18 informes que anunciaban la masiva corrupci¨®n

El interventor del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Castro Jim¨¦nez, entreg¨® el pasado 30 de marzo al juez de la Operaci¨®n Malaya, Miguel ?ngel Torres, 18 informes con todos los reparos que puso por escrito a los acuerdos que el gobierno municipal tomaba y que, seg¨²n la investigaci¨®n judicial, estuvieron plagados de irregularidades que afectaban a contratos, permutas y convenios urban¨ªsticos entre 2001 y 2004.

Las recurrentes investigaciones judiciales por corrupci¨®n sobre Marbella -Operaci¨®n Saqueo 1, Saqueo 2, Malaya, Camisetas...- avalan que cuando en ese municipio se habla de irregularidades no se trata de meros defectos procedimentales sino que es un eufemismo que encubre regalos en contratos o favores urban¨ªsticos a empresarios que luego retribuyen a los ediles mediante sobornos. La chapuza jur¨ªdica es la antesala del soborno. Todas las operaciones municipales cuestionadas se llevaron a cabo por el Ayuntamiento pese a la denuncia del interventor.

Sus informes son una gu¨ªa de c¨®mo se perpetr¨® la corrupci¨®n en Marbella. En los procesos judiciales han aflorado las mismas corruptelas que en sus ignorados escritos apuntaba el interventor: las anomal¨ªas que ve¨ªa en la contrata de la gr¨²a han reventado como puja de sobornos, Y han ingresado en prisi¨®n por cohecho constructores que citaba como beneficiarios de convenios urban¨ªsticos sin tasaci¨®n alguna cuyo gestor era el presunto cerebro de la red de corrupci¨®n municipal, Juan Antonio Roca.

El desinter¨¦s del equipo de gobierno por sus denuncias fue absoluto. "Le participo que en fecha 23 de agosto de 2002 y 11 de mayo de 2004 remit¨ª a esa secretar¨ªa, junto a notas interiores, los expedientes de irregularidades tramitados para los a?os 2000 y 2001 respectivamente, sin que al d¨ªa de la fecha se hayan dado cuenta al Ayuntamiento Pleno, por lo que ruego inste su inclusi¨®n entre los asuntos a tratar en pr¨®xima sesi¨®n". El escrito por el que requer¨ªa la atenci¨®n del Pleno sobre las irregularidades de 2000 y 2001 es de diciembre de 2005. Su destinatario, el secretario municipal, Leopoldo Barrantes, est¨¢ imputado en la Operaci¨®n Malaya. He aqu¨ª el desglose de las actividades municipales bajo sospecha del interventor referidos a 2002 y 2003:

- Permutas. Nueve informes haciendo constar que falta el informe t¨¦cnico del Ayuntamiento donde se haga una valoraci¨®n sobre la permuta de terrenos que se aprueba.

- Convenios urban¨ªsticos. Se han emitido 9 informes en 2002 y otros 19 en 2003. En todos se participa a la corporaci¨®n la necesidad de que se adjunte a los mismos los informes t¨¦cnicos de Arquitectura y de Urbanismo respecto a la posibilidad legal de cumplimentar la modificaci¨®n urban¨ªstica que se propone, y de tasaci¨®n por el servicio de Urbanismo de los importes econ¨®micos que suponen los aprovechamientos urban¨ªsticos que se fijan en los convenios.

- Enajenaci¨®n o concesi¨®n administrativa. Los m¨¢s de veinte informes emitidos hacen constar las mismas observaciones que las realizadas sobre los convenios: en los expedientes no existen los informes sobre su viabilidad legal o sobre la valoraci¨®n de las parcelas en juego.

- Multas de Polic¨ªa Local. En este terreno, el interventor denuncia que no existe control administrativo sobre las multas por parte de Tesorer¨ªa y de la propia Intervenci¨®n durante los a?os 2002 y 2003 por falta de la informaci¨®n que deber¨ªa facilitar la Polic¨ªa Local.

