La Guardia Civil obliga a paralizar las obras del aeropuerto de Castell¨®n

La adjudicataria del proyecto del aeropuerto de Castell¨®n paraliz¨® ayer las obras en el monte de Santa B¨¢rbara, en Vilanova d'Alcolea, cuando, a las 9.40, los agentes del Equipo de Protecci¨®n de la Naturaleza (Eprona) de la Guardia Civil se personaron en el lugar y comunicaron al responsable la orden judicial de detener las m¨¢quinas. La empresa p¨²blica Aerocas, que promueve el proyecto, no hab¨ªa dado instrucciones para interrumpir los trabajos pese a que la orden de la juez se conoc¨ªa desde primera hora del martes. La zona est¨¢ fuera del ¨¢mbito de la declaraci¨®n de impacto.

El PP dice que la orden es "una demostraci¨®n m¨¢s del ataque de la Administraci¨®n central"

Seg¨²n explic¨® ayer un portavoz del Grupo para el Estudio y Conservaci¨®n de los Espacios Naturales (Gecen), que present¨® el recurso, los operarios trabajaron en la zona sobre la que hab¨ªa ordenado la juez que se paralizasen las obras no s¨®lo durante la jornada habitual, sino que prolongaron las labores durante toda la noche, la madrugada y la ma?ana, hasta el momento en el que se person¨® la Guardia Civil y oblig¨® a cumplir la orden judicial. De acuerdo con la versi¨®n ofrecida por los ecologistas, en lugar de pararla, sus responsables incluso "aceleraron" la obra.

En un comunicado remitido ayer, el colectivo conservacionista se?al¨® que "en ning¨²n caso el auto judicial permite la continuidad o aceleraci¨®n de dichas obras". "No entendemos", apuntaba Gecen, "c¨®mo los trabajos promovidos por la sociedad p¨²blica Aerocas (formada por la Generalitat y la Diputaci¨®n de Castell¨®n), tras supuestamente conocer el auto, no se han modificado sustancialmente". El grupo ecologista calific¨® de "inaceptable" que la paralizaci¨®n, que seg¨²n el auto deb¨ªa ser "inmediata", haya concluido "con nuevas explosiones y desmontes que destruyen a¨²n m¨¢s los valores ecol¨®gicos y paisaj¨ªsticos del espacio protegido".

Por ello, el colectivo asegur¨® que exigir¨¢ explicaciones "a quien corresponda" por la forma en que ha tenido que llevarse a t¨¦rmino la paralizaci¨®n ordenada. Tambi¨¦n estudiar¨¢ si se ha producido un delito ecol¨®gico a?adido como consecuencia de ello.

La adjudicataria (formada por las empresas Lubasa, FCC, Bancaja, PGP Asociados, Caja Madrid y Abertis) no quiso ayer comentar la decisi¨®n judicial o aclarar el retraso a la hora de acatarla, ni la denuncia ecologista de que, en realidad, se aceleraron los trabajos.

En el caso de la sociedad promotora, su direcci¨®n tampoco evalu¨® este nuevo rev¨¦s judicial al proyecto, que ya sufri¨® anteriores paralizaciones por motivos ecol¨®gicos. Sin embargo, el PP, en boca del diputado provincial Miguel ?ngel Mulet, no tuvo reparo en calificar la decisi¨®n judicial como "una demostraci¨®n m¨¢s del ataque de la Administraci¨®n central a los proyectos que benefician a los pueblos de Castell¨®n". Mulet obvi¨® en sus declaraciones el hecho de que se refer¨ªa a una orden emitida por un juzgado en respuesta a la denuncia presentada por un grupo ecologista. A¨²n as¨ª, sostuvo que se trata de un "intento de bloqueo". Sin embargo, para la diputada de Esquerra Unida en el Congreso de los Diputados Isaura Navarro el Gobierno central es el que "ha estado amparando de manera injustificable ilegalidades del aeropuerto que ahora un juzgado ha corroborado con la paralizaci¨®n de las obras". EU ya hab¨ªa denunciado ante el Ejecutivo central la falta de declaraci¨®n de impacto ambiental de las obras que afectan al monte de Santa B¨¢rbara. "La respuesta del Gobierno siempre ha sido que no se hab¨ªan detectado irregularidades", se?al¨® Navarro.

La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Castell¨®n orden¨® el martes la paralizaci¨®n de los trabajos del aeropuerto de Castell¨®n que se realizan en el monte de Santa B¨¢rbara, en el t¨¦rmino de Vilanova d'Alcolea, "al quedar fuera de la zona de actuaci¨®n del proyecto que consta en el estudio de impacto ambiental elaborado por el promotor".

El objetivo de la organizaci¨®n ecologista con la denuncia que ha dado origen a la orden es "preservar el paraje de monte p¨²blico de Santa B¨¢rbara, espacio singular clasificado como no urbanizable". El colectivo considera fundamental "la restauraci¨®n, en lo posible, de la zona de Santa B¨¢rbara" y anuncia que su l¨ªnea de actuaci¨®n se centrar¨¢, adem¨¢s de exigir responsabilidades por el presunto delito producido, en restaurar la zona a su estado anterior.