seis poblaciones vecinas.
La investigaci¨®n policial considera que Caro, como director del centro de salud, "ama?¨®" partes m¨¦dicos a agentes en los que certificaba que se hab¨ªan lesionado en actos de servicio, especialmente en aquellos casos relacionados con las detenciones en las que supuestamente algunos detenidos fueron torturados.
El concejal de Seguridad, Pedro Valero, comparecer¨¢ ante la juez la jornada siguiente, el jueves 31. Valero, que se neg¨® a declarar ante la Guardia Civil en la tarde del jueves, tambi¨¦n ha sido imputado en el curso de la investigaci¨®n policial. El edil, que goza de dedicaci¨®n exclusiva, con un sueldo de 2.790 euros al mes, ha habilitado su despacho oficial en las dependencias de la Polic¨ªa Local.
Por su parte, la acusaci¨®n p¨²blica, que asume el fiscal jefe en funciones de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos L¨®pez Coig, espera la conclusi¨®n de los interrogatorios de todos los implicados para decidir qu¨¦ medidas cautelares solicita para cada uno de los imputados.
Debate vecinal frente al juzgado
El caso de las supuestas torturas por parte de polic¨ªas locales de Torrevieja suscit¨® ayer un debate vecinal subido de tono a las puertas del palacio de justicia del municipio. Pasadas las diez de la ma?ana, decenas de curiosos se acercaron a conocer de primera mano la resoluci¨®n de la juez sobre los agentes citados a declarar. Un asunto que, tras saltar a la luz p¨²blica, ya ha traspasado el ¨¢mbito judicial y ha pasado a engordar las tertulias cotidianas de los vecinos sobre la seguridad.
La cuesti¨®n no es balad¨ª en esta poblaci¨®n, castigada desde hace a?os por la delincuencia. No en vano, Torrevieja tiene el deshonor de encabezar el listado de municipios con mayor incidencia de la criminalidad de Espa?a. Adem¨¢s, durante a?os, esta localidad costera, con cerca de 100.000 habitantes censados, ha sido santuario de organizaciones de redes mafiosas, preferentemente de pa¨ªses del Este.
La cuesti¨®n de si los agentes se excedieron o no en sus funciones no resulta en absoluto ajena a sus habitantes. "Lo que no se puede hacer es que una est¨¦ trabajando para que luego vengan y nos roben. Al final vamos a conseguir que los polic¨ªas no puedan tocar a los ladrones, y entonces ¨¦stos campen a sus anchas", le dijo en tono airado una vecina a otra. "Vale, entiendo que si los pillan in fraganti les den; pero no que entre siete u ocho polic¨ªas les metan una paliza, porque son personas", replic¨® la otra.
Entretanto, otra vecina, a gritos, defiende ante los medios la "honestidad" de estos agentes porque "gracias a ellos se puede vivir". La crispaci¨®n subi¨® de revoluciones a medida que a lo largo de la ma?ana se acercaban supuestos agredidos; entre ellos, Jan Louis Rosa. Este portugu¨¦s de 60 a?os fue presuntamente apaleado por agentes el 13 de julio de 2003, seg¨²n consta en una denuncia presentada ante la Guardia Civil, documento que exhibi¨® acompa?ado de un parte de lesiones.
A ojos vista, el esc¨¢ndalo policial por hipot¨¦ticas torturas ha abierto dos frentes en Torrevieja: el judicial y el social.
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