Bruselas da un ultim¨¢tum a la Generalitat Valenciana para que cambie su ley urban¨ªstica

Nuevo varapalo de Bruselas a la Generalitat Valenciana con el urbanismo como protagonista. La UE reclama ahora la modificaci¨®n de la Ley Urban¨ªstica Valenciana, aprobada a finales de 2005 precisamente para adaptar el sistema urban¨ªstico valenciano a la legislaci¨®n comunitaria y para sustituir a la Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica, tambi¨¦n censurada en Bruselas. Y todo por la misma raz¨®n: la violaci¨®n de las normas de contrataci¨®n p¨²blica. La Comisi¨®n amenaza con llevar el caso a los tribunales si no recibe una "respuesta satisfactoria" en dos meses.

La UE volvi¨® a poner ayer en tela de juicio la legalidad del desarrollo urban¨ªstico valenciano. Bruselas lanz¨® una nueva advertencia contra Espa?a, al exigirle que modifique la ley Urban¨ªstica Valenciana (LUV), ilegal a ojos de la Comisi¨®n Europea, por no respetar las leyes de contrataci¨®n p¨²blica. Mediante un "dictamen motivado suplementario", el Ejecutivo comunitario pidi¨® a Espa?a que adapte la legislaci¨®n urban¨ªstica valenciana a la europea, y amenaz¨® con llevar el caso ante los tribunales europeos si no obtiene una "respuesta satisfactoria" en dos meses.

El de ayer es el segundo paso de un procedimiento de infracci¨®n abierto el pasado abril contra la LUV, que entr¨® en vigor el pasado febrero y que sustituye a su vez a la Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU) de 1994, tambi¨¦n cuestionada por Bruselas. Las autoridades comunitarias consideran que esas leyes violan las normas europeas. En concreto, consideran contrarios a las reglas del mercado interior los anuncios de los concursos de obras p¨²blicas, los procedimientos de adjudicaci¨®n de los Programas de Actuaci¨®n Integrada ( PAI) a los agentes urbanizadores (promotores privados que pueden actuar con capacidades de la Administraci¨®n p¨²blica), as¨ª como la posibilidad de modificar las condiciones de los contratos en el momento de la adjudicaci¨®n o incluso durante su ejecuci¨®n.

A ojos de la Comisi¨®n, la nueva ley urban¨ªstica valenciana no establece mecanismos suficientes para garantizar la concurrencia y la publicidad de los procedimientos de adjudicaci¨®n de los PAI a los agentes urbanizadores. Algo que s¨ª hace la legislaci¨®n equivalente aprobada por otras comunidades aut¨®nomas, como el Pa¨ªs Vasco.

Para la Comisi¨®n Europea, sin embargo, la principal divergencia con Espa?a -en realidad, con la Generalitat Valenciana, destinataria de un recado que Bruselas no puede enviar directamente a la Administraci¨®n auton¨®mica- se centra en la naturaleza jur¨ªdica de los PAI, seg¨²n explic¨® ayer una portavoz comunitaria. "Las autoridades espa?olas sostienen que los PAI no son contratos p¨²blicos y que por tanto, ni la LRAU ni la LUV son incompatibles con las directivas comunitarias. La Comisi¨®n piensa lo contrario", indicaba ayer el comunicado emitido por Bruselas. En la respuesta enviada tras la carta de emplazamiento del pasado mes de abril, "Espa?a no daba una respuesta adecuada a esta cuesti¨®n. Ni siquiera lo abord¨® de forma espec¨ªfica, por eso hemos enviado ahora este dictamen motivado suplementario", a?adi¨® la portavoz.

Advertencia de la UE

El Parlamento valenciano aprob¨® el pasado diciembre la LUV, con el apoyo ¨²nicamente del PP, que pretend¨ªa mejorar la LRAU, aprobada bajo Gobierno socialista en la Generalitat y aplicada despu¨¦s por los gobiernos populares desde el a?o 1995. El comisario europeo de Servicios y Mercado Interior, Charles Mc Creevy, ya hab¨ªa advertido en diciembre de que la LUV parec¨ªa que "no iba a corregir" las deficiencias de la ley anterior y el 4 de abril de este a?o la Comisi¨®n envi¨® a Espa?a una segunda carta de emplazamiento en la que ped¨ªa al Gobierno que explicara c¨®mo pretend¨ªa cumplir con los reparos comunitarios.

Tambi¨¦n consider¨® la Comisi¨®n en abril que Espa?a ignor¨® las advertencias comunitarias y continu¨® adjudicando contratos con arreglo a la LRAU hasta el pasado 1 de febrero, fecha en la que entr¨® en vigor la nueva ley, igualmente deficiente seg¨²n el an¨¢lisis jur¨ªdico de Bruselas.

El nuevo aviso de ayer, supone un ultim¨¢tum. Dentro de dos meses, si no se ha adecuado la legislaci¨®n valenciana a las exigencias de Bruselas, la Comisi¨®n podr¨ªa acudir al Tribunal Europeo de Justicia con sede en Luxemburgo, tal y como advirti¨® el Ejecutivo comunitario en su comunicado. "En ausencia de una respuesta satisfactoria en los pr¨®ximos dos meses, la Comisi¨®n podr¨¢ llevar el caso ante el Tribunal de las Comunidades Europeas", advierte.

Junto al procedimiento en curso de la Comisi¨®n Europea, la Euroc¨¢mara aprob¨® el pasado diciembre un informe en el que acusaba a la Comunidad Valenciana de cometer irregularidades urban¨ªsticas. El Parlamento Europeo hab¨ªa recibido un aluvi¨®n de quejas de propietarios -alrededor de 15.000, la mayor¨ªa procedentes de extranjeros que han fijado su residencia en territorio valenciano- afectados por procesos urbanizadores que consideraban abusivos. Otros se quejaban del impacto ambiental del boom inmobiliario en la costa valenciana.