Confianza en Bolivia
Tras m¨¢s de seis meses de incertidumbre, el Gobierno de Evo Morales firm¨® finalmente los acuerdos de renovaci¨®n de los contratos con las petroleras extranjeras que explotan el crudo y el gas de Bolivia, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF. Lo que se conoce de los acuerdos da pie a algunas certidumbres y varias dudas. Las empresas, incluida la pol¨ªticamente poderosa brasile?a Petrobras, aceptan impl¨ªcitamente en los nuevos contratos, firmados a un plazo de 20 y 30 a?os, el decreto de nacionalizaci¨®n de los hidrocarburos de Morales, que otorga el control sobre los recursos energ¨¦ticos a la estatal Yacimientos Petrol¨ªferos Fiscales Bolivianos (YPFB); y se pliegan a la exigencia de pagar en impuestos hasta el 82% del valor de los productos que comercialicen asociados con YPFB. Como hasta ahora ven¨ªan pagando aproximadamente el 52%, es evidente que Morales ha conseguido una mejora espectacular de sus ingresos -unos 1.000 millones de d¨®lares este a?o y cantidades en aumento hasta los 4.000 millones de d¨®lares a partir de 2010- y un triunfo pol¨ªtico que podr¨¢ explotar.
El acuerdo tiene la ventaja de que, al menos por ahora, garantiza jur¨ªdicamente las inversiones -y, por tanto, los activos- actuales de Repsol YPF en Bolivia, unos 1.000 millones de euros. El valor de ambos es una de las causas de que esta compa?¨ªa se haya decidido a mantener su actividad all¨ª. Al menos, permitir¨¢ que prosigan las actividades de exploraci¨®n y explotaci¨®n. Pero las primeras dudas aparecen cuando se relaciona el m¨¢s que elevado porcentaje de pagos al Gobierno boliviano, que reduce dr¨¢sticamente el beneficio de las empresas extranjeras, con el compromiso de aplicar nuevas inversiones en el pa¨ªs. No parecen l¨ªneas convergentes. Sobre todo si se tiene en cuenta que Morales pretende controlar el 51% de las compa?¨ªas mixtas que explotan los hidrocarburos y que las empresas extranjeras asociadas, al perder la mayor¨ªa, no podr¨¢n incluir en sus balances el 100% de las reservas de petr¨®leo y gas que tienen en operaci¨®n.
Ser¨ªa una ingenuidad suponer que la firma del contrato borra de un plumazo las continuas muestras de desconfianza rec¨ªproca entre Bolivia y las petroleras for¨¢neas. S¨®lo el tiempo dir¨¢ si la seguridad jur¨ªdica de la que se ufana Morales y acepta el presidente de Repsol YPF es algo m¨¢s que un eslogan sin contenido. Las empresas tienen la obligaci¨®n ineludible de cumplir las leyes de los pa¨ªses en los que operan y los Estados la obligaci¨®n no menos ineludible de ofrecer condiciones jur¨ªdicas conocidas y transparentes que permitan tales operaciones.
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