Lista de llamadas

Como parte de la persecuci¨®n institucional del terrorismo y del delito organizado, los ministerios de Justicia e Interior preparan una norma legal, concretamente una ley de conservaci¨®n de datos de comunicaciones electr¨®nicas y redes de comunicaci¨®n, que obligar¨¢ a las compa?¨ªas telef¨®nicas a guardar los datos de comunicaciones de sus clientes durante un a?o -que se podr¨¢ extender a dos a?os en casos excepcionales- y a las tiendas que venden tarjetas telef¨®nicas a identificar a los compradores, para aclarar ese agujero negro de m¨¢s de 16 millones de tel¨¦fonos m¨®viles an¨®nimos. La referencia obligada que explica esta preocupaci¨®n del Gobierno es el atentado del 11 de marzo de 2004, cuya investigaci¨®n policial se benefici¨® considerablemente de la informaci¨®n disponible sobre los tel¨¦fonos celulares de los terroristas. Desde ese punto de vista, disponer de un instrumento legal que facilite la investigaci¨®n policial en casos de extrema complejidad t¨¦cnica y pol¨ªtica es un avance considerable.

El cap¨ªtulo de reticencias empieza con las posibles consideraciones sobre los derechos ciudadanos y las garant¨ªas jur¨ªdicas deseables. En principio, la informaci¨®n conocida y almacenada que se exigir¨¢ a las empresas excluye el contenido de las conversaciones, como es l¨®gico, y s¨®lo se refiere a datos como origen y destino de la llamada y duraci¨®n de la misma. Dif¨ªcilmente podr¨ªa plantearse una objeci¨®n ¨¦tica, salvo que se vulnere la exigencia de confidencialidad del contenido, en cuyo caso estar¨ªamos en otro supuesto.

El segundo problema ata?e al coste. Como suele suceder en todos los casos en los que se propone la colaboraci¨®n de empresas privadas con instituciones p¨²blicas -la persecuci¨®n del blanqueo de dinero, que obliga a los bancos a pedir y guardar informaci¨®n, es un buen ejemplo-, el motivo principal de negociaci¨®n es qui¨¦n y c¨®mo se paga el coste de obtener y almacenar los millones de datos requeridos. Las empresas telef¨®nicas calculan en 20 millones de euros el coste de la nueva ley. Pero no tendr¨ªa sentido alguno que el coste de operaci¨®n se convirtiera en un obst¨¢culo insalvable.