Las cuentas del catolicismo espa?ol
El Estado aporta 5.057 millones a las actividades de la Iglesia en Espa?a, de los que s¨®lo 150 millones proceden del IRPF
Se suele fijar la atenci¨®n en el fracaso del llamado impuesto religioso de 1987 para ponderar la taca?er¨ªa del cat¨®lico espa?ol para con su iglesia, indiscutible si se mira s¨®lo a la asignaci¨®n tributaria, pero relativa cuando se refiere al Estado, es decir, al conjunto de los espa?oles, sean religiosos o ateos, cat¨®licos o de otras religiones. As¨ª, a trav¨¦s de la administraci¨®n central, auton¨®mica y municipal, el Estado aporta cada a?o en torno a 5.057 millones a la Iglesia cat¨®lica en sus varias manifestaciones, seg¨²n las cifras aportadas por distintos organismos estatales. Es un dinero que sale de varios ministerios -Educaci¨®n, Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo, Asuntos Sociales- y de las entidades auton¨®micas y locales equivalentes.
S¨®lo para la educaci¨®n religiosa concertada el Estado entrega a esta confesi¨®n 3.200 millones
La Iglesia cat¨®lica espa?ola est¨¢ exenta de los principales impuestos estatales y municipales
La cifra de 5.057 millones incluye el ahorro que supone el para¨ªso fiscal en que se desarrolla la casi totalidad de sus actividades, calculado por expertos de Hacienda en unos 750 millones de euros.
Es en el campo de la ense?anza y en la asistencia social y de caridad donde las organizaciones cat¨®licas reciben m¨¢s dinero. Por ejemplo, en sueldos para unos 33.440 profesores de catolicismo, de los que unos 15.000 imparten doctrina en colegios p¨²blicos (517 millones de euros), o para pagar el sistema de conciertos educativos (3.200 millones, seg¨²n datos oficiales). Con motivo de la manifestaci¨®n de noviembre pasado contra la ley Org¨¢nica de Educaci¨®n (LOE), apoyada por los obispos con el argumento de que esa norma atentaba contra la ense?anza religiosa, el Gobierno cifr¨® en 3.000 millones esas subvenciones [ver EL PA?S del 12 de noviembre de 2005].
En los conciertos educativos se incluyen las subvenciones por m¨®dulo y las n¨®minas de los docentes, adem¨¢s de una partida para administraci¨®n de los centros. La actividad educativa de la Iglesia se resume en 2.376 centros concertados (el 80% del total de privados subvencionados), 1.368.237 alumnos y 80.959 profesores.
Respecto a la actividad social y caritativa del catolicismo, adem¨¢s de la diacon¨ªa C¨¢ritas Espa?ola, sus 67 delegaciones diocesanas y otras 10 C¨¢ritas auton¨®micas, destacan ONG como Manos Unidas, o entidades como las Hermanitas de los Ancianos Desamparados o las Hijas de la Caridad de San Vicente de Pa¨²l. Importante fuente de financiaci¨®n son tambi¨¦n los centros hospitalarios concertados (107); centros sociales como ambulatorios y dispensarios (128); casas de ancianos o discapacitados (876); orfanatos (937); guarder¨ªas (321); centros especiales de reeducaci¨®n (365) y "otros centros de caridad y sociales" (717).
Los obispos dicen, con mucha raz¨®n, que el Estado gastar¨ªa mucho m¨¢s si tuviera que atender por su cuenta a estas obligaciones educativas o asistencias, aunque los conciertos educativos les dan la posibilidad de difundir su ideario.
El Estado paga tambi¨¦n la n¨®mina de los capellanes hospitalarios (510 a tiempo completo y 297 a tiempo parcial), de los penitenciarios (130), m¨¢s los sueldos de los capellanes castrenses, a cuyo frente est¨¢ un arzobispo con grado de general de divisi¨®n. Cap¨ªtulo aparte son las ayudas directas a la Iglesia para el sostenimiento de su ingente patrimonio art¨ªstico e inmobiliario: 280 museos, 103 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. Las administraciones p¨²blicas gastaron el a?o pasado 200 millones de euros para obras de conservaci¨®n o reforma.
Varias organizaciones son propietarias, adem¨¢s, de siete universidades (Deusto, de los jesuitas; Navarra, del Opus; CEU , de la Asociaci¨®n de Propagandistas; pontificias de Comillas y Salamanca; diocesanas de Murcia y ?vila), y de 15 Facultades eclesi¨¢sticas, 41 centros teol¨®gicos, 11 colegios universitarios, 55 escuelas universitarias y 72 institutos superiores.
