El CES critica el Plan de Vivienda y pide m¨¢s pisos de alquiler y un recargo fiscal a los vac¨ªos

El Consejo Econ¨®mico y Social (CES) mostr¨® ayer su preocupaci¨®n por la situaci¨®n en que encuentra la vivienda en Euskadi y critic¨® en un dictamen el Plan de Vivienda 2006-2009 elaborado por el Gobierno por no hacer una apuesta m¨¢s decidida por el alquiler frente a la propiedad. Adem¨¢s, le reclama que se coordine con las tres diputaciones para aplicar un recargo fiscal a los pisos vac¨ªos. El CES aboga en su informe por complementar la apuesta por los pisos protegidos con otra tipolog¨ªa de vivienda que ayude a dinamizar el mercado.

El Consejo Econ¨®mico y Social es un ¨®rgano consultivo del Gobierno y del Parlamento integrado por representantes de los sindicatos, la patronal y otros representantes del mundo econ¨®mico. Adem¨¢s de elaborar informes sobre los proyectos de ley relacionados con la pol¨ªtica econ¨®mica y social, tambi¨¦n redacta dict¨¢menes por iniciativa propia o a petici¨®n del Gobierno, como ha sido en el caso del Plan Director de Vivienda. En este dictamen, el CES se ha centrado fundamentalmente en dos apartados: el reforzamiento del parque de alquiler y la pol¨ªtica fiscal.

En cuanto al alquiler, el Departamento de Vivienda asegura en su plan que su objetivo es otorgar a esta figura una presencia preferente en la promoci¨®n de pisos protegidos. Sin embargo, a la vista de los objetivos fijados, el CES califica esta declaraci¨®n como "meramente propagand¨ªstica", ya que planea destinar a arrendamiento el 31,5% de la promoci¨®n de viviendas protegidas de alquiler, mientras que m¨¢s del doble (el 68,5%) se destinar¨¢n a la venta.

Este desequilibrio propiedad-alquiler se constata, de nuevo, cuando se comprueba la financiaci¨®n del plan, que destina a la propiedad el 67% de los recursos frente al alquiler, al que s¨®lo se dedica el 19% (el porcentaje restante se lo llevar¨ªan la rehabilitaci¨®n, los locales calificados como vivienda protegida, la adquisici¨®n de casas rurales y la obtenci¨®n de suelo). "A trav¨¦s del alquiler", indica el CES, "se puede asegurar la permanencia del patrimonio de vivienda protegida en manos de la Administraci¨®n, evitar los casos de fraude en las segundas transmisiones, ampliar el colectivo beneficiado, aumentar la eficiencia social de los recursos p¨²blicos y satisfacer las necesidades de vivienda de forma m¨¢s ajustada a las necesidades personales de cada momento".

Deducciones

El otro aspecto que destaca el Consejo es el relacionado con la pol¨ªtica fiscal. Recuerda que, seg¨²n los presupuestos del Pa¨ªs Vasco de 2005, el coste fiscal de la pol¨ªtica de vivienda representa 2,6 veces el gasto de la Administraci¨®n P¨²blica en la misma y las desgravaciones pr¨¢cticamente duplican el gasto p¨²blico (124 millones de euros frente a 65,9). Es decir, que los ciudadanos se deducen por el piso en propiedad una cantidad que multiplica por 2,6 el presupuesto del departamento. Ante estos datos, el propio Plan de Vivienda reconoce que la actual fiscalidad "favorece la propiedad frente al alquiler". Por ello, el CES considera conveniente, sin perjuicio de una reforma de la fiscalidad, un aumento de la inversi¨®n p¨²blica en vivienda, de forma que la relaci¨®n entre ambas magnitudes (coste fiscal e inversi¨®n directa) se reduzca de 2,6/1 a 2/1.

Por otra parte, urge la adopci¨®n de medidas que desincentiven la acumulaci¨®n de casas desocupadas como "inversi¨®n", ya que el gran parque de pisos vac¨ªos es el resultado de haber convertido la vivienda en "un refugio" para la inversi¨®n frente a otras opciones menos rentables. Aunque el Gobierno vasco carece de competencias en esta materia, el CES entiende que deber¨ªa instar a impulsar y coordinar una actuaci¨®n en esa direcci¨®n en su condici¨®n de part¨ªcipe del ?rgano de Coordinaci¨®n Tributaria, la entidad donde las tres diputaciones deciden los impuestos a aplicar a los ciudadanos bajo la supervisi¨®n del Ejecutivo.

El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, ya pidi¨® a las tres diputaciones el pasado lunes durante la presentaci¨®n en el Parlamento del plan que apliquen un fuerte recargo fiscal para los pisos vac¨ªos. Al mismo tiempo, reclam¨® m¨¢s deducciones para las personas que viven de alquiler.

Hace dos a?os, el departamento ya intent¨® incrementar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 50% para las casas vac¨ªas y as¨ª lo plante¨® en el ?rgano de Coordinaci¨®n Tributaria. Sin embargo, las diputaciones no ten¨ªan claro a qu¨¦ tipo de propietarios deb¨ªan penalizar y qu¨¦ se entend¨ªa exactamente por una vivienda vac¨ªa. Desde entonces, nada se ha movido. Ahora, el CES apoya abiertamente la demanda de Madrazo.

El parque de pisos de la comunidad est¨¢ integrado por cerca de 890.000 unidades, de las que aproximadamente el 85% se utiliza como residencia habitual, otro 5% como vivienda secundaria (utilizada de forma estacional) y el 9,5% se hallan vac¨ªas o desocupadas.

La lucha contra el fraude es otra de las preocupaciones que laten en el dictamen. "Es preciso ser rigurosos en la inspecci¨®n y abordar a lo largo del per¨ªodo de vigencia del plan la inspecci¨®n de, al menos, la mitad del parque de vivienda protegida, sea del Gobierno, los ayuntamientos u otras administraciones". Ese control deber¨ªa verificar la efectiva ocupaci¨®n del inmueble por parte del adjudicatario del mismo y no por otra persona.