Carlos Carretero reconoce que cobr¨® hasta 24.000 euros por gestionar pensiones de invalidez

Carlos Carretero, el principal sospechoso de la operaci¨®n Karlos contra el fraude a la Seguridad Social, reconoci¨® ayer que lleg¨® a cobrar hasta 24.000 euros por ayudar a gestionar una baja laboral por incapacidad. "Puede parecer un mundo pero, para alguien que tiene dinero y quiere quitarse de estar en organismos y gestor¨ªas, le parece bien y paga voluntariamente", asegur¨® ayer a los periodistas tras declarar ante el juez. Carretero neg¨® ser el l¨ªder de ninguna trama ilegal y s¨®lo reconoci¨® haber ayudado a tramitar seis pensiones a personas que, adem¨¢s, eran conocidas suyas.

Carretero, quien fuera jefe de la polic¨ªa local de Ubrique, compareci¨® en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de C¨¢diz durante apenas 45 minutos. S¨®lo respondi¨® a las preguntas de su abogado para reafirmar su inocencia frente a la investigaci¨®n que le llev¨® a la c¨¢rcel. Las pesquisas de la Guardia Civil le hab¨ªan se?alado como el principal sospechoso de liderar una trama que conced¨ªa pensiones de invalidez ilegales basadas en informes m¨¦dicos falsos a cambio de dinero.

Ante el juez y despu¨¦s ante los periodistas, el acusado neg¨® haber encabezado esta red por carecer de contactos para ello. Explic¨® que para conseguir una pensi¨®n de invalidez es necesario pasar por: el examen de un m¨¦dico de atenci¨®n primaria; el an¨¢lisis de la Unidad de Valoraci¨®n de Incapacidades (UNVI), dependiente de la Junta; la supervisi¨®n del Equipo de Valoraci¨®n de Incapacidad (EVI) y la aprobaci¨®n de un tribunal m¨¦dico con siete miembros. "C¨®mo voy a poder organizar una trama si, de los cuatro escalones que hay que pasar para obtener pensiones de invalidez, s¨®lo conozco al inspector de la UNVI, Francisco Casto", detall¨®. "No conozco a ning¨²n inspector m¨¢s, ni a ning¨²n m¨¦dico ni miembro de ning¨²n tribunal", insisti¨®.

Lo que s¨ª reconoci¨® Carretero es haber ayudado a tramitar bajas laborales y pensiones. Seg¨²n explic¨®, lo hizo desde su oficina, una inmobiliaria, en la que se dedicaba tambi¨¦n a gestionar pr¨¦stamos, hipotecas o subvenciones, a su entender, de una manera completamente legal. "Hay gente que quiere quitarse de estar todo el d¨ªa en organismos y gestor¨ªas", justific¨®. En esa labor dice que s¨®lo atendi¨® seis peticiones de conocidos suyos, entre los que cit¨®, a Remedios Torres, suegra del torero Jesul¨ªn de Ubrique, o al due?o de una cadena nacional de supermercados. A pesar de asegurar que manten¨ªa una amistad con ellos, admiti¨® que les cobr¨® por estos tr¨¢mites entre 9.000 y 24.000 euros. Las cantidades variaban en funci¨®n de la capacidad econ¨®mica de cada persona. Torres pag¨® 18.000 euros mientras que el due?o de los supermercados abon¨® 24.000.

Carretero neg¨® tambi¨¦n haber cometido irregularidad alguna en su propia pensi¨®n, que comenz¨® a recibir en 2002, seg¨²n dijo, en contra de su voluntad. "A m¨ª me dieron la invalidez absoluta por fuera. Me oblig¨® la administraci¨®n a pasar el tribunal m¨¦dico. Me cortaron la carrera cuando era jefe de la polic¨ªa local y pod¨ªa tener much¨ªsimas aspiraciones". La baja le lleg¨®, seg¨²n detall¨®, por un problema de visi¨®n. "No quer¨ªan que portara armas", apostill¨®. Carretero neg¨® responsabilidad alguna. "Si han revisado incapacidades concedidas que han resultado ser irregulares, que pidan explicaciones a la persona que ha firmado un informe m¨¦dico falso y no a m¨ª, que los he tramitado", dijo.

Carretero est¨¢ considerado como el presunto cabecilla tambi¨¦n en la operaci¨®n Halc¨®n, que investiga facturas falsas en empresas de la piel de la sierra de Ubrique. Sobre esta investigaci¨®n, rechaz¨® tambi¨¦n tener responsabilidad. "Yo no he organizado ninguna trama. Aqu¨ª hay un problema donde hay 456 empresas en las que, seg¨²n Hacienda, existen 60 millones de euros de fraude. Yo no s¨¦ d¨®nde est¨¢n", revel¨®. Carretero anunci¨® que en los pr¨®ximos d¨ªas dar¨¢ "nombres y apellidos" de personas implicadas en el caso.

Hoy expira el plazo en el que los abogados de los 30 implicados en la operaci¨®n Karlos deben pronunciarse sobre la anulaci¨®n de la escuchas telef¨®nicas que permitieron iniciar el caso.