Los fiscales intensifican sus peticiones de demolici¨®n de las construcciones ilegales
El coordinador regional destaca que debe haber "obligaci¨®n de tirar" las viviendas irregulares
Ante una construcci¨®n ilegal, demolici¨®n. ?sta es la tesis que est¨¢n defendiendo los fiscales andaluces especializados en Medio Ambiente en los casos de las viviendas ilegales que llegan a los juzgados. El coordinador regional de los fiscales medioambientales, Luis Carlos Rodr¨ªguez Le¨®n, destaca que el ministerio p¨²blico est¨¢ intensificando sus peticiones de demolici¨®n en las ocho provincias, aunque hasta la fecha los jueces no est¨¢n siendo excesivamente receptivos a adoptar tan dr¨¢stica decisi¨®n. "La obligaci¨®n debe ser tirar la vivienda", afirma Rodr¨ªguez Le¨®n.
Una investigaci¨®n del Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil desde enero de 2005 ha detectado 3.343 construcciones ilegales en Andaluc¨ªa (12.832 en el conjunto de Espa?a). Estas construcciones se encuentran en zonas rurales o del litoral y suelen ser levantadas en la mitad de la nada.
Con el paso del tiempo, estas edificaciones se han convertido en un aut¨¦ntico quebradero de cabeza para los ayuntamientos, que est¨¢n en plena fase de revisi¨®n de sus planes urban¨ªsticos y que contemplan c¨®mo estas construcciones suponen un problema para ordenar su territorio. De hecho, buena parte de los casos detectados por el Instituto Armado tienen su origen en las denuncias presentadas por los ayuntamientos.
La coordinaci¨®n de ayuntamientos, Junta de Andaluc¨ªa, fiscal¨ªa y Guardia Civil est¨¢ siendo fundamental para poner coto a este fen¨®meno, que se extiende a lo ancho y largo de toda Espa?a.
Ante una construcci¨®n ilegal, ya sea una una vivienda aislada en una finca o varias casas en una urbanizaci¨®n, es de aplicaci¨®n el art¨ªculo 319 del C¨®digo Penal, que recoge el delito contra la ordenaci¨®n del territorio.
Este art¨ªculo establece penas de entre dos seis meses y tres a?os de c¨¢rcel para quien construya ilegalmente en zonas con especial protecci¨®n (terrenos con alto valor medioambiental, paisaj¨ªstico, hist¨®rico o cultural) y de entre seis meses y dos a?os para quien lo haga en terreno no urbanizable. Adem¨¢s, el tercer punto de este art¨ªculo a?ade: "En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podr¨¢n ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolici¨®n de la obra (...)".
Y si bien los dos primeros puntos de este art¨ªculo se est¨¢n aplicando, el tercero est¨¢ siendo ordenado por los jueces con cuentagotas. Rodr¨ªguez Le¨®n destaca que son muy pocas las condenas por este delito, apenas el 10%, que ordenan la demolici¨®n de estas construcciones, algo que, en su opini¨®n, debe cambiar. Seg¨²n el fiscal coordinador de Medio Ambiente, la mayor¨ªa de las sentencias por este asunto termina con una multa y una condena de unos dos a?os c¨¢rcel que el infractor no cumple porque no suele tener antecedentes penales. "No se repara el da?o causado, los infractores pagan la multa y se quedan con la casa. Al final asumen la multa como un coste de edificaci¨®n m¨¢s", afirma el fiscal.
Rodr¨ªguez Le¨®n sostiene que de esta manera se env¨ªa el mensaje equivocado de que, pese a la irregularidad, las casas van a seguir en pie y que esta situaci¨®n debe corregirse a trav¨¦s de las decisiones judiciales mediante el aumento de las ¨®rdenes de demolici¨®n. "La obligaci¨®n es tirar las viviendas", asegura Rodr¨ªguez Le¨®n, que cuenta con dos fiscales especializados en Medio Ambiente por provincia.
Cortes de luz y agua
Los fiscales, adem¨¢s de presionar con las peticiones de demolici¨®n, tambi¨¦n est¨¢n solicitando medidas cautelares que disuadan a los promotores de estas viviendas ilegales. As¨ª, piden a los jueces que ordenen el corte del suministro de luz, agua o electricidad a estas viviendas cuando se inicia un procedimiento judicial.
Y es que una de las cuestiones que ha sacado a la luz la investigaci¨®n es que en muchas ocasiones, los propietarios hacen enganches ilegales al servicio el¨¦ctrico, obtienen agua de pozos, con el consiguiente expolio para los acu¨ªferos de la comunidad y generan vertederos en los que no se recoge la basura.
Aviso de Chamizo en 2000
En 2000, el Defensor del Pueblo andaluz realiz¨® un informe especial titulado Las urbanizaciones ilegales en Andaluc¨ªa, en el que ya alertaba de la magnitud del problema de las construcciones ilegales. En ese informe, la instituci¨®n que dirige Jos¨¦ Chamizo calculaba que en la comunidad hab¨ªa 1.732 urbanizaciones ilegales.
El documento se?alaba a los ayuntamientos de forma clara. "Los ayuntamientos han sido corresponsables de esta situaci¨®n, tanto por omisi¨®n, al no haber ejercido sus acciones cuanto ten¨ªan como referente un plan parcial aprobado, como por acci¨®n, al haber otorgado licencias de obra indebidamente". El informe destacaba "la pasividad de los poderes p¨²blicos, especialmente los ayuntamientos" para atajar este problema. Y acusaba a estos poderes de pasividad, desidia e ineficacia.
Desde la oficina del Defensor se?alaban ayer que este informe estaba centrado en las urbanizaciones ilegales, mientras que lo que la Guardia Civil ha puesto ahora de manifiesto son los casos de "viviendas aisladas" en la mitad del campo, construidas en buena parte de los casos por los propietarios. Seg¨²n el defensor, las urbanizaciones han sufrido un par¨®n claro en los ¨²ltimos a?os, mientras que la construcci¨®n de viviendas aisladas ha crecido de forma espectacular.
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