El juez deja en libertad a 16 de los 19 imputados en el caso del Puerto de Bilbao

La operaci¨®n policial contra el sistema irregular del transporte de mercanc¨ªas por carretera en el Puerto de Bilbao termin¨® ayer por desinflarse. A la ¨²ltima hora de la tarde quedaban por declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo s¨®lo dos los 19 detenidos inicialmente en el caso. El resto qued¨® libre sin ninguna medida cautelar, como la imposici¨®n de fianzas, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n. Los m¨¢ximos dirigentes de la patronal de consignatarios y estibadores, dos de los empresarios que estuvieron detenidos, se pronunciar¨¢n hoy sobre lo ocurrido.

A ¨²ltima hora de tarde s¨®lo faltaban por prestar declaraci¨®n dos dirigentes de Sintrabi -el sindicato al que est¨¢n afiliados 800 de los 1.200 camioneros aut¨®nomos que trabajan en exclusiva en el Puerto de Bilbao-: el presidente Felipe Ampudia y el secretario general Juan Carlos Fullana. Juan Antonio Mendizabal, m¨¢ximo responsable de la empresa comercializadora de transporte de contenedores CB Bilbao, qued¨® en libertad sin fianza poco antes.

Despu¨¦s de que el lunes el juez decidiera dejar en libertad sin medidas cuatelares a diez de los imputados, ayer siguieron el mismo camino otros siete. Al final, la lista de los llamados a declarar es de 19, porque a los 18 arrestados por la Ertzaintza a lo largo del viernes -cuando se inici¨® el operativo policial- se sum¨® otro empresario que estaba en el extranjero y compareci¨® voluntariamente en la Audiencia Nacional. Se les acusa de los delitos de extorsi¨®n, asociaci¨®n il¨ªcita y coacciones y amenazas por fijar de forma irregular el reparto de las cargas y los precios del transporte de mercanc¨ªas por carretera en el Puerto de Bilbao.

Normalidad

La aparatosidad de la operaci¨®n se ha desvanecido con las declaraciones. Todos los que hab¨ªan declarado hasta media tarde ayer ante el Juzgado central n¨²mero 6 de la Audiencia Nacional han quedado en libertad sin medidas cautelares, entre ellos los directivos de las principales compa?¨ªas que operan en el Puerto: Miguel Aguirre, presidente de la patronal de empresas estibadoras y consignatarias y consejero delegado de la firma Mar¨ªtima Candina, y el vicepresidente Jos¨¦ Mar¨ªa Egurrola, que es adem¨¢s director de TMB, una de las dos terminales de contenedores que operan en el recinto portuario bilba¨ªno. Fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n se?alaron que los dos miembros de Sintrabi y el responsable de la empresa CB eran los que, en principio, aparecen con m¨¢s implicaci¨®n en los hechos, por lo que el juez retras¨® hasta el final su toma de declaraci¨®n.

La asociaci¨®n de estibadores y consignatarias se re¨²ne hoy para analizar lo ocurrido y sus directivos comparecer¨¢n posteriormente ante los medios de comunicaci¨®n.

La actividad en el Puerto de Bilbao se desarroll¨® con normalidad salvo en el transporte de los contenedores. Fuentes portuarias cifraron el paro en 700 transportistas de los cerca de 850 que trabajan en este sector, fundamentalmente porque las empresas que les encargaban los portes no lo hicieron. Se espera que, con la libertad de empresarios y camiones, el trabajo vuelva a realizarse en las condiciones habituales. Las investigaciones para desarrollar esta operaci¨®n se iniciaron hace un a?o y eran un ampliaci¨®n de las que emprendi¨® la Ertzaintza en 2005 tras una denuncia del Gobierno vasco sobre la falta de libre competencia en el Puerto.

Desde 1994 funciona un sistema cerrado controlado por Sintrabi y un grupo de empresas que obliga a las consigna tarias a trabajar con los transportistas que se les asigna. A su vez, el transporte de cargas se restringe a los camioneros que est¨¢n dentro del sistema. La compra de licencias para acceder a las cargas llega a alcanzar ahora los 84.000 euros por cami¨®n, 24.000 m¨¢s que hace tres a?os. La operaci¨®n judicial, que anteriormente ya estuvo en un juzgado de Barakaldo que ni siquiera lleg¨® a tomar declaraci¨®n a la c¨²pula de Sintrabi, a la que la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior vasco les acus¨® de los delitos de asociaci¨®n il¨ªcita y contra la libre competencia.

Se ha producido en un momento en que las instituciones, empresas, entidades y transportistas trataban de llegar a una soluci¨®n pactada. Desde hace dos a?os funciona una Mesa de la Competitividad, cuya pr¨®xima reuni¨®n estaba convocada para hoy pero se ha retrasado hasta dentro de dos semanas por las detenciones. Adem¨¢s, funciona una comisi¨®n de trabajo sobre el conflicto del transporte, que se ha reunido once veces en nueve meses pero sin ning¨²n tipo de avance. Esta comisi¨®n est¨¢ liderada por el llamado Observador, nombrado para buscar soluciones.