Obras P¨²blicas reserva por primera vez 6 millones en su presupuesto anual para acelerar las demoliciones

Las denuncias por construcciones ilegales se ven abocadas a un proceso judicial casi siempre lento. Para cuando hay sentencias en firme contra el infractor, las viviendas llevan meses o a?os construidas y muchos jueces valoran el perjuicio a inquilinos o propietarios antes de ordenar una demolici¨®n. Y aun cuando el juez decide demoler, las viviendas pueden permanecer a?os en pie si el infractor se resiste a ejecutar la sentencia. Una situaci¨®n que ha llevado a la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas a reservar por primera vez una partida presupuestaria para "ayudar" