Sobredosis de ladrillo en Albaida

El cambio de un art¨ªculo y la firma de un convenio han revolucionado el panorama urban¨ªstico de Albaida. La poblaci¨®n acord¨® por consenso hace tres a?os que el suelo urbanizable del municipio crecer¨ªa en los pr¨®ximos 25 o 30 a?os (la esperanza de vida del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana, el PGOU) 110.000 metros cuadrados. El actual alcalde, Juan Jos¨¦ Beneyto, del PP, sin embargo, decidi¨® en mayo aceptar la oferta de una empresa para comenzar a urbanizar de inmediato 2,1 millones de metros cuadrados. Espacio de sobra para alojar un campo de golf, un macrocomplejo para la tercera edad y cerca de 1.500 nuevas viviendas. En cinco a?os, la poblaci¨®n de Albaida crecer¨¢ un 75%; pasar¨¢ de 6.000 a 10.500 habitantes. La Consejer¨ªa de Territorio acaba de darle su bendici¨®n.

Los socialistas creen que puede haber prevaricaci¨®n por el pago al Ayuntamiento

La oposici¨®n rechaza el Programa de Actuaci¨®n Integrada (PAI). Y el Gobierno ha recurrido el convenio firmado por el Ayuntamiento y la empresa Alter S.A. para llevarlo a cabo. El brusco incremento demogr¨¢fico que conllevar¨¢ es s¨®lo uno de los argumentos sostenidos por el PSPV y el Bloc contra el plan del alcalde Beneyto. Consideran, adem¨¢s, que la modificaci¨®n, a ¨²ltima hora, de un art¨ªculo del PGOU (el 1.3 de las directrices generales) abre la puerta a la urbanizaci¨®n de todo el t¨¦rmino municipal. Nada menos que 35 kil¨®metros cuadrados. Ven tambi¨¦n irregularidades administrativas y un posible delito en el acuerdo municipal con Alter S.A. El mismo que ha recurrido el abogado del Estado.

Para entender la importancia del art¨ªculo 1.3 hay que retroceder al a?o 2002. El Ayuntamiento, gobernado por los socialistas, aprob¨® a finales de aquel a?o un PGOU provisional, pactado por los tres partidos y el foro ciudadano de la Agenda Local 21. El 1.3 dec¨ªa entonces: "En aras a un criterio de sostenibilidad ecol¨®gica, no se permitir¨¢ la creaci¨®n y desarrollo de nuevas zonas urbanizables, en tanto en cuanto no se fueran consolidando las aqu¨ª clasificadas".

En mayo de 2003 el PP llega al poder. En septiembre del mismo a?o la Consejer¨ªa de Territorio toma una decisi¨®n que puede parecer sorprendente; resuelve no elevar al pleno de la comisi¨®n territorial de urbanismo la aprobaci¨®n del PGOU de Albaida. Lo que equivale a paralizarlo.

Pasa un a?o, entre tr¨¢mites. Pasan dos. Despu¨¦s de muchos rumores, el alcalde aprueba, en febrero de 2006, un decreto por el que el Ayuntamiento toma en consideraci¨®n un PAI propuesto por Alter S.A., que pretende urbanizar 20 veces m¨¢s metros cuadrados (de suelo no urbanizable) de lo que el PGOU, aprobado provisionalmente en 2002, preve¨ªa reclasificar en 25 a?os.

El art¨ªculo 1.3. de las directrices generales es modificado. Sigue diciendo: "En aras a un criterio de sostenibilidad ecol¨®gica, no se permitir¨¢ la creaci¨®n y desarrollo de nuevas zonas urbanizables, en tanto en cuanto no se fueran consolidando las aqu¨ª clasificadas". Pero a continuaci¨®n a?ade: "No obstante, sobre suelo no urbanizable com¨²n se podr¨¢n admitir actuaciones singulares de recalificaci¨®n a urbanizable, que respondan al inter¨¦s general y garanticen su adecuada integraci¨®n territorial".

El alcalde Beneyto, sin embargo, no se conforma con incluir una gen¨¦rica excepci¨®n a la norma. El 19 de mayo aprueba el nuevo PGOU, las bases generales para la adjudicaci¨®n de los PAI y el convenio urban¨ªstico presentado por Alter S.A. Para entonces, adem¨¢s, el 1.3 ha registrado su tercera y ¨²ltima modificaci¨®n. Beneyto ha ordenado, por escrito, que se elimine del segundo p¨¢rrafo el adjetivo "com¨²n", referido al suelo no urbanizable.

El cambio no es menor. El suelo no urbanizable "com¨²n" es aquel que no est¨¢ sujeto a una protecci¨®n especial. Una vez eliminado el adjetivo, resulta que el Ayuntamiento puede decidir la urbanizaci¨®n de todo el suelo no urbanizable del t¨¦rmino municipal, incluido el protegido, con s¨®lo invocar el vago principio del "inter¨¦s general".

Las sombras que arroja la operaci¨®n no se agotan ah¨ª. La subdelegaci¨®n del Gobierno recurri¨® en junio el acuerdo con Alter S.A., por considerar que, al tratarse de un convenio, deber¨ªa haber salido a concurso p¨²blico. Todav¨ªa m¨¢s. La empresa propuso al Ayuntamiento pagarle 1,5 millones de euros a cambio de la reclasificaci¨®n de los terrenos. Y el 1 de junio le entreg¨® los primeros 600.000 euros por haber procedido a la exposici¨®n p¨²blica del proyecto. El concejal socialista Josep Bod¨ª y el resto de su grupo estudian si ello puede considerarse un delito de prevaricaci¨®n, ya que el plan todav¨ªa no ha sido definitivamente aprobado.

El alcalde Beneyto siempre ha defendido las bondades de un PAI que, afirma, crear¨¢ 1.500 empleos y llevar¨¢ hasta 10 millones de euros a las arcas municipales por licencias de obra y permisos.

El PGOU fue aprobado el 31 de julio por la consejer¨ªa de Territorio. Y el 5 de septiembre apareci¨® publicado en el Bolet¨ªn Oficial de la Provincia.