Este poder social y econ¨®mico, medido en fieles, curas y monjas, obispos y otras jerarqu¨ªas; en dinero, o en patrimonio inmobiliario; y en servicios educativos, sanitarios y de caridad, es incontable porque se nutre de complicados mecanismos de ingresos privados y de financiaciones p¨²blicas. Los obispos sostienen que la asignaci¨®n tributaria que reciben del Estado cada a?o no alcanza el 9% del presupuesto de su iglesia. Aluden s¨®lo a la financiaci¨®n directa fijada en los Presupuestos Generales del Estado -150 millones de euros el pr¨®ximo a?o-, e ingresada por el Ministerio de Hacienda en una cuenta de la Conferencia Episcopal para salarios de prelados y clero. Hasta ahora, Hacienda recauda una parte de la asignaci¨®n tributaria a trav¨¦s del IRPF de los declarantes cat¨®licos, y el resto lo entrega como dotaci¨®n extraordinaria graciosa. Este sistema data de 1988 y era transitorio, mientras los obispos encontraban en tres a?os (antes de 1991) mecanismos de autofinanciaci¨®n. En cambio, el Gobierno socialista acord¨® la semana pasada elevar a definitivo el viejo sistema de asignaci¨®n tributaria, no sin antes incrementar por encima del 34% el porcentaje de dicha asignaci¨®n (ahora, el 0,5239; en el futuro el 0,70% de la cuota ¨ªntegra de cada IRPF asignado a esa iglesia).
A este sistema se le llama impropiamente impuesto religioso. La realidad es que el cat¨®lico no a?ade ni un euro de su bolsillo en el IRPF. Es Hacienda quien lo resta de los ingresos p¨²blicos totales, a petici¨®n de un creyente que, con ese mecanismo, aporta el 99,3% de su cuota fiscal, no el 100% como el resto de los espa?oles. Estos dineros apenas suponen el chocolate del loro de todo lo que el Estado aporta a esta poderos¨ªsima potencia religiosa, que lo es tambi¨¦n econ¨®mica, educativa e, incluso, inmobiliaria, por delante, con creces, de cualquier otra organizaci¨®n, si exceptuamos al Estado.adem¨¢s un ingente patrimonio inmobiliario.
Obispos en el para¨ªso fiscal
Comprometidos por el Concordato de 1953, vigente hasta 1979 y a¨²n hoy en algunos aspectos, los obispos rezaban entonces, en cada misa, por la salud de Franco. A cambio, la dictadura nacionalcat¨®lica reconoc¨ªa a la Iglesia cat¨®lica su car¨¢cter de "sociedad perfecta" y de "¨²nica religi¨®n de la Naci¨®n"; le aseguraba "una congrua dotaci¨®n" para el clero y el culto, y se compromet¨ªa a financiar "la construcci¨®n de templos parroquiales y rectorales y seminarios..."¡¤ El BOE de 19 de octubre de 1953 public¨® dicho Concordato con este encabezamiento: "En el nombre de la Sant¨ªsima Trinidad".
Ese concordato fue reformado en 1976 -para que el Jefe de Estado renunciase a intervenir en el nombramiento de obispos-, y en 1979, con tres llamados "acuerdos" sobre asuntos jur¨ªdicos, econ¨®micos y culturales/educativos. El negociador ante Roma fue el entonces ministro de Exteriores Marcelino Oreja, democristiano y miembro muy activo de la Asociaci¨®n Cat¨®lica de Propagandistas (ACdP).
Por lo que toca a los asuntos econ¨®micos, las diferencias del acuerdo de 1979 con el Concordato de 1953 son escasas en el fondo, pese a las apariencias de forma. El Estado se compromete de nuevo a financiar a la Iglesia cat¨®lica "por el procedimiento t¨¦cnicamente m¨¢s adecuado"; la libera de los principales impuestos ("exenci¨®n total y permanentemente" de la contribuci¨®n territorial urbana; de los impuestos reales o de producto sobre rentas y patrimonios; de los impuestos de sucesi¨®n, donaciones y transmisiones patrimoniales; de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia, etc¨¦tera); y s¨®lo de manera ret¨®rica requiere del episcopado el compromiso de autofinanciarse en un futuro que no se determina. Dice el punto 5 del art¨ªculo II de acuerdo: "La Iglesia cat¨®lica declara su prop¨®sito de lograr por s¨ª misma los recursos suficientes para la atenci¨®n de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este prop¨®sito, ambas partes se pondr¨¢n de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboraci¨®n financiera expresada en los p¨¢rrafos anteriores de este art¨ªculo, por otras formas de colaboraci¨®n econ¨®mica entre la Iglesia cat¨®lica y el Estado".
La decisi¨®n del Gobierno socialista, hace una semana, de incrementar por encima del 34% la asignaci¨®n tributaria de Hacienda al episcopado a partir de 2007, adem¨¢s de manera indefinida, desprecia este compromiso de autofinanciaci¨®n. Ello ocurre pese a que la vicepresidenta del Ejecutivo, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, y los ministros de Justicia y de Trabajo se hab¨ªan comprometido p¨²blicamente a acabar con el actual sistema, o a reducirlo dr¨¢sticamente.
"Hemos llegado a un punto donde las aportaciones del Estado a la Iglesia cat¨®lica, que han ido a m¨¢s cada a?o, tendr¨¢n que ir a menos", dijo la vicepresidenta el 14 de noviembre de 2005. El ministro de Trabajo, Jes¨²s Caldera, el 22 de julio de 2004, fue m¨¢s lejos. Sentenci¨®: "Que el Estado financie a esta confesi¨®n religiosa se tendr¨¢ que acabar alg¨²n d¨ªa".
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