Alcaldes valencianos planean urbanizar casi 200 millones de metros cuadrados

La mesa del consejero de Territorio de la Generalitat valenciana acumula solicitudes municipales para reclasificar 194,5 millones de metros cuadrados de suelo que actualmente est¨¢n fuera de ordenaci¨®n. Una superficie que equivale al doble de la que ocupa la ciudad de Barcelona, que tiene una extensi¨®n de 100 kil¨®metros cuadrados. De los 542 ayuntamientos valencianos, 123 aspiran a recalificar de suelo r¨²stico a urbanizable 67,2 millones de metros cuadrados en la provincia de Valencia, 68 millones en la de Castell¨®n y otros 59,3 millones en la de Alicante.

Las peticiones para reclasificar suelo se han multiplicado por cuatro en el ¨²ltimo a?o

La fiebre urbanizadora se dispar¨® cuando la ley declar¨® todo el suelo urbanizable, en 1998

El actual responsable de Territorio del Gobierno, Esteban Gonz¨¢lez Pons, asumi¨® su responsabilidad el pasado mes de junio y apenas ha movido ficha desde entonces. La consejer¨ªa s¨®lo ha dado curso a un Plan de Actuaci¨®n Integrada (PAI), el de Porxinos, que promueve Juan Soler, presidente del Valencia CF, sobre 1,6 millones de metros cuadrados en el t¨¦rmino municipal de Riba-roja, a una veintena de kil¨®metros de la capital. El proyecto prev¨¦ levantar una ciudad deportiva para el club de f¨²tbol y una ciudad residencial paralela cuyos beneficios permitir¨ªan paliar la actual deuda del club, seg¨²n avanz¨® hace meses el propio Soler.

Plan de Porxinos al margen, fuentes de la Consejer¨ªa de Territorio se muestran muy contundentes a la hora de afirmar que ni de lejos se aprobar¨¢ el 50% de los 194 millones de metros cuadrados que se pretenden reclasificar y limitan la luz verde al 30% o "como mucho" el 40% de los proyectos presentados. Los promotores no levantar¨¢n dos nuevas barcelonas sobre suelo r¨²stico de la comunidad.

?Cu¨¢l es el origen de esa fiebre promotora? Rafael Blasco, predecesor de Gonz¨¢lez Pons, fue el art¨ªfice en apenas tres a?os de todo un nuevo cuerpo legislativo relativo al territorio, su urbanizaci¨®n, incluso su paisaje, que hay quien considera, sobre el papel, avanzado, incluso restrictivo. Pero s¨®lo sobre el papel. De hecho, su gesti¨®n ha sido muy cuestionada por el Parlamento Europeo, que lleg¨® a solicitar, a finales de 2005 una moratoria urban¨ªstica en toda la Comunidad Valenciana que parara la reclasificaci¨®n de terrenos r¨²sticos y las "expropiaciones leoninas" de parcelas privadas en aras del supuesto valor superior de la correcta urbanizaci¨®n.

El denominado Informe Fortou atacaba la ra¨ªz de la Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU), aprobada por las Cortes valencianas en 1994 con mayor¨ªa absoluta de los socialistas. La LRAU consagr¨® al agente urbanizador, una figura jur¨ªdica que abr¨ªa la posibilidad de promover y urbanizar suelo al margen de la propiedad y que se instituy¨® con la voluntad de combatir a los especuladores. Los propietarios de suelo que congelaban sus solares urbanizables mientras su valor se multiplicaba se vieron desbordados por promotores, constructores y nuevos urbanizadores. La figura fue eficaz en esta comunidad mientras se colmaron las previsiones de los planes generales de ordenaci¨®n urbana que, en su inmensa mayor¨ªa, se aprobaron a lo largo de la d¨¦cada de los 80. Pero cuando el primer Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar aprob¨® en 1998 una ley que declar¨® todo el suelo urbanizable, el agente urbanizador cobr¨® una dimensi¨®n desconocida.

La paralela ausencia de un reglamento de gesti¨®n de la primitiva LRAU, un reglamento que ning¨²n Gobierno del PP, que ocupa la Generalitat Valenciana desde 1995, se preocup¨® de desarrollar, otorg¨® una discrecionalidad a los gobiernos municipales sobre la gesti¨®n del suelo que abri¨® la espita a la depredaci¨®n del territorio.

"La tramitaci¨®n de un PAI se puede arrastrar unos cinco a?os", seg¨²n un t¨¦cnico de la Federaci¨®n de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana, que apunta dos espoletas de la actual explosi¨®n urbanizadora: los planes municipales de ordenaci¨®n urbana se agotan y la inmensa mayor¨ªa de los PAI que plantean reclasificar terreno arrancan a partir de 1998.

Las dudas de la Uni¨®n Europea sobre la legislaci¨®n valenciana, en tercer lugar, habr¨ªan precipitado la tramitaci¨®n de proyectos urbanos para evitar posibles moratorias. De hecho, el pasado mes de diciembre, el anterior consejero de Territorio aseguraba tener sobre la mesa solicitudes de reclasificaci¨®n de suelo para urbanizar 55 millones de metros cuadrados de terreno r¨²stico, una cantidad que se han multiplicado casi por cuatro desde entonces.

El entonces consejero tambi¨¦n aseguraba que hab¨ªa autorizado la transformaci¨®n de r¨²stico en urbanizable de 20,6 millones de metros cuadrados, la quinta parte de la ciudad de Barcelona, desde el inicio de la presente legislatura auton¨®mica, en junio de 2003.

El actual frenazo a la tramitaci¨®n de proyectos urban¨ªsticos ha provocado un natural recelo entre los promotores inmobiliarios valencianos. Benjam¨ªn Mu?oz, secretario y portavoz de la patronal auton¨®mica, comenta: "S¨®lo pedimos reglas de juego claras, si un consejero nos alienta a crear riqueza, a invertir y a desarrollar suelo no puede ser que mediada la legislatura, sin que haya sucedido ninguna cat¨¢strofe, su sucesor en el cargo, del mismo Gobierno, imponga una moratoria unilateral sin informarnos de sus intenciones. Si hay una moratoria, que lo diga. Si hay que modificar los proyectos, que lo diga. Pero es que ya no hablamos ni siquiera de viviendas de protecci¨®n oficial".

Mu?oz tambi¨¦n recuerda la creciente aportaci¨®n de la construcci¨®n de vivienda a la riqueza de la Comunidad Valenciana, del 10% del PIB regional hasta el 18% en los ¨²ltimos siete a?os.