El Tribunal de Cuentas investiga en Salou el cese de dos cargos que denunciaron recalificaciones

El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Salou (Tarragon¨¨s) por haber destituido de sus funciones al interventor y al tesorero municipal, quienes hab¨ªan alertado al equipo de gobierno de que varias recalificaciones urban¨ªsticas no se ajustaban, seg¨²n su criterio, a la legalidad. El tribunal, que es el encargado de fiscalizar la actuaci¨®n de las administraciones p¨²blicas, ha iniciado las diligencias previas para conocer del consistorio la justificaci¨®n del cese de empleo y sueldo del interventor, que a finales de mes cumplir¨¢ medio a?o de suspensi¨®n de empleo y tres meses sin sueldo.

El expediente sancionador contra el interventor lo inici¨® hace seis meses el propio alcalde de Salou, Esteve Ferran (independiente, bajo las siglas FUPS).

Uno de estos proyectos que a juicio de Juan Manuel Hern¨¢ndez, interventor, y Ram¨®n Ar¨®s, tesorero, eran irregulares es el de la construcci¨®n de un geri¨¢trico promovido, entre otros, por los propietarios del centro de atenci¨®n a la tercera edad que hay en el municipio. Entre los socios promotores figura la esposa del secretario municipal, Francisco Alijo.

El Ayuntamiento cedi¨® en febrero de 2005 una superficie de 8.894 metros cuadrados a una uni¨®n de empresas para edificar un geri¨¢trico que, sumando las plantas, no deb¨ªa superar los 9.500 metros cuadrados de edificabilildad. Durante el proceso de tramitaci¨®n, esa edificabilidad se ampli¨® hasta s 20.000 metros y se dej¨® la puerta abierta a la construcci¨®n de apartamentos o bungal¨®s para alquilarlos posteriormente a jubilados, seg¨²n advierten fuentes municipales.

El futuro geri¨¢trico se ubica en suelo municipal, que ha sido cedido por el consistorio a la empresa explotadora por 75 a?os, el tiempo m¨¢ximo que permite la ley. A cambio, los promotores deben abonar un alquiler de s¨®lo 9.000 euros anuales y han quedado eximidos de pagar la licencia de obras. Adem¨¢s el Ayuntamiento ha recalificado el actual geri¨¢trico, propiedad de parte de los promotores del nuevo, y permitir¨¢ construir viviendas en una zona de la instalaci¨®n.

Precios bajos

Juan Manuel Hern¨¢ndez alert¨® al equipo de gobierno de que la operaci¨®n de cesi¨®n del terreno a cambio de 9.000 euros anuales deb¨ªa justificarse por alguna raz¨®n mayor, ya que era un precio muy por debajo del de mercado y posibilitaba un enriquecimiento notable de los promotores.

La empresa que gestionar¨¢ el nuevo geri¨¢trico se llama Reus, Salut i Benestar, SL. Esta sociedad es el resultado de la fusi¨®n o cambio de nombre de varias empresas entre las cuales se encuentra STS Gesti¨® de Serveis Sociosanitaris y en la que figura como socia la esposa del secretario municipal.

El interventor tambi¨¦n se hab¨ªa mostrado contrario a la reforma en el ¨¢rea de Hacienda, que le apartaba de su cargo. Seg¨²n su denuncia ante los tribunales, esta ¨¢rea ha terminado con personas que no re¨²nen los requisitos necesarios ocupando cargos de responsabilidad en la gesti¨®n municipal. Otros proyectos a los que se opuso el responsable de fiscalizar las cuentas municipales fueron la concesi¨®n del transporte p¨²blico, adjudicada a la empresa autocares Plana, y de la gr¨²a municipal.

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que ha actuado con "transparencia y de acuerdo con la legalidad", y su concejal de Hacienda, Pere Granados, dice no tener constancia de la denuncia del Tribunal de Cuentas y a?ade que el consistorio responder¨¢ y "se defender¨¢" cuando conozca los detalles.

El Ayuntamiento abri¨® al tesorero municipal el mismo procedimiento sancionador que al interventor, aunque una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n¨²mero 2 de Tarragona de junio pasado fall¨® a favor del funcionario, dejando sin efecto su cese, y oblig¨® a pagar los costes del juicio al consistorio.

El interventor ha presentado su denuncia ante el mismo juzgado que el tesorero. En ella alega que el alcalde, que en las actas de los plenos municipales ha dejado clara en varias ocasiones su mala relaci¨®n personal, ha sido quien ha iniciado el expediente sancionador, aunque la normativa lo impide en los casos de enemistad manifiesta. El juez ha admitido la denuncia a tr¨¢mite y ha fijado para el pr¨®ximo enero la fecha de la vista. La Sindicatura de Cuentas, por su parte, tambi¨¦n ha recibido del interventor la denuncia de "presuntas irregularidades que no permiten el ejercicio de su labor interventora".

Fuentes de la oposici¨®n municipal se?alan que el acoso a estos empleados, que fueron apartados de los plenos y las comisiones, s¨®lo obedece a que con sus informes negativos dinamitaban proyectos urban¨ªsticos con los que se hab¨ªan de lucrar empresarios y particulares del entorno del equipo de gobierno, integrado mayoritariamente por ediles de FUPS, pero con CiU y el PP como socios.

El lunes, el pleno municipal votar¨¢ a puerta cerrada, a petici¨®n del alcalde, la suspensi¨®n definitiva del interventor y la sanci¨®n que le aplica. ?ste es el primer paso para inhabilitarle, aunque la decisi¨®n final pertenece a la Administraci¨®n central, de la que depende el funcionario.