Funcionarios marbell¨ªes revelan al juez que el GIL dio trato de favor a varias constructoras
Empresas de imputados en el 'caso Malaya' se beneficiaron de gestiones urban¨ªsticas irregulares
El cerebro del sistema corrupto que control¨® el Ayuntamiento de Marbella (M¨¢laga) de 1991 a 2006, Juan Antonio Roca, cre¨® un verdadero cat¨¢logo de favores urban¨ªsticos del que supuestamente se beneficiaron promotoras inmobiliarias punteras de Andaluc¨ªa, entre ellas Aifos, Construcciones Salamanca y ?vila Rojas. Estas compa?¨ªas, cuyos directivos est¨¢n imputados en el caso Malaya obtuvieron tramitaciones de urgencia, expedientes aprobados a pesar de graves deficiencias, silencios administrativos favorables o modificaciones de los planes generales para dar validez a excesos de edificabilidad.
Dos letradas de los servicios jur¨ªdicos de Urbanismo, Raquel Escobar y Mar¨ªa Antonia Casta?¨®n, y el arquitecto municipal, Francisco Merino, contaron a agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa c¨®mo las irregularidades administrativas en materia de urbanismo se refer¨ªan "en un alto porcentaje" a este ramillete de empresas. Sus declaraciones, posteriormente ratificadas ante el juez instructor del caso Malaya, Miguel ?ngel Torres, constan en el tomo 20 del sumario, cuyo secreto fue levantado el pasado lunes.
"Exist¨ªan expedientes que contaban con el apoyo o el inter¨¦s de Roca y que se aprobaban incluso con alguna deficiencia, mientras que otros expedientes con las mismas deficiencias eran rechazados", relat¨® a la Polic¨ªa la testigo Raquel Escobar el pasado 19 de abril. "Me met¨ªan prisa para que tramitara urgentemente algunos expedientes y a veces me explicaban que era necesario hacerlo as¨ª porque el promotor deb¨ªa hacer un pago importante al Ayuntamiento (...). Estos expedientes, que al final siempre se acababan aprobando, se refer¨ªan casi siempre a promotores concretos, entre otros Jos¨¦ ?vila Rojas, a trav¨¦s de sus empresas Naviro, Turraza y Turpiana; Construcciones Salamanca, Obarinsa y Aifos".
Un nuevo convenio
Uno de los casos m¨¢s espectaculares de irregularidad administrativa lo relat¨® la letrada Mar¨ªa Antonia Casta?¨®n y corresponde al hotel de cinco estrellas Guadalp¨ªn, propiedad del grupo Aifos, la tercera empresa malague?a en facturaci¨®n en 2005. "La edificabilidad del hotel exced¨ªa la aprobada en el convenio. Para subsanarlo, [el ex alcalde] Juli¨¢n Mu?oz me pidi¨® que redactara un nuevo convenio sobre lo que ya estaba construido en el que hiciera constar que la obra ya se estaba ejecutando, lo que es una irregularidad".
Los retoques a los documentos llegaban incluso m¨¢s lejos y afectaron incluso al Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de 1998, nunca reconocido por la Junta de Andaluc¨ªa, y que permit¨ªa enormes coeficientes de edificabilidad. "Cuando las licencias otorgadas no se ajustaban ni tan siquiera al plan de 1998, lo que la Junta de Gobierno local hac¨ªa era modificar el plan general para que la licencia pudiera ser otorgada", cont¨® el arquitecto municipal, Francisco Merino, a los agentes de blanqueo de capitales que lo interrogaron el pasado 10 de mayo. Merino se?al¨® que "los promotores que m¨¢s convenios firmaban eran ?vila Rojas, Obarinsa, Construcciones Salamanca y Aifos" y reconoci¨® que "las licencias para estas empresas se trataban con m¨¢s urgencia".
El arquitecto municipal explic¨® a la Polic¨ªa otros ardides del Consistorio para saltarse la legalidad urban¨ªstica. "En un primer momento, en Urbanismo inform¨¢bamos exclusivamente sobre si la licencia solicitada se ajustaba al PGOU de 1986. Posteriormente, entre 1993 y 1995, no recuerdo si fue el alcalde [Jes¨²s Gil], Roca o los abogados, nos ped¨ªan que dentro del informe incluy¨¦ramos otro apartado referente a si la licencia se ajustaba al plan de 1998, en tr¨¢mite por entonces. Empec¨¦ a hacerlo as¨ª, y al final el ¨²nico informe que usaban para otorgar las licencias era la segunda parte del informe, obviando las precisiones sobre el plan del 86".
Seg¨²n la letrada Casta?¨®n, la decisi¨®n de otorgar licencias sobre el ilegal PGOU de 1998 "fue una decisi¨®n pol¨ªtica de Jes¨²s Gil". "Las licencias se otorgaban sin requerir el correspondiente informe jur¨ªdico", asegur¨® la jurista. En cuanto a los convenios urban¨ªsticos que se firmaron de acuerdo a ese PGOU, "la mayor parte de ellos se ejecutaron sin contar con la aprobaci¨®n definitiva de la Junta de Andaluc¨ªa".
Uno de los ¨²ltimos trucos legales que se sac¨® de la chistera Juan Antonio Roca para que se cumpliera su voluntad urban¨ªstica data del pasado enero, dos meses antes de ser detenido en el caso Malaya. En una ampliaci¨®n de declaraci¨®n, la letrada Raquel Escobar cont¨® que Roca le plante¨® "la posibilidad de considerar como positivo el silencio administrativo en el otorgamiento de licencias, cuando la jurisprudencia mayoritaria confirma que en estos casos el silencio es negativo".
A la hora de calificar el papel de Juan Antonio Roca en el Ayuntamiento de Marbella, la abogada Casta?¨®n resulta tajante. "Roca ten¨ªa la autoridad moral necesaria para que aunque no tuviera un cargo formal tuvi¨¦ramos que atender todas sus peticiones".
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