Justicia gratuita: un debate inevitable

El Estado social y democr¨¢tico de derecho debe proteger y facilitar el acceso de todos a la defensa independiente y cualificada de sus derechos. Para ello cuenta con la asistencia jur¨ªdica gratuita -el llamado turno de oficio-, que sufraga la propia Administraci¨®n. Se trata de un servicio p¨²blico exigido por la Constituci¨®n, financiado por la Generalitat, gestionado por los colegios de abogados y procuradores y prestado por sus miembros. A ellos -Administraci¨®n, colegios y profesionales- toca asegurar su calidad y su eficiencia.

No es un servicio menor. Algunos datos de 2006 para Catalu?a: cerca de 100.000 solicitudes tramitadas y casi 350.000 actuaciones profesionales, en constante aumento. El Departamento de Justicia aporta m¨¢s de 46 millones de euros -m¨¢s de 20 millones de pesetas cada d¨ªa-. Equivale al presupuesto corriente de un municipio de 80.000 habitantes. Entre 2004 y 2006, la aportaci¨®n p¨²blica ha crecido en m¨¢s del 25%. La Generalitat liquida ahora mensualmente los honorarios de letrados y procuradores, satisfaciendo una antigua reivindicaci¨®n.

La justicia gratuita demanda nuevos medios que deben discutirse entre todos los agentes sociales

Con todo y pese a la dedicaci¨®n de la mayor¨ªa de los profesionales que lo prestan, subsisten interrogantes sobre el servicio. El primero es c¨®mo asegurar la calidad requerida ante una demanda creciente. El segundo es si basta a?adir m¨¢s recursos para aumentar dicha calidad. Son preguntas que debe plantearse cualquier Gobierno -el de la Generalitat en este caso- responsable de garantizar la prestaci¨®n del servicio en las mejores y m¨¢s eficientes condiciones.

Parece presuntuoso -como m¨ªnimo- suponer que no hay nada mejorable en el modelo actual y que todos sus actores rozan la perfecci¨®n. ?No es conveniente explorar si cabe proteger de manera m¨¢s eficiente el derecho a una defensa gratuita, independiente y de calidad? Lo sostienen prestigiosos profesionales del derecho, desde la propia experiencia. Lo recomienda el Libro Verde de la Justicia en Catalu?a. Nada ins¨®lito, puesto que otros pa¨ªses democr¨¢ticos as¨ª lo han hecho recientemente.

Emprender este an¨¢lisis no pone en crisis el derecho a una defensa independiente, como se ha afirmado a la ligera, confundiendo a la opini¨®n. Tampoco conduce a la "funcionarizaci¨®n" del servicio o a su "privatizaci¨®n en beneficio de grandes bufetes", tal como se ha imputado falsamente -y en llamativa contradicci¨®n- a la Generalitat. No elimina el turno de oficio, puesto que lo impide la Constituci¨®n que deben acatar y hacer cumplir la Administraci¨®n y los colegios profesionales que reciben de ella algunas atribuciones.

?Por qu¨¦ recelar de una ocasi¨®n para mejorar el modelo, revisando -sin rutinas ni prejuicios- la concertaci¨®n entre los actores implicados? ?A qu¨¦ responde la resistencia a valorar el papel de todos ellos: profesionales, colegios que aseguran su capacidad t¨¦cnica y ¨¦tica y Administraci¨®n como ¨²ltima garante de la protecci¨®n del derecho? ?A qu¨¦ se deben invectivas y tergiversaciones que descalifican a quien las emite? Pueden darse diferencias de opini¨®n. Pero no la renuncia a debatirlas, especialmente entre quienes tienen responsabilidades institucionales en los colegios y en la Administraci¨®n. Entiendo que -entre quienes desean honradamente un mejor servicio- cabe definir un terreno com¨²n donde se combine la reivindicaci¨®n de intereses laborales y corporativos con la protecci¨®n del inter¨¦s ciudadano que obliga a la Administraci¨®n.

Por lo dem¨¢s, este debate es inevitable. Seguir¨¢. No lo cerrar¨¢n los calendarios electorales, parlamentarios o colegiales. Porque nace de la necesidad de adaptar la justicia gratuita a nuevas condiciones sociales y procesales, tras 10 a?os de vigencia de la Ley 1/1996 que la regula. Lo propicia el Estatuto de 2006 que -en su art¨ªculo 106- confiere a la Generalitat la competencia para ordenar la asistencia jur¨ªdica gratuita. Lo exige la demanda incesante de este servicio. A estas alturas, es in¨²til resistirse a un examen honesto de la experiencia propia y de experiencias ajenas. Con el concurso de expertos, profesionales, colegios y administraciones. Evitando deformaciones interesadas o interferencias partidistas. Porque cuanto m¨¢s se retrase este an¨¢lisis, m¨¢s dif¨ªcil ser¨¢ solventar los d¨¦ficit de calidad y de gesti¨®n que experimenta la justicia gratuita. En perjuicio de los ciudadanos que la necesitan.

Josep M. Vall¨¨s es consejero de Justicia de la Generalitat.