Un dictamen concluye que Alperi benefici¨® al promotor Ortiz al modificar el plan Rabassa

Los cambios introducidos en el plan Rabassa por el Ayuntamiento de Alicante, presidido por Luis D¨ªaz Alperi, del PP, provocaron un "importante" aumento de las expectativas de negocio de la adjudicataria, la mercantil Viviendas Sociales del Mediterr¨¢neo, SL, del promotor Enrique Ortiz, al incrementar un 28,60% el coste de la urbanizaci¨®n, seg¨²n concluye un dictamen elaborado por un urbanista para el PSPV. Los socialistas esperan la decisi¨®n final de la Consejer¨ªa de Territorio y Vivienda sobre el programa para decidir qu¨¦ iniciativas adoptan al respecto.

El plan Rabassa es la iniciativa urban¨ªstica m¨¢s ambiciosa de la historia de Alicante y prev¨¦ levantar 15.000 viviendas [de las cuales 8.000 ser¨¢n de protecci¨®n oficial] sobre una superficie de 4,2 millones de metros cuadrados en el humedal del mismo nombre, al norte de la periferia de la capital alicantina.

"La mercantil seleccionada [la firma Viviendas Sociales del Mediterr¨¢neo SL] ha obtenido beneficios suplementarios sin haber concurrido a un procedimiento de p¨²blica competencia, lo cual adem¨¢s le permite optar a un negocio a?adido de adquisici¨®n de suelo, de dudosa legalidad, en la que el propio Ayuntamiento de Alicante fija un valor a precio de repercusi¨®n de vivienda protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta libre, y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho mayor", recoge el dictamen. El estudio precisa que en este ¨²ltimo tipo de suelo el promotor Ortiz puede obtener con un porcentaje de permuta del 53% suelo destinado a renta libre a precio de suelo para viviendas de protecci¨®n p¨²blica.

El urbanista subraya que, de acuerdo con el principio de p¨²blica competencia y el art¨ªculo 47 de la LRAU (normativa urban¨ªstica de la Comunidad Valenciana ya extinta, pero seg¨²n la cual se ha tramitado todo el proceso de aprobaci¨®n del PAI por parte del Consistorio) las modificaciones efectuadas por el Ayuntamiento hacen "irreconocible" la propuesta original hasta el extremo que afecta a la oferta jur¨ªdico-econ¨®mica, que se incrementa en casi un 30% respecto al presupuesto inicial del coste de la urbanizaci¨®n, que pas¨® de 149,1 millones de euros a 187,3 tras las modificaciones. Adem¨¢s, destaca que al fijar un ¨²nico coeficiente de retribuci¨®n, pese a la existencia de varios tipos de suelo (protegido, renta libre y terciario) ha propiciado un negocio alternativo con la adquisici¨®n de suelo de renta libre. "Ante estas circunstancias tan graves el programa est¨¢ viciado de anulabilidad, por existir indicios evidentes de fraude de ley", concluye el dictamen. Para el urbanista, el Ayuntamiento debi¨® acordar la gesti¨®n directa del programa urban¨ªstico o bien permitir la libre concurrencia en igualdad de condiciones.

El Ayuntamiento de Alicante introdujo las modificaciones a la oferta seleccionada, la de Ortiz, la m¨¢s interesante a juicio de los t¨¦cnicos del Departamento T¨¦cnico de Gesti¨®n y del Servicio de Gesti¨®n del Planeamiento, acogi¨¦ndose al art¨ªculo 47.1 de la extinta LRAU. No obstante, informes de otros departamentos del negocio de urbanismo advert¨ªan la falta de rigor y deficiencias de las tres alternativas presentadas y alertaban de que, de incluir los cambios propuestos, se producir¨ªan modificaciones econ¨®micas "sustanciales".

Urbanismo a la carta

Eugenio Burriel, secretario de Pol¨ªtica de Territorio y Vivienda de la Ejecutiva nacional del PSPV, asegura que el plan Rabassa es un calco de la adjudicaci¨®n de los aparcamientos subterr¨¢neos tambi¨¦n al empresario Ortiz [la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha llevado al juzgado la modificaci¨®n del contrato por considerar que hubo trato de favor al empresario y ha denunciado al alcalde, Luis D¨ªaz Alperi, la concejal de Urbanismo, el edil de Tr¨¢fico, un t¨¦cnico municipal y al promotor por cinco delitos, entre ellos, prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias]. "Ambos casos son un ejemplo de c¨®mo el PP gestiona el territorio, un urbanismo a la carta, en beneficio del inter¨¦s de unos pocos", precisa Burriel.

Para el dirigente socialista, el plan Rabassa, adem¨¢s, corrobora la inconsistencia y nula credibilidad de la oferta de un pacto por el desarrollo urban¨ªstico que recientemente ha lanzado el consejero de Territorio y Vivienda, Esteban Gonz¨¢lez Pons, a la oposici¨®n y a los colectivos ecologistas. "No hace falta ning¨²n pacto, sino simplemente cumplir la ley y que rechace el plan Rabassa, que no s¨®lo es desproporcionado e irracional desde el punto de vista urban¨ªstico, sino que, como cada vez queda m¨¢s patente, incumple la legalidad", asevera.