- Gr¨²a para retirar veh¨ªculos. Durante 2002 y 2003 fue realizado este servicio con autorizaci¨®n ¨²nica de la jefatura de la Polic¨ªa Local, sin la ratificaci¨®n del gobierno municipal. Tanto en 2002 y 2003, el servicio de recogida de veh¨ªculos mal estacionados en la v¨ªa p¨²blica fue prestado sin la constituci¨®n de fianza alguna y sin contrato administrativo, lo que dificulta la cobranza del canon incluso en v¨ªa de apremio, lo que quiere decir que el Ayuntamiento no ha percibido cantidad alguna por el canon de la entidad prestataria. Durante este a?o de 2005 ha sido adjudicado el servicio mediante procedimiento negociado sin publicidad, con una sola oferta, tras la tramitaci¨®n de un expediente de licitaci¨®n mediante concurso que result¨® desierto. A pesar de lo indicado, a¨²n no est¨¢ formalizado el contrato de prestaci¨®n de servicios a pesar de la orden de la alcald¨ªa, tampoco est¨¢n constituidas las fianzas correspondientes. En torno al servicio de la gr¨²a, la investigaci¨®n policial destap¨® los negocios entre el empresario que explotaba ese servicio y los concejales del gobierno.

El informe de 2001 del interventor ya anticipaba las mismas irregularidades que desgranar¨ªa sobre 2002 y 2003. El interventor, en sus sucesivos informes, citaba a varios beneficiarios de operaciones urban¨ªsticas que acabar¨ªan engrosando el sumario de la Operaci¨®n Malaya.

- Tom¨¢s Olivo. A favor de este promotor se aprob¨® una operaci¨®n de venta de 17.000 metros cuadrados en San Pedro de Alc¨¢ntara. El interventor recuerda que se hizo sin ning¨²n procedimiento de licitaci¨®n o subasta.

- Jos¨¦ ?vila Rojas. Contrato concertado con su empresa Yambali 2000 en la que el interventor echa en falta la debida acreditaci¨®n por los servicios t¨¦cnicos municipales de los aspectos legales y de su valoraci¨®n.

- Emilio Rodr¨ªguez Bugallo. Su empresa, Construcciones Salamanca, recibi¨® un contrato sin constar el pronunciamiento de los t¨¦cnicos sobre sus aspectos legales o sobre la valoraci¨®n de los aprovechamientos urban¨ªsticos cedidos.

- Carlos S¨¢nchez Hern¨¢ndez. Beneficiario de un contrato sin informe de los servicios t¨¦cnicos de Arquitectura y Urbanismo.

- Rafael G¨®mez S¨¢nchez. Contrato con El Arenal 2000 sin informe urban¨ªstico ni de valoraci¨®n de los t¨¦cnicos.

- Letrados onerosos. El interventor tambi¨¦n ha recriminado, sin ¨¦xito, por considerarlo ilegal, el coste para las arcas municipales de la defensa de los miembros de la corporaci¨®n marbell¨ª en procesos penales, por entender que la jurisprudencia marca que son gastos privados. As¨ª, en febrero de 2001 cuestion¨® el pago -23 millones de pesetas y cinco millones mensuales- al letrado Jos¨¦ Mar¨ªa del Nido, acordado por el alcalde Juli¨¢n Mu?oz para responder al informe del Tribunal de Cuentas (1990 a 1999) en el proceso de enjuiciamiento subsiguiente. No s¨®lo le parec¨ªa excesivo su coste, ya que Del Nido se limit¨® a "refundir" los informes de los funcionarios municipales, sino que argument¨® que no se podr¨ªan utilizar sus servicios para atender responsabilidades personales de los concejales en las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

Tambi¨¦n considera el interventor irregular la contrataci¨®n con cargo a las arcas municipales del letrado Pablo Luna, sin que existiese acuerdo municipal alguno, para atender la defensa privada de algunos concejales.