M¨¦xico, consolidar la legitimidad

El nuevo Gobierno de Felipe Calder¨®n afrontar¨¢ desaf¨ªos de cuya soluci¨®n exitosa depender¨¢ la homologaci¨®n de la reci¨¦n ganada legitimidad de origen con la todav¨ªa m¨¢s compleja legitimidad de gesti¨®n. Para alcanzar ¨¦sta, se requiere de un audaz y profundo ejercicio de innovaci¨®n pol¨ªtica. La dificultad no deviene de una oposici¨®n activa y fortalecida. Las mayores resistencias provendr¨¢n de las inercias de un arreglo pol¨ªtico anticuado y poco proclive a la cooperaci¨®n entre poderes y ¨®rdenes de gobierno. La estructura presidencial no se ha reformado y prevalece una tradici¨®n que inhibe la participaci¨®n social y deja en las autoridades la responsabilidad ¨²nica del poder.

Es preciso trascender el periodo electoral; los comicios recientes muestran el costo de no haber continuado con el impulso reformador del pasado; mucho de lo que ahora se impugna -la debilidad del Instituto Federal Electoral y el intervencionismo presidencial y de terceros- pudo ser evitado. La ausencia de normas no invalida lo alcanzado, tampoco anula los resultados electorales pasados o recientes. La tarea es recuperar la capacidad de cambio a partir del nuevo equilibrio pol¨ªtico que el voto democr¨¢tico ha definido.

Es imperativo aceptar las nuevas expresiones del pluralismo democr¨¢tico, aceptaci¨®n que debe pasar por todos, aun cuando las condiciones de la contienda sean apreciadas insatisfactorias. En pol¨ªtica se avanza a partir de la realidad. Mala conseja la que deviene del agravio. No se puede andar el futuro con la vista vuelta atr¨¢s.

?Qu¨¦ debe hacer quien gan¨®? ?Declinar y conceder la raz¨®n de la ley y de los n¨²meros frente a una opinable raz¨®n moral asumidamente superior por sus propios beneficiarios? ?Construir una alianza que reduzca a su m¨ªnima expresi¨®n al adversario, como ocurri¨® con el FDN despu¨¦s de las elecciones de 1988? Ninguna de ¨¦stas. M¨¢s all¨¢ del derecho a gobernar de quien triunf¨®, y de construir las bases del consenso social o parlamentario en torno a su propio programa, es ineludible el acuerdo con todas las fuerzas pol¨ªticas para hacer realidad el cambio que d¨¦ garant¨ªas a todos sobre comicios justos.

La reconciliaci¨®n involucra a todos. Tambi¨¦n a los ciudadanos de a pie. Para ello es necesario reformar las instituciones, no s¨®lo las electorales, sino tambi¨¦n las que inciden en la calidad de gobierno. Los cambios deben dar lugar a reglas que ofrezcan comicios confiables y equitativos; tambi¨¦n, para que quien gobierne tenga los medios y los instrumentos que le permitan cumplir con la responsabilidad que el voto determina.

La dimensi¨®n extra institucional de la reconciliaci¨®n consumir¨¢ mucha energ¨ªa y tiempo, estar¨¢ salpicada de momentos miserables para quienes carezcan de piel dura y ¨¢nimo perseverante. Cualquier resultado ser¨¢ raqu¨ªtico si no se afianza en la legitimidad de gesti¨®n de un Gobierno eficaz y sensible. La mejor reconciliaci¨®n es un buen Gobierno, y ¨¦ste se alcanzar¨¢ mediante una nueva institucionalidad que reconcilie democracia y eficacia, responsabilidad y libertad, progreso y bienestar social.

Por ahora se requiere tener claridad sobre la transformaci¨®n. Su prop¨®sito: la creaci¨®n de incentivos que propicien la colaboraci¨®n entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que vale para aqu¨¦l, debe valer para ¨¦ste: transparencia, rendici¨®n de cuentas y posibilidad de contrapesos democr¨¢ticos. Asimismo, en la ley deben definirse las f¨®rmulas de soluci¨®n para el desencuentro entre los poderes, sobre la base de una gobernabilidad democr¨¢tica en un sistema presidencial.

Es necesario establecer un r¨¦gimen eficaz de rendici¨®n de cuentas de los legisladores y la obligaci¨®n del Congreso de dictaminar perentoriamente todas las iniciativas del presidente. Debe suprimirse el anonimato sobre el trabajo de los legisladores. El desconocimiento de la conducta de las fracciones parlamentarias favorece la impunidad por la v¨ªa de la inmunidad. La regulaci¨®n del cabildeo y la determinaci¨®n de los alcances de las actividades remuneradas de los legisladores son necesarias para salvaguardar la integridad del Poder Legislativo.

Los partidos deben someterse al orden democr¨¢tico. Su privilegiado lugar en el juego electoral, parlamentario y pol¨ªtico no se coteja con sus obligaciones. Sus dirigencias y candidatos deben estar sujetos tambi¨¦n a un r¨¦gimen efectivo de rendici¨®n de cuentas, de escrutinio institucional y social y de sanci¨®n. La certeza de derechos de los militantes de los partidos es la mejor base para modernizar y transformar a las organizaciones pol¨ªticas y crear condiciones que favorezcan la responsabilidad y la libertad de los miembros de los partidos, especialmente los legisladores.

La presidencia es la instituci¨®n eje del r¨¦gimen de gobierno; el cambio democr¨¢tico la ha acotado, pero no le ha dado eficacia. En el prop¨®sito de resolver el desencuentro con el Legislativo es un error el intento de parlamentarizar al Poder Ejecutivo, s¨®lo conllevar¨ªa a debilitar a¨²n m¨¢s el reducido margen de maniobra del presidente. Debe fortalecerse la capacidad de la presidencia para conducir y dirigir al gabinete, as¨ª como para actuar ante el Poder Legislativo. Para ello debiera trasladarse a la presidencia la elaboraci¨®n del proyecto de gasto p¨²blico y la ley de ingresos, as¨ª como la negociaci¨®n con la C¨¢mara y el Congreso. Hay que prever los alcances del veto presidencial y la soluci¨®n en el supuesto de que la aprobaci¨®n en la materia no sea de satisfacci¨®n del Ejecutivo.

El proyecto de modernizaci¨®n de la presidencia debe incluir la comunicaci¨®n personal e institucional del presidente, la creaci¨®n de oficinas t¨¦cnicas de apoyo al mandatario en materia de presupuesto, seguridad nacional y programas estrat¨¦gicos del Estado mexicano.

La agenda es vasta y diversa. Su responsabilidad primaria, no ¨²nica, descansa en el nuevo mandatario. Importa su contenido, al igual que la destreza para instrumentarla. Se trata de una tarea compartida con otros poderes, ¨®rdenes de gobierno y partidos pol¨ªticos. Significativo que el consenso de inicio, m¨¢s all¨¢ de las diferencias propias de la rica pluralidad, sea recuperar la capacidad de cambio.

Li¨¦bano S¨¢enz es autor de La presidencia moderna (Taurus, 2006). Este art¨ªculo se public¨® tambi¨¦n en El Universal de M¨¦xico.