?C¨®mo repartir la inversi¨®n p¨²blica?

La pregunta es antigua y la respuesta no es f¨¢cil. La elaboraci¨®n anual de los presupuestos p¨²blicos y las reformas de diferentes Estatutos de Autonom¨ªa han vuelto a situar este tema sobre la mesa de debate. En este contexto, muchas de las opiniones que se escuchan al respecto parecen emitirse desde posiciones un¨ªvocas y basadas en una simplista interpretaci¨®n del problema. Mi postura en este art¨ªculo es precisamente la contraria: al fijar las coordenadas de esta controversia uno observar¨¢ que se trata de un problema sin soluci¨®n t¨¦cnica y que la ¨²nica forma de resolver el dilema es apelar a criterios pol¨ªticos que, por otra parte, tambi¨¦n est¨¢n sujetos a restricciones m¨¢s fuertes que las habituales.

Pero vayamos por partes. El reparto geogr¨¢fico de la inversi¨®n p¨²blica (estatal, regional e incluso local) est¨¢ sujeta al mismo conflicto que cualquier pol¨ªtica p¨²blica: eficiencia versus equidad. Un gobierno enfrentado a la pregunta de d¨®nde invertir unos recursos escasos podr¨ªa seguir un criterio de equidad que, generalmente, utiliza un indicador con implicaciones solidarias: la renta per c¨¢pita. Este gobierno perseguir¨ªa el que todos los ciudadanos de un territorio disfrutasen de la misma capacidad econ¨®mica y, por consiguiente, invertir¨ªa m¨¢s en las zonas deprimidas, sobre el supuesto de que las infraestructuras p¨²blicas estimulan la actividad econ¨®mica. Una variante de este criterio de equidad vendr¨ªa dado por la poblaci¨®n: habr¨ªa que garantizar una misma dotaci¨®n de infraestructuras a todos los ciudadanos de un pa¨ªs, con independencia de su lugar de residencia. Ello suele identificarse tambi¨¦n con invertir en las zonas menos pr¨®speras dado que por s¨ª mismas disponen de menos recursos para la inversi¨®n. Ambas versiones de la equidad conducir¨ªan a invertir relativamente m¨¢s en regiones como Andaluc¨ªa.

Sin embargo, repartir la inversi¨®n p¨²blica sobre la base de criterios de eficiencia es una propuesta tan leg¨ªtima t¨¦cnicamente como la anterior. En este caso, el gobierno deber¨ªa beneficiar a aquellos territorios donde la escasez de infraestructuras en relaci¨®n a su PIB o capital privado fuese manifiesta. Precisamente los territorios m¨¢s ricos son los que suelen presentar peores ratios en estos terrenos y, por tanto, recibir¨ªan un montante de inversi¨®n p¨²blica superior. El lector ya habr¨¢ intuido que estar¨ªamos hablando de Catalu?a. Esta alternativa tiene una segunda derivada: la eficiencia significa que un kil¨®metro de autov¨ªa generar¨ªa m¨¢s renta en estas regiones relativamente mal dotadas en relaci¨®n a su PIB que en territorios m¨¢s pobres. Por consiguiente, se podr¨ªa argumentar a favor de este criterio indicando que la tarta nacional se ampl¨ªa m¨¢s invirtiendo en regiones ricas, y ello har¨ªa m¨¢s generosa la posterior solidaridad a favor de las pobres (v¨ªa impuestos, prestaciones sociales, financiaci¨®n auton¨®mica, etc.).

As¨ª quedar¨ªa planteado el dilema t¨¦cnico. Y la ¨²nica clave para resolverlo es apelar a la pol¨ªtica. En un mundo ideal, los partidos someter¨ªan al examen ciudadano sus men¨²s de eficiencia-equidad y las preferencias del votante mediano ser¨ªan las que dictar¨ªan la pol¨ªtica de inversiones p¨²blicas. Pero a nadie se le escapa que la realidad dista de este marco abstracto. ?Qu¨¦ ha ocurrido, pues, en la pr¨¢ctica con la distribuci¨®n territorial de la inversi¨®n p¨²blica en a?os anteriores?

Primero, se aprecia una cierta preeminencia del criterio de equidad sobre el de eficiencia en el reparto de la inversi¨®n p¨²blica estatal, que ha favorecido sin duda a las regiones m¨¢s desfavorecidas. Segundo, cuando se trata de analizar el patr¨®n seguido por los gobiernos auton¨®micos respecto a sus provincias, aparecen comportamientos m¨¢s heterog¨¦neos y no tan inclinados hacia la equidad, aunque en el caso particular de Andaluc¨ªa la Junta mantiene el perfil de invertir relativamente m¨¢s en las provincias m¨¢s pobres. Tercero, a nivel nacional, durante buena parte de las d¨¦cadas de 1980 y 1990, se detecta un esfuerzo diferencial por parte de los gobiernos centrales por invertir en aquellas provincias y regiones donde las diferencias electorales fueron m¨¢s estrechas, tratando de capturar al votante m¨¢s productivo. Y cuarto, las presiones de gobiernos regionales nacionalistas o del mismo color pol¨ªtico que el central, parecen tener sus frutos en t¨¦rminos de mayor inversi¨®n p¨²blica estatal en sus territorios.

En definitiva, el debate t¨¦cnico es complicado, tanto desde una perspectiva conceptual como aplicada. Pero la soluci¨®n pol¨ªtica est¨¢ sometida a tantas tensiones que, superando incluso al dilema entre eficiencia y equidad, provocar¨¢ que esta controversia nos acompa?e todav¨ªa durante bastante tiempo.

Diego Mart¨ªnez L¨®pez es profesor de la Universidad Pablo de Olavide y trabaja en Centro de Estudios Andaluces.