Urbanismo: ?qui¨¦n?, ?d¨®nde?, ?cu¨¢nto? y ?c¨®mo?

800.000. Este es el n¨²mero de viviendas construidas en Espa?a en 2005. Esta cifra es equiparable a todas las viviendas que se han construido en el mismo a?o en Alemania, Francia y Reino Unido y m¨¢s de dos veces superior al n¨²mero de hogares que se crean en nuestro pa¨ªs. Es decir, la oferta de viviendas nuevas es mucho mayor que el indicador de demanda de vivienda de primera residencia.

Se construyen viviendas que se adquieren como inversi¨®n y quedan vac¨ªas y viviendas de segunda residencia que presionan sobre nuestro litoral, mientras una parte importante de la poblaci¨®n sigue sin poder acceder a una vivienda habitual. Adem¨¢s, las viviendas se construyen conforme a un modelo urban¨ªstico de ocupaci¨®n de nuestro territorio que resulta no s¨®lo insostenible sino tambi¨¦n insoportable.

No se trata de frenar la actividad constructora, sino de orientar y ordenar su crecimiento

Los propietarios y los promotores privados son los que deciden c¨®mo y cu¨¢ndo se urbaniza

No es posible un cambio de rumbo sin la voluntad pol¨ªtica de todas las administraciones

Dicho modelo urban¨ªstico es consecuencia, en gran parte, de la vigente Ley del Suelo del Gobierno anterior del PP, que califica todo el terreno r¨²stico de urbanizable y, por tanto, edificable (salvo el especialmente protegido), y que establece un r¨¦gimen legal de valoraci¨®n del suelo, ¨²nico en el derecho europeo, que favorece y fomenta la especulaci¨®n. Esta afirmaci¨®n no es un juicio de valor sino una evidencia emp¨ªrica.

El suelo se valora legalmente por el beneficio potencial del negocio inmobiliario, anticipado al momento de la reclasificaci¨®n del terreno. Una idea de lo que esto significa nos la da la siguiente realidad: un suelo r¨²stico que vale 3 euros por metro cuadrado, se convierte en 60 euros por metro cuadrado si se reclasifica para hacer una promoci¨®n de viviendas protegidas -las que menos plusval¨ªas generan-. Es decir, el propietario del terreno obtiene un beneficio del 2.000% por cada metro cuadrado sin que haya invertido ni arriesgado nada. No existe nada parecido en ning¨²n otro negocio y si no que se lo pregunten a los empresarios que crean riqueza d¨ªa a d¨ªa en nuestro pa¨ªs.

Por tanto, creo que la situaci¨®n y el proceso de transformaci¨®n que est¨¢n viviendo nuestras ciudades y nuestras costas bien merece una reflexi¨®n sobre qui¨¦n, d¨®nde, cu¨¢nto y c¨®mo est¨¢ operando este proceso y cu¨¢les son sus consecuencias.

?Qui¨¦n decide c¨®mo, cu¨¢nto y d¨®nde se urbaniza? ?sta es la primera pregunta que debemos considerar. Creo, sin riesgo a equivocarme, que mayoritariamente son los grandes propietarios de terreno y los promotores privados. Son ellos los que toman estas decisiones en funci¨®n de los beneficios esperados.

?D¨®nde? Se construye donde las plusval¨ªas son m¨¢s elevadas. En el litoral y en las grandes ciudades y sus zonas de influencia, e incluso en zonas de elevado valor ecol¨®gico. Se construyen viviendas, s¨ª, pero no se desarrollan ciudades.

?Cu¨¢nto? Puesto que el suelo es un recurso limitado, la pregunta es muy pertinente. Actualmente se urbaniza tanto como es necesario para generar los beneficios esperados. ?C¨®mo? Propiciando crecimientos urbanos dispersos, desordenados, carentes de los servicios necesarios, poco respetuosos con el entorno natural y que generan importantes incrementos de costes de desplazamiento.

Hay demasiados lugares en Espa?a en los que para urbanizar se est¨¢n dando respuestas incorrectas a las cuatro preguntas. Respondemos mal al qui¨¦n, cuando los encargados de ordenar el territorio son los promotores o constructores, mientras los poderes p¨²blicos no ejercen sus funciones. Respondemos mal al d¨®nde cuando la realidad es que un tercio del litoral mediterr¨¢neo se encuentra ya construido en su primer kil¨®metro de l¨ªnea de costa. Respondemos mal al cu¨¢nto cuando en algunas partes se est¨¢n aprobando planes generales que prev¨¦n la construcci¨®n de un n¨²mero de viviendas que quintuplica la poblaci¨®n del municipio. Y erramos al responder al c¨®mo cuando las ciudades crecen desordenadamente, rompiendo el paisaje y desatendiendo la dotaci¨®n de servicios p¨²blicos que deben proporcionarse.

Los ciudadanos merecen una respuesta satisfactoria a estas preguntas, que hoy por hoy, en muchos lugares de la geograf¨ªa espa?ola no se est¨¢n dando. No podemos seguir as¨ª. No se trata de frenar la actividad constructora, se trata de orientar y ordenar su crecimiento, evitando la ocupaci¨®n indiscriminada del territorio, estableciendo l¨ªmites racionales al crecimiento urbano y pensando ahora y en el futuro. Los socialistas somos conscientes de que hay que actuar con determinaci¨®n definiendo una nueva pol¨ªtica urban¨ªstica. Sin embargo, su puesta en marcha tiene una carga importante de complejidad.

En primer lugar, por el reparto competencial que establece nuestra Constituci¨®n y que atribuye competencias a los tres niveles territoriales de la Administraci¨®n. Mientras el Estado tiene responsabilidades s¨®lo en cuanto al r¨¦gimen del suelo y al sistema de valoraci¨®n, las Comunidades Aut¨®nomas tienen las competencias fundamentales de urbanismo, medio ambiente y ordenaci¨®n del territorio, siendo las Entidades Locales a quienes les corresponde la elaboraci¨®n de los Planes Urban¨ªsticos y la aprobaci¨®n de los instrumentos de gesti¨®n. En definitiva, no ser¨ªa posible un cambio de rumbo sin la voluntad pol¨ªtica de todas las Administraciones implicadas.

Desde el PSOE vamos a establecer un compromiso con la ciudadan¨ªa para establecer una nueva pol¨ªtica de urbanismo y de ordenaci¨®n del territorio. Una nueva pol¨ªtica inspirada en una correcta respuesta a las cuatro preguntas clave.

Ya hemos dado los primeros pasos para afianzar este compromiso, y prueba de ello es la elaboraci¨®n de la nueva Ley del Suelo. Dicha Ley aboga por un nuevo sistema de valoraci¨®n que desincentive las pr¨¢cticas de reclasificaci¨®n y retenci¨®n especulativa del suelo, apostando por el desarrollo urbano sostenible, el uso racional del territorio, la eficiencia energ¨¦tica y una nueva forma de gesti¨®n m¨¢s transparente y participativa.

Sin embargo, ninguna Ley puede por s¨ª sola resolver todos los problemas del urbanismo espa?ol. Son necesarias otras medidas complementarias adaptadas a la particularidad de cada ¨¢mbito competencial. As¨ª, es necesario que las Comunidades Aut¨®nomas asuman de forma responsable la labor de dise?ar Planes Territoriales Supramunicipales para ordenar el territorio, que fijen l¨ªmites razonables al desarrollo urban¨ªstico, establezcan la protecci¨®n necesaria para aquellos suelos que tenga un especial valor ecol¨®gico o cultural y aseguren la dotaci¨®n de todas aquellas infraestructuras y servicios imprescindibles para el bienestar de la poblaci¨®n. No podemos permitir que un municipio compita con otro por ver qui¨¦n atrae m¨¢s cantidad de viviendas sin importar c¨®mo y a costa de qu¨¦. No se trata de qui¨¦n crece m¨¢s sino de d¨®nde se vive mejor.

?stas y otras medidas componen la idea central de nuestro compromiso, recuperando el principio de que el urbanismo y la ordenaci¨®n del territorio son, ante todo y sobre todo, una funci¨®n p¨²blica que busca el inter¨¦s general y el bienestar social. Desde este principio, conf¨ªo en que el resto de fuerzas pol¨ªticas sean capaces de ver el potencial de este compromiso y se sumen a ¨¦l para que el qui¨¦n, el d¨®nde, el cu¨¢nto y el c¨®mo encuentren la respuesta adecuada.

Inmaculada Rodr¨ªguez-Pi?ero es secretaria federal de Pol¨ªtica Econ¨®mica y Empleo del PSOE