Memoria, justicia y convivencia

?Es posible o no que la sociedad espa?ola de hoy ajuste deudas con su historia sin romper por ello las bases de su convivencia actual y los principios de reconciliaci¨®n y perd¨®n que presidieron la transici¨®n a la democracia a finales de los setenta? ?sta es para m¨ª la cuesti¨®n nuclear del debate producido sobre la mal llamada "Memoria Hist¨®rica". La abrumadora presencia de la Guerra Civil y de la represi¨®n franquista en la memoria de la sociedad espa?ola de hoy tiende a despertar las pasiones de las dos Espa?as machadianas con demasiada frecuencia. La guerra de esquelas de la guerra, publicadas este verano, es una buena muestra de las peligrosas derivas que puede tener este asunto si no lo enfocamos con prudencia y consenso.

Comencemos pues por responder al primer interrogante: ?hay deudas pendientes? Y aunque las hubiere, ?debemos abrir la caja de Pandora de tan delicados y apasionados recuerdos? No son pocos ni despreciables los argumentos que recomiendan cubrir estas cuestiones bajo un discreto manto, destacando como ¨²nico recuerdo hist¨®rico el punto y aparte que acordamos en los pactos de la transici¨®n. Pero no es menos cierto que han pasado treinta a?os desde entonces y que todav¨ªa golpean a las puertas de nuestras instituciones reivindicaciones justas y razonables. Primero, porque, sin cuestionar la generosidad que impregn¨® la transici¨®n pol¨ªtica, la democracia de los ochenta y de los noventa confundi¨® en exceso perd¨®n con olvido, y aunque sucesivos gobiernos democr¨¢ticos establecieron medidas para resta?ar las heridas del bando republicano, lo cierto es que millones de espa?oles, perdedores y sufridores de la contienda y de la represi¨®n posterior, lloraron en silencio su imborrable recuerdo, tras el tel¨®n de una convivencia reconciliada, a la que perturbaba su simple presencia. Y segundo, porque quedan pendientes muchas causas de justicia para quienes defendieron el Gobierno leg¨ªtimo del 36. Desde la identificaci¨®n y localizaci¨®n de fosas comunes a la exhumaci¨®n de sus restos. Desde la apertura total de archivos para la investigaci¨®n y la documentaci¨®n particular hasta el reconocimiento de las enormes injusticias cometidas en juicios sumarios. Incluso golpea tambi¨¦n nuestra conciencia democr¨¢tica, la ausencia de indemnizaci¨®n alguna para quienes encontraron la muerte en los a?os del tardofranquismo, ejercitando derechos que luego reconoci¨® nuestra Constituci¨®n (como por ejemplo los seis obreros muertos por la polic¨ªa en Vitoria y Basauri en 1976).

La segunda cuesti¨®n es capital: ?c¨®mo debemos abordar este tema de nuestra agenda pol¨ªtica y hasta d¨®nde ser¨¢ posible atender estas reivindicaciones? El Gobierno ha decidido hacerlo mediante un proyecto de ley que, intencionadamente, rechaza implantar una determinada "memoria hist¨®rica colectiva", que no corresponde a norma alguna y encarga al legislador la protecci¨®n del derecho a la memoria personal y familiar como expresi¨®n de plena ciudadan¨ªa democr¨¢tica. En ese prop¨®sito el anteproyecto busca un equilibrio dif¨ªcil y pol¨¦mico. Si se declara "el derecho de todos los ciudadanos a la reparaci¨®n de su memoria personal y familiar", ?deben incluirse todos los que sufrieron condenas, sanciones o cualquier forma de violencia por razones pol¨ªticas? Si tal reconocimiento se refiere a la represi¨®n franquista, es obvio que afecta s¨®lo a quienes defendieron la legalidad institucional anterior al 18 de julio de 1936 y pretendieron despu¨¦s de la guerra el restablecimiento en Espa?a de un r¨¦gimen democr¨¢tico. Pero si ese derecho se quiere extender a la Guerra Civil -y en mi opini¨®n as¨ª debe ser- resulta obligado reconocerlo tambi¨¦n a quienes sufrieron esas mismas circunstancias en el otro bando. ?Es eso una injusta equidistancia? M¨¢s bien creo que s¨®lo as¨ª respondemos al esp¨ªritu de reconciliaci¨®n pactada en el que se fund¨® nuestra transici¨®n democr¨¢tica.

Una reflexi¨®n semejante surge de otro de los aspectos pol¨¦micos de esta ley. ?Debemos anular cuantas resoluciones judiciales fueron dictadas en aplicaci¨®n de legislaciones y de tribunales de excepci¨®n? Admito que ser¨ªa de justicia. Pero, ?podemos hacerlo sin cuestionar todo el entramado de seguridad jur¨ªdica de 40 a?os de franquismo? ?C¨®mo se revisan individualmente miles de sumarios sobre hechos acaecidos en tiempos tan lejanos? Conozco la existencia de opiniones jur¨ªdicas fundadas en esa direcci¨®n, pero yo creo que eso no es posible a la luz de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, y en todo caso creo que antes de abrir la v¨ªa jur¨ªdica para la revisi¨®n de miles de esos casos nos lo deber¨ªamos pensar serenamente. ?Qu¨¦ consecuencias tendr¨ªan las anulaciones? ?Qui¨¦n impedir¨ªa que muchos reclamaran conocimiento de los juzgadores y quiz¨¢s responsabilidades? Yo creo que el legislador espa?ol de 2006 tiene derecho a examinar esta cuesti¨®n tambi¨¦n desde un punto de vista de oportunidad pol¨ªtica, y aqu¨ª vuelvo a esgrimir ese patrimonio com¨²n que es el esp¨ªritu de reencuentro y de concordia de la transici¨®n.

La ley pretende la justicia compensando a las v¨ªctimas de la guerra y de la represi¨®n de un r¨¦gimen cruel que dur¨® 40 a?os. ?Lo consigue? Abiertamente no. Reconocerlo con humildad es necesario, porque esas v¨ªctimas merecen el respeto de la verdad. Pero, ?alguien cree posible hacer justicia plena con las enormes e inmensas consecuencias de aquella tragedia? La ley llega adonde es posible llegar sin menoscabar las bases de nuestra convivencia y ajusta las ¨²ltimas deudas con nuestra historia sin reabrir la herida que atraves¨® las entra?as de nuestro pueblo.

La ley es perfectible. Abriremos una ponencia parlamentaria para escuchar. Negociaremos enmiendas y buscaremos el consenso con todos los grupos. Por cierto, ¨²ltima cuesti¨®n: ?ser¨¢ posible un acuerdo tambi¨¦n con el PP en este tema? Lo deseamos. Pero les escucho decir, con demasiada frecuencia, que esto es pasado y ya est¨¢ pagado. Quiz¨¢s se opongan a la totalidad de la ley acusando al Gobierno y a su presidente de "radicalidad guerracivilista". Me pregunto por qu¨¦ no es posible una recuperaci¨®n consensuada de nuestro pasado. ?No equivale esto a identificarse con una de las dos partes de nuestra historia incivil?

La reconciliaci¨®n de la transici¨®n no nos obliga al olvido. La memoria sin ira, sin afanes vengativos no abre, sino cierra las heridas de la historia. La recuperaci¨®n personal de nuestra memoria hist¨®rica familiar y la compensaci¨®n consensuada de nuestras deudas con la historia, nos hace m¨¢s fuertes en los fundamentos de nuestra convivencia.

Ram¨®n J¨¢uregui es portavoz del PSOE en la Comisi¨®n Constitucional del Congreso de los Diputados.