El fiscal pide 8 a?os de c¨¢rcel por el vertido de 14.000 toneladas de t¨®xicos en Castell¨®n
Intal arroj¨® los residuos en Oropesa, Almassora, Vila-real y Xilxes en 1996
El vertido de 14.000 toneladas de residuos t¨®xicos en los a?os noventa en Oropesa, Almassora, Vila-real y Xilxes lleg¨® ayer a juicio. En el banquillo de la Audiencia de Castell¨®n se sentaron representantes de la refiner¨ªa de aluminio Intal, que gener¨® los residuos; de la empresa que los transport¨® desde Catalu?a, y los gestores de los vertederos que admitieron los restos. El fiscal pide para los cinco acusados ocho a?os de prisi¨®n. El administrador de Intal, Carlos Barrachina, asegur¨® que los vertidos no eran peligrosos y eran conocidos por la Generalitat, que exigi¨® luego su retirada.
Cuesti¨®n de dinero
El traslado de los residuos de Intal a Castell¨®n costaba la mitad que el traslado al vertedero designado por la Generalitat de Catalu?a como id¨®neo, en Hostalets de Pierola, seg¨²n dijo ayer el fiscal del caso. Mientras que el coste hasta Castell¨®n era de 0,012 a 0,018 euros por kilogramo, en el caso de trasladarse al lugar autorizado, el precio oscilaba entre 0,028 y 0,054 euros, que se aplicaba a los miles de toneladas que se transportaban. En este sentido, interrog¨® al representante de la empresa, al que pegunt¨® si conoc¨ªa la cantidad de dinero que se hab¨ªa ahorrado con la designaci¨®n del nuevo destino.
El empresario indic¨® que se trataba de una cuesti¨®n de "competitividad" y reiter¨® que los precios que se pagaban en Hostalets de Pierola eran "abusivos", y no por la seguridad que aportaban, sino porque "hab¨ªa intereses econ¨®micos de familiares de pol¨ªticos de Catalu?a".
Sobre el procedimiento pesa el coste de la limpieza de las zonas afectadas, sobre todo en la Rambla de la Viuda, que ascendi¨® a 1,4 millones de euros de los que, seg¨²n el fiscal y la acusaci¨®n, las mercantiles de los acusados s¨®lo sufragaron alrededor de 190.000 euros. El resto corri¨® a cargo de las arcas p¨²blicas de la Generalitat en un momento en el que la aparici¨®n de los vertidos provoc¨® una gran pol¨¦mica, la queja de partidos de la oposici¨®n y vecinos y la promesa del Consell de una soluci¨®n.
As¨ª, entre otros, est¨¢n llamados a declarar los ex consejeros de Medio Ambiente Jos¨¦ Manuel Castell¨¤ y Fernando Modrego, el ex presidente de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car Jos¨¦ Manuel Aragon¨¦s, el actual director territorial de Territorio, Jorge Traver, y el alcalde de Oropesa, Rafael Albert. Entre otras cosas, ¨¦stos habr¨¢n de responder sobre el sistema con el que se realizaron las tomas de muestras de los vertidos, que ayer provocaron que las defensas de los acusados solicitar¨¢n la nulidad de las mismas.
La Audiencia de Castell¨®n, que juzga desde ayer el caso, desestim¨® la solicitud que, de haberse aceptado, hubiera supuesto la nulidad en cadena de todas las pruebas que se derivaron de la recogida de estas muestras, as¨ª como de la citaci¨®n de los peritos y testigos que participaron en la toma y an¨¢lisis de las mismas.
La firma retir¨® los restos de aluminio tras un acuerdo con la Generalitat en 2002
La Generalitat valenciana detect¨® en 1996 a partir de una denuncia vecinal la presencia, en varios municipios de Castell¨®n de residuos procedentes de una empresa catalana dedicada a la refiner¨ªa de aluminio, Intal. Los residuos, seg¨²n la calificaci¨®n de la Junta de Residuos de Catalu?a, eran peligrosos y precisaban de unas caracter¨ªsticas especiales para su vertido. La empresa consider¨® demasiado cara su eliminaci¨®n en un vertedero catal¨¢n y los envi¨® a Castell¨®n, donde fueron repartidos en distintos basureros, y en el caso de Almassora incluso en un cauce, la rambla de la Viuda. La Polic¨ªa Auton¨®mica abri¨® una investigaci¨®n que deriv¨® en una causa judicial, mientras que la Generalitat expedient¨® a Intal y negoci¨® en 2002 la retirada de los residuos t¨®xicos. El Consell cifr¨® en 65.000 toneladas estos restos, pero la causa judicial los reduce a algo m¨¢s de 14.000.
Ayer, la Audiencia de Castell¨®n fue escenario del inicio del juicio al representante de la empresa Intal, Carlos Barrachina, y a los de la empresa de transporte Cotravi, Jos¨¦ Antonio P¨¦rez y Tom¨¢s Mu?oz, y de los gestores de los vertederos que dieron cobijo a los residuos en Oropesa, Almassora, Vila-real y Xilxes, Jos¨¦ Rubert y Manuel Beltr¨¢n . El fiscal solicit¨®, para cada uno de ellos, un total de ocho a?os de prisi¨®n por un delito continuado contra el medio ambiente y un delito continuado de da?os. La acusaci¨®n particular, que representa la Generalitat, elev¨® la petici¨®n a m¨¢s de 9 a?os, mientras que las defensas pidieron la absoluci¨®n.
El fiscal, en su escrito de acusaci¨®n, considera que, por una cuesti¨®n econ¨®mica, Intal decidi¨® trasladar sus residuos a Castell¨®n a trav¨¦s de la empresa Cotravi, "a pesar de que esta empresa no ten¨ªa autorizaci¨®n para el transporte de residuos t¨®xicos y peligrosos". Pese a ello, el traslado se realiz¨® a trav¨¦s de esta empresa, despu¨¦s de localizar a dos gestores de vertederos que "no ten¨ªan licencia y mucho menos los ten¨ªan acondicionados para recibir vertidos de las caracter¨ªsticas de los residuos emanados por Intal".
Los terrenos escogidos para su dep¨®sito eran propiedad de los mismos gestores de vertederos, en algunos casos, mientras que en otros los titulares de los terrenos desconoc¨ªan el uso que se estaba dando a sus propiedades, seg¨²n el fiscal. El mismo escrito sostiene, adem¨¢s de que los gestores carec¨ªan de autorizaci¨®n para este tipo de vertidos, que "los terrenos no estaban habilitados para que el vertido se produjera en condiciones de seguridad y, por las caracter¨ªsticas de los mismos, hab¨ªa un peligro potencial de contaminaci¨®n de las aguas subterr¨¢neas, debido a la toxicidad de los productos". En total, seg¨²n el escrito, se ha podido certificar el vertido de m¨¢s de 14.000 toneladas entre 1993 y 1996. Unos residuos que, seg¨²n el fiscal, tienen la caracter¨ªstica de peligrosos, ya que pueden derivar en un producto de lixiviaci¨®n potencialmente cancer¨ªgeno, corrosivo, infeccioso, nocivo, t¨®xico y mutag¨¦nico, por lo que requieren su dep¨®sito en suelo especialmente acondicionado o en balsas de seguridad.
Durante la ma?ana de ayer ¨²nicamente fue interrogado el representante de Intal quien, en todo momento, sostuvo que los residuos de su empresa no eran t¨®xicos, sino ¨²nicamente salinos. Tambi¨¦n mantuvo que s¨®lo conoc¨ªa los vertidos realizados en Almassora y Oropesa. El empresario asegur¨® que el cambio de calificaci¨®n del tipo de residuos decretado por la Generalitat de Catalu?a se debi¨® ¨²nicamente al inter¨¦s de esa administraci¨®n por que los residuos fueran a un vertedero en concreto, en cuyo accionariado, seg¨²n sostuvo, hab¨ªa familiares de pol¨ªticos.
Barrachina tambi¨¦n afirm¨® que remit¨ªa a la empresa de transportes el resultado de los an¨¢lisis hechos a los residuos, y que Cotravi a su vez los entregaba al Seprona y la Generalitat valenciana, por lo que ¨¦sta, seg¨²n su versi¨®n, conoc¨ªa los vertidos. Adem¨¢s, calific¨® de "cuesti¨®n pol¨ªtica" la firma del acuerdo al que se lleg¨® con la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, presidida entonces por Jos¨¦ Manuel Castell¨¤, de Uni¨®n Valenciana, para la retirada de los residuos. Este acuerdo se rompi¨® porque, seg¨²n el representante de Intal, les obligaron a asumir los residuos de su empresa y otros que se hallaron en la zona a limpiar.
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