Y de pronto estalla el urbanismo

No sabemos qu¨¦ ha tenido que pasar para que, s¨²bitamente, los poderes del Estado caigan en la cuenta de que est¨¢n medio desarmados frente al desmadre urban¨ªstico. Faltan fiscales, polic¨ªas e incluso instrumentos legales id¨®neos para afrontar los grandes desaguisados que comportan las ingentes recalificaciones de terrenos no urbanizables con las consiguientes, espectaculares y a menudo turbias plusval¨ªas, frecuente devastaci¨®n del territorio y abonado de corrupciones de toda laya. Marbella, desde luego, pero tanto o m¨¢s importante han sido para la sensibilizaci¨®n del Gobierno los episodios de Ciempozuelos o Sese?a, tan cerquita de la Corte que los petardos medi¨¢ticos le han estallado en la mano. Ahora vienen las prisas y el anuncio de remedios.

Visto desde la periferia, y concretamente desde el Pa¨ªs Valenciano, la verdad es que tal desbordamiento y la imprevisi¨®n que delata m¨¢s bien han de parecernos el resultado de una pol¨ªtica consentida que se hubiese prolongado -y nada ha cambiado, de momento- sin la catarsis de los mencionados esc¨¢ndalos y otros similares que han acabado por disparar las alarmas e instinto defensivo del Gobierno. De ah¨ª ese dec¨¢logo que propone el PSOE y cuyo corolario ser¨ªa el preguntarnos ingenuamente c¨®mo es posible que unas normas o preceptos tan elementales como los divulgados no se vengan observando a rajatabla. Sobre todo, a partir del momento en que el urbanismo -nos referimos al condenable- comenz¨® a constituirse en una desgracia medioambiental, lo que ya ven¨ªa siendo y se acentu¨® con la Ley del Suelo de 1998, del PP.

Dec¨ªamos pol¨ªtica consentida porque eso es, exactamente, lo que ha pasado hasta ahora en el marco auton¨®mico valenciano, como es sabido. Desde 1995, y al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU), parida por los socialistas, se desarroll¨® un frenes¨ª urbanizador que ninguna trapisonda hubiese disciplinado porque, de un lado, el gobierno de Francisco Camps -por no hablar de la Consejer¨ªa de Territorio y Vivienda- estaba persuadido de que la proliferaci¨®n de los famosos PAI, con las recalificaciones masivas de suelo no urbanizable, era el exponente incuestionable de que se estaba en el buen camino. Y de otro lado, la euforia econ¨®mica y el imperio de la mayor¨ªa absoluta permit¨ªan, incluso, que campase la impunidad, por m¨¢s que formalmente se emprendiesen algunos expedientes sancionadores que en buena parte se han diluido en el trampeo burocr¨¢tico y legalismo procesal.

Nada, decimos, hubiese cambiado por estos pagos sin el activismo de los damnificados por la citada ley y la intervenci¨®n de las autoridades comunitarias de Bruselas que, quiz¨¢ con tantos o semejantes m¨¦ritos que otras regiones, se convirti¨® en el paradigma del abuso y a¨²n del despojo urban¨ªstico. Una imagen que ni siquiera ha enmendado la promulgaci¨®n de la nueva ley urban¨ªstica (LUV), asimismo cuestionada parcialmente por la Comisi¨®n Europea, que en ning¨²n momento ha edulcorado sus cr¨ªticas. Sucesos ¨¦stos que, a la par con la misma protesta de no pocos vecindarios costeros agobiados por la saturaci¨®n inmobiliaria y el clima viscoso de corrupci¨®n, forzaron el giro pol¨ªtico en la gesti¨®n de esta parcela. Es la llamada pol¨ªtica sand¨ªa, intensa e incluso aparatosamente ecol¨®gica con tal de borrar la sombra depredadora que se proyectaba y que se llev¨® por delante al consejero Rafael Blasco que la personalizaba.

Quisi¨¦ramos pensar que estamos ante una nueva etapa, decididamente distinta, en la gesti¨®n del territorio y que estos prop¨®sitos de rigor y reforma no constituyen ¨²nicamente un gui?o meramente electoralista. Aqu¨ª y acull¨¢ el abuso urban¨ªstico ha calado en la opini¨®n p¨²blica que endosa la culpa a la voluntad, irresoluci¨®n -y eventual venalidad- de los pol¨ªticos. A ellos, a los partidos hegem¨®nicos, les incumbe con pacto o sin ¨¦l reorientar el proceso urbanizador del pa¨ªs y por doquier. Y a los jueces, y a los polic¨ªas y tambi¨¦n a los promotores inmobiliarios que est¨¢n a lo que se legisle. Pero la iniciativa han de tomarla los gobernantes, que en este cap¨ªtulo y durante muchos a?os han transitado entre el dontancredismo y la complicidad.