La tierra vuelve a los negros en Sur¨¢frica

El Gobierno de Sur¨¢frica expropiar¨¢ las tierras de los agricultores blancos que no se avengan a acordar en seis meses un precio justo para las propiedades que deben ser devueltas a los que fueron sus leg¨ªtimos propietarios, poblaciones negras despose¨ªdas durante el apartheid. Doce a?os despu¨¦s de la instauraci¨®n de la democracia, el Gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC, en sus siglas en ingl¨¦s) s¨®lo ha conseguido, previa compra, devolver a los ciudadanos negros un 3% de la tierra usurpada. El 84% contin¨²a en manos de los blancos y el resto, en manos de los negros, muy lejos del 30% que el ANC pretende conseguir en el a?o 2015. Con una mayor presi¨®n p¨²blica y movimientos del estilo de los sin tierra brasile?os, el Gobierno ha endurecido su discurso, despu¨¦s de culpar a los agricultores de entorpecer el proceso al pedir precios excesivos.

Las autoridades han recibido ya 80.000 reclamaciones de propiedades

"No hay un n¨²mero fijo de agricultores a expropiar, depender¨¢ de si est¨¢n dispuestos a aceptar un precio justo. Si despu¨¦s de seis meses de negociaci¨®n siguen pidiendo una cantidad elevada, iniciaremos la expropiaci¨®n", explica Thozamile Gwanya, comisionado de Reclamaciones de Tierra. En el caso de restituci¨®n de propiedades, el comisionado recibi¨® 80.000 reclamaciones entre 1994 y 1998, el 80% urbanas, de poblaciones que fueron obligadas a abandonar sus viviendas, y un 20% rurales, de gente obligada a dejar sus tierras durante el apartheid. Las rurales son de m¨¢s dif¨ªcil soluci¨®n puesto que los peticionarios son comunidades de entre 50 y 10.000 personas y la posesi¨®n de t¨ªtulos de propiedad es escasa, seg¨²n Gwanya. Se han resuelto 8.000 casos rurales y quedan 7.000 que se supon¨ªa que deb¨ªan haber llegado a un acuerdo el a?o pasado, por lo que se ha tenido que acordar un nuevo plazo: 2008.

La fecha l¨ªmite de seis meses antes de expropiar caus¨® malestar entre los sindicatos agr¨ªcolas: el director de Agri Sa, Hans van der Merwe, asegur¨®: "S¨®lo hemos pedido su valor comercial", mientras que el dirigente de la conservadora Transvaal Agricultural Union, Chris Jordaan, auguraba que 12.000 de los 50.000 productores blancos abandonar¨ªan la actividad tras la reforma. "?C¨®mo vamos a mantener a los agricultores en los campos y dar de comer al pa¨ªs con estos ataques?", se preguntaba.

El cruce de acusaciones entre Gobierno y agricultores es continuo. Si el primero les recrimina su escasa colaboraci¨®n, los segundos argumentan que es el Gobierno el que entorpece por falta de personal o dinero. Si el primero dice que son los campesinos los que paralizan el proceso, los segundos dicen que s¨ª desean acuerdos r¨¢pidos, porque cuando existe una reclamaci¨®n no pueden pedir cr¨¦ditos, no pueden mejorar sus fincas; adem¨¢s, algunos de los que han vendido tardan cinco a?os en cobrar.

Cuando el comisionado especific¨® que los seis meses se iniciar¨ªan una vez la reclamaci¨®n de los antiguos propietarios se hubiera investigado, Annelize Crosby, representante parlamentaria de Agri Sa, asegur¨®: "Nosotros apoyamos esa fecha l¨ªmite".

Crosby trata de desmitificar la palabra expropiaci¨®n (una palabra que el Gobierno ha tardado en usar por miedo a perder confianza inversora y por no despertar los fantasmas de la vecina Zimbabue, donde los agricultores blancos fueron expulsados violentamente, sumiendo al pa¨ªs en una grave crisis econ¨®mica: "El agricultor recibir¨ªa un precio de mercado, las p¨¦rdidas financieras y una compensaci¨®n; podr¨ªa llegar a recibir m¨¢s dinero que con el acuerdo".

El plan de reforma tambi¨¦n pretende la protecci¨®n de aquellos operarios que viven tradicionalmente en la finca para la que trabajan, con el objetivo de que no puedan ser expulsados arbitrariamente. Este punto del plan es uno de los m¨¢s problem¨¢ticos, ya que "en alguna reclamaci¨®n la discusi¨®n se centraba en si los trabajadores se hab¨ªan marchado voluntariamente o no", detalla Crosby.

La expulsi¨®n de los trabajadores, seg¨²n Alarm (un grupo de ONG que trabajan en asuntos agrarios), se ha disparado desde 1984, con la industrializaci¨®n del trabajo agr¨ªcola y la contrataci¨®n temporal. Se calcula que cerca de dos millones de personas han sido desalojadas de las fincas en las que viv¨ªan entre 1994 y 2004, pese a la protecci¨®n existente.

Mangaliso Kubheka, l¨ªder del Landless People Movement (Movimiento de la Gente Sin Tierra, creado en 2001), tambi¨¦n est¨¢ afectado por una expulsi¨®n de las tierras en las que ha vivido, por su reconversi¨®n en una reserva de animales. ?stas est¨¢n enfocadas para el turismo y son una alternativa a la actividad agraria, dif¨ªcil ahora sin los subsidios del Gobierno del apartheid y de alto riesgo, por el alto nivel de inseguridad que padecen los agricultores: 1.700 de ellos han sido asesinados desde 1994 y los robos est¨¢n a la orden del d¨ªa.

Kubheka critica la falta de aplicaci¨®n de la legislaci¨®n: "Estamos frustrados, incluso los nuevos granjeros negros est¨¢n expulsando a gente de sus tierras". Kubheka se refiere al programa de redistribuci¨®n, en el que el Gobierno ofrece cr¨¦ditos a peque?os agricultores para que puedan comprar tierra. "No nos escuchan; a escala nacional s¨ª, pero los comisionados provinciales no quieren trabajar con la gente, el proceso es demasiado lento, no se saca a la gente de la pobreza".

Para el comisionado, la amenaza de expropiaci¨®n ya ha dado sus frutos: de 70 agricultores en Mpumalanga que podr¨ªan ser expropiados, 40 est¨¢n aceptando acuerdos; de 200 en Limpopo, 90, y en KwaZulu-Natal la totalidad de los 80 agricultores han llegado a acuerdos.