Los obispos mantienen el poder de despedir a los profesores

El Gobierno parece resignado a la conflictiva inestabilidad laboral de los profesores de religi¨®n, que tantos reproches judiciales est¨¢ causando al Estado. El empleo de estos docentes, contratados y pagados por el Estado, pero seleccionados por los obispos cada curso, seguir¨¢ en manos de la jerarqu¨ªa cat¨®lica, seg¨²n el borrador de real decreto que regula esa relaci¨®n.

Pese a que el proyecto advierte inicialmente de que el contrato de estos profesores se renovar¨¢ autom¨¢ticamente cada a?o escolar "salvo remoci¨®n ajustada a derecho", a la hora de regular los motivos de su extinci¨®n el Ejecutivo mantiene uno que tiene en pie de guerra a varios sindicatos y, lo que es peor para el Gobierno, a los tribunales de Justicia. Es decir, la aceptaci¨®n de que "el contrato de trabajo se extinguir¨¢ por retirada de la autorizaci¨®n para impartir clases de religi¨®n de la Confesi¨®n religiosa que la otorg¨®".

Con tan farragosa redacci¨®n el Ejecutivo socialista est¨¢ aceptando lo que los obispos proclaman con tes¨®n: que son ellos, y no la Administraci¨®n que contrata y paga, los que deciden cada a?o qui¨¦n es profesor de catolicismo, y qui¨¦n no. Los motivos para dejar sin empleo a esos docentes (borr¨¢ndolos de la lista de los propuestos a Educaci¨®n el a?o anterior) son de este tenor: haberse casado con un divorciado, participar en una huelga legal, irse de copas con amigos, pedir amparo a la Justicia o, sencillamente, ning¨²n motivo concreto.

Se cuentan por centenares las sentencias conocidas que han reprochado ese proceder. Es m¨¢s, la Generalitat de Catalu?a le dijo en abril de 2003 a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, donde acababa de perder otro pleito por despido ilegal de un profesor de catolicismo, que "no tiene por qu¨¦ apechar con las consecuencias de una determinada conducta del Arzobispado de Barcelona". La sentencia que tanto enoj¨® al Gobierno catal¨¢n dec¨ªa que eran "claros los indicios de que la finalizaci¨®n del v¨ªnculo laboral del docente obedeci¨® no al car¨¢cter temporal de la contrataci¨®n, sino a la actitud de represalia por la reclamaci¨®n del profesor frente a una modificaci¨®n de sus condiciones de trabajo, que hab¨ªa originado una mala relaci¨®n con el Obispado". El juez habl¨®, incluso, de "manifestaciones de feudalismo industrial que repugnan al Estado social de derecho".

Son miles los docentes que se enfrentan a situaciones de este tipo, con ejemplos tan ins¨®litos como el de la profesora Araceli G¨®mez Ja¨¦n, de Canarias, cuyo despido ha sido declarado nulo por quinto a?o consecutivo -cinco sentencias en cinco a?os, desde el curso 2001-2002-, con las correspondientes indemnizaciones por "da?os morales" a cargo, no del obispado que la deja sin empleo, sino del Gobierno regional que ejecuta sin rechistar, curso tras curso, los designios del prelado local.