Recuperar o corregir la memoria hist¨®rica

A ra¨ªz de la presentaci¨®n por parte del Gobierno espa?ol del proyecto de ley que sol¨ªa denominarse ley de recuperaci¨®n de la memoria hist¨®rica, se ha iniciado un debate en Espa?a en el que voces influyentes en la vida pol¨ªtica e intelectual del pa¨ªs se han opuesto a tal recuperaci¨®n bajo el argumento de que remover el pasado significa "abrir cicatrices ya cerradas", expresi¨®n ampliamente utilizada por personalidades de distintas sensibilidades pol¨ªticas, aun cuando las conservadoras han hecho de tal argumento su raz¨®n principal en su oposici¨®n al proyecto.

Este argumento asume que dichas cicatrices est¨¢n cerradas. Pero no existe evidencia de que lo est¨¦n. Homologar silencio con cicatrizaci¨®n es un error. De ah¨ª que las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, de que "se requiere una ley que cierre las heridas todav¨ªa abiertas en los espa?oles" sean muy acertadas y valiosas y el proyecto que el Gobierno espa?ol ha presentado sea muy urgente.

El proyecto, sin embargo, transmite en varias de sus propuestas un temor preocupante a ofender a los que cometieron atrocidades, la mayor¨ªa de las cuales fueron perpetradas por el bando vencedor de aquel conflicto. El art¨ªculo 7 del anteproyecto, por ejemplo, proh¨ªbe que se conozcan los nombres o instituciones responsables de tales actos. ?C¨®mo pueden reconocerse las deudas que se deben a las v¨ªctimas cuando se les niega el derecho de conocer y denunciar a aquellos que atropellaron sus derechos? Este proyecto de ley ignora la enorme generosidad que los representantes de los vencidos mostraron al aceptar la ley de Amnist¨ªa que se convirti¨® m¨¢s tarde en la ley de la amnesia.

Es profundamente injusto que ahora, cuando por fin se reconoce su existencia, se les pida a las v¨ªctimas que a cambio de tal reconocimiento se guarde un silencio sobre los que violaron sus derechos no cit¨¢ndoles en la denuncia de su sentencia.

Es m¨¢s, el proyecto pone la carga de mostrar su inocencia y conseguir su rehabilitaci¨®n ciudadana a las v¨ªctimas de los Consejos de Guerra, teniendo ¨¦stas que presentar la evidencia que muestre que su enjuiciamiento era injusto. Impl¨ªcito en este proceso es que tales tribunales pod¨ªan ser justos, puesto que se piden pruebas de que fueron injustos. En realidad, la ¨²nica f¨®rmula democr¨¢tica v¨¢lida es anular las sentencias de tales tribunales, publicando adem¨¢s los nombres de las personas que participaron en tales farsas jur¨ªdicas.

Pero los derechos de las v¨ªctimas quedan tambi¨¦n alterados cuando se niega la responsabilidad del Estado en la recuperaci¨®n de la memoria de los vencidos, corrigiendo el sesgo conservador existente en la memoria hist¨®rica hoy existente en Espa?a, consecuencia del gran dominio que las fuerzas conservadoras han tenido en los medios de comunicaci¨®n y persuasi¨®n de la dictadura y despu¨¦s (aunque en menor grado) durante la democracia posfranquista.

Es esta enorme influencia la que ha determinado un temor (que reproduce tambi¨¦n el proyecto de ley) de ofenderles. Ejemplo de este temor es que no ha habido ning¨²n documental televisivo (un cuarto de siglo despu¨¦s de establecerse la democracia) que haya mostrado la participaci¨®n de la Iglesia y del Ej¨¦rcito en la represi¨®n que tuvo lugar durante la dictadura. El argumento aducido por el anteproyecto de ley y reproducido en la editorial de EL PA?S V¨ªctimas por igual (29 de julio de 2006) de que "la recuperaci¨®n de la memoria hist¨®rica es responsabilidad de los historiadores" asume, no s¨®lo una visi¨®n reduccionista de lo que es la historia (equivalente a asumir que la pol¨ªtica es responsabilidad de los pol¨ªticos) sino que tambi¨¦n ignora que la memoria hist¨®rica existente en Espa?a (presentada en los libros de texto escolares, entre otros lugares) no presenta verazmente lo que fue la Segunda Rep¨²blica, el golpe fascista militar, o la dictadura.

La historia reciente de Espa?a la han hecho millones de espa?oles que tienen su propia memoria hist¨®rica, que ha sido transmitida a las siguientes generaciones a trav¨¦s de conversaciones, escritos, cantos, poemas y libros (algunos de ellos escritos por historiadores). En este aspecto la memoria hist¨®rica es mucho m¨¢s que el conocimiento producido por los historiadores. Los vencidos en la Guerra Civil y los que defendieron la democracia durante la dictadura no tuvieron los mismos medios a su alcance que los que tuvieron los vencedores y las autoridades del Estado franquista para transmitir su propia historia. De ah¨ª que sea responsabilidad del Estado democr¨¢tico el poner al alcance de los vencidos y de las fuerzas democr¨¢ticas que lucharon contra la dictadura los medios para recuperar su memoria hist¨®rica, transmitirla y corregir la existente, no s¨®lo a trav¨¦s de los libros de historia sino a trav¨¦s de instrumentos y forums populares e intelectuales donde se crea y reproduce la cultura democr¨¢tica.

En una sociedad democr¨¢tica es la sociedad, a trav¨¦s de sus representantes, la que no s¨®lo hace sino que tambi¨¦n escribe su historia. Desde este punto de vista, el Estado no puede inhibirse de esta responsabilidad puesto que es su misi¨®n -en representaci¨®n de la ciudadan¨ªa- la de definir los valores y la memoria hist¨®rica que la sustenta. En Espa?a, abdicar de esta responsabilidad es permitir la reproducci¨®n de la memoria hist¨®rica conservadora todav¨ªa existente, heredada del Estado franquista, una de las causas de la escasamente desarrollada cultura democr¨¢tica existente en Espa?a.

Es m¨¢s, tal inhibici¨®n lleva a un relativismo moral que conduce a una equidistancia en la responsabilidad de lo ocurrido, permitiendo que se denuncien o alaben ambos bandos del conflicto por igual, tal como aparece en el anteproyecto de ley que proh¨ªbe homenajear en edificios p¨²blicos a ninguno de los bandos, poniendo al mismo nivel a las dem¨®cratas y a los responsables de la dictadura. Tal equidistancia -ya realizada en otra ocasi¨®n en la que luchadores fascistas desfilaron al lado de luchadores por la democracia en el desfile militar del D¨ªa de las Fuerzas Armadas- es signo de incoherencia en un Estado democr¨¢tico que debiera sentirse heredero de los previos Estados democr¨¢ticos existentes en la historia de Espa?a, y homenajear a los que lucharon para que hoy existiera la democracia en nuestro pa¨ªs.

Vicen? Navarro es catedr¨¢tico de Ciencias Pol¨ªticas en la Universidad Pompeu Fabra.