La fiscal¨ªa investiga un posible "mobbing" a un vecino de una finca de la calle de Robadors

Manel Gonz¨¢lez ha visto en el registro cuatro transacciones en dos a?os de la finca del n¨²mero 29 de la calle de Robadors, de Barcelona, de la que es vecino. Lleva m¨¢s de tres a?os pleiteando para defender su derecho a comprar el piso en el que vive y m¨¢s de 40.000 euros invertidos. Su caso -profusamente documentado- lleg¨® primero al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, y ahora a la fiscal¨ªa del Tribunal Superior. ?l, como afectado, y la Federaci¨®n de Asociaciones de Vecinos (FAVB) denunciaron ayer la "pasividad" de la oficina municipal anti-mobbing.

En la primera compra de la finca del n¨²mero 29 de la calle de Robadors, entre los a?os 2001 y 2003, en el registro se anot¨® que el edificio estaba libre de arrendatarios. No era cierto, hab¨ªa 23. Manel era uno de ellos. Lleva tres a?os intentando que los jueces le den la raz¨®n -de hecho se la dieron en primera instancia, pero luego tuvo una sentencia contraria- y pueda ser el propietario del piso en el que vive desde 1985 con contrato de alquiler. Cortes de luz y de agua, la porter¨ªa reventada... Esas y otras maniobras ha aguantado y denunciado reiteradamente, y hoy declarar¨¢ en la fiscal¨ªa, que ha abierto diligencias de investigaci¨®n. "No son exactamente por acoso, sino por usurpaci¨®n y delito econ¨®mico", aclar¨®. Precisamente ¨¦se es uno de los problemas de la llamada violencia inmobiliaria: "Deber¨ªa tener la misma consideraci¨®n que otro tipo de coacciones, como lo es la laboral, y entedemos que deber¨ªa tener un castigo penal como el que se propone para ¨¦sta, con penas de seis meses a dos a?os de prisi¨®n", apuntaba ayer Jaume Asens, de la comisi¨®n de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. "Lo que no puede ser es que un corte de luz o de agua acabe con una multa de 300 euros porque eso da risa", puntualiz¨®. O lo que es peor: que muchos jueces ordenen los desahucios de inquilinos por un supuesto impago de alquiler cuando les ha sido materialmente imposible abonar las mensualidades, porque ¨¦sa es otra de las estrategias habituales del mobbing.

Mientras la justicia se muestra m¨¢s sensible con el acoso inmobiliario, vecinos y afectados piden a las administraciones que se impliquen m¨¢s en la persecuci¨®n del acoso. "Creemos que el departamento de Medio Ambiente y Vivienda [actualmente es el responsable] tiene que asumir la defensa de los afectados y que la oficina del Ayuntamiento debe acompa?ar a las v¨ªctimas mayores que no saben afrontar esas situaciones", afirm¨® ayer Eva Fern¨¢ndez, presidenta de la FAVB. Esa entidad se quej¨®, adem¨¢s, de que la oficina anti-mobbing municipal, lejos de ayudar, "disuade a los que van a denunciar. Y apoy¨® esa afirmaci¨®n con un v¨ªdeo - con c¨¢mara oculta- grabado en la oficina y que concluye con un comentario de la persona que atiende que no anima a reivindicar sus derechos, sino a todo lo contrario. "Me gustar¨ªa ver la grabaci¨®n completa para poder opinar, porque parece tomada a secuencias y de esa forma no puedo valorar", contest¨® a este diario Albert Gonz¨¢lez, director de Comercio y Consumo del Ayuntamiento, de quien depende la oficina anti-mobbing. Este servicio empez¨® a funcionar en octubre de 2003, precisamente despu¨¦s de la denuncia p¨²blica de varios casos de Ciutat Vella donde las v¨ªctimas son personas mayores con pocos recursos.

En 2005, esa oficina recibi¨® 136 casos, de los que 76 se consideraron de posible acoso inmobiliario. En lo que va de a?o se han registrado 130 y de ellos se ha detectado un posible mobbing en 78. "Lo que se hace es informar, y si se trata de una persona mayor y sin recursos, se la orienta para que acuda al servicio jur¨ªdico gratuito del Colegio de Abogados. La oficina no puede hacer nada m¨¢s", se defiende Gonz¨¢lez ante las quejas de la FAVB de la falta de intervenci¨®n municipal. A?ade que si se viera materia delictiva, se derivar¨ªa el caso a la fiscal¨ªa, lo que no ha ocurrido desde su entrada en funcionamiento, lo que llama la atenci¨®n, sobre todo despu¨¦s de que la Generalitat haya hecho una estimaci¨®n de unos 10.000 casos en Catalu?a, de los que cabe suponer que gran parte ocurre en Barcelona.