El llamado proceso
El titular de la cartera de Interior, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, ha hablado del "llamado proceso de paz" para referirse al di¨¢logo previsto en la resoluci¨®n, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados en mayo de 2005, entre las autoridades competentes del Estado y aquellos que est¨¦n dispuestos al abandono de la violencia terrorista. Reconozcamos la extrema cautela del ministro y verifiquemos que esa expresi¨®n, tan usada por el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, como cuestionada por el principal partido de la oposici¨®n y las asociaciones de v¨ªctimas del terrorismo de probada afinidad al PP, en absoluto figura en el diario de sesiones.
Sin la solemnidad de invocaciones a la memoria hist¨®rica, bastar¨ªa la de cada uno de nosotros para registrar que todos los gobiernos sucesivos de la democracia han intentado el final de ETA. Cuando estaba al frente Adolfo Su¨¢rez tuvo lugar una generosa y total amnist¨ªa, antes de que fuera aprobada la Constituci¨®n de 1978, que sac¨® de las prisiones a todos los condenados por actos terroristas de la banda etarra. Durante el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, las negociaciones del ministro del Interior Juan Jos¨¦ Ros¨®n con el parlamentario Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s lograron la reinserci¨®n de los poli milis de Mario Onaindia y Kepa Aulestia, que acabaron compitiendo en una formaci¨®n pol¨ªtica, Euskadiko Eskerra, luego aliada al PSE, aunque todav¨ªa un sector se descolgara de los acuerdos para continuar por la senda de las pistolas.
El presidente Felipe Gonz¨¢lez promovi¨® en 1988 el encuentro de Argel con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, de una parte, y el dirigente etarra Txomin, de otra, sin ning¨²n resultado. Hubo otro posible momento negociador en 1993 a partir de la oferta que ETA habr¨ªa hecho a trav¨¦s del premio Nobel P¨¦rez Esquivel, que Gonz¨¢lez descart¨® tras una consulta con el l¨ªder de la oposici¨®n, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, instalado por entonces en la actitud inflexible de exigir el cumplimiento ¨ªntegro de las penas a todos los condenados, sobrepasando incluso lo dispuesto por la Constituci¨®n sobre los beneficios aplicables a los reclusos. Tambi¨¦n hizo un intento en 1998 el presidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, plasmado en los episodios de Burgos y Z¨²rich, con obispo y asesor electoral del PP incluido, que se ambientaron mediante acercamientos de condenados por terrorismo al Pa¨ªs Vasco, excarcelaciones y declaraciones p¨²blicas, como aquella ins¨®lita donde se denominaba a la banda etarra Movimiento de Liberaci¨®n Nacional Vasco (MLNV).
G¨¦nova deber¨ªa abandonar la preocupaci¨®n de que un posible acierto de Zapatero en el "proceso" le confiriera perennidad. Ni se apuntaron en el haber de Calvo Sotelo los ¨¦xitos negociadores, como se vio en las elecciones subsiguientes, ni figuraron en el debe de Gonz¨¢lez o en el de Aznar los fracasos con ETA, porque ganaron de nuevo en las urnas. Recordemos que despu¨¦s del Congreso del PSOE del que sali¨® Zapatero como secretario general, ¨¦ste patrocin¨® el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, recibido con burlas y finalmente suscrito por Aznar, que lo manej¨® unilateralmente poniendo a los socialistas una y otra vez ante hechos consumados. Pero el recurso del PP a la ley del embudo, en absoluto faculta al PSOE ahora a pagar con la misma moneda. Al inquilino de La Moncloa le alcanzan siempre responsabilidades por la clase de oposici¨®n que tiene enfrente, porque desde aquel palacio se pueden inducir "buenas pr¨¢cticas" en los adversarios. As¨ª que hubiera sido preferible eludir la l¨ªnea, tan aznarista, de internacionalizar la cuesti¨®n etarra llevando esa resoluci¨®n al Parlamento Europeo que nos ha mostrado divididos, es decir, debilitados.
El presidente del PP ha dicho en la cadena SER y en Tele 5 que en el primer encuentro sobre esta cuesti¨®n del terrorismo con Zapatero le dijo que se reuniera con los etarras dispuestos a desistir de la violencia, a quienes alcanzar¨ªan los beneficios derivados de la disoluci¨®n de la banda. Ning¨²n otro asunto cabe en ese orden del d¨ªa si se quiere el consenso de un PP, desligado parece del maximalismo del 93. Pero, a diferencia del proceso del IRA, aqu¨ª llevamos ya 26 a?os de mesa pol¨ªtica y haber usado las armas o haber convalidado su utilizaci¨®n por los afines a nadie proporciona t¨ªtulos para que se le arrime una silla.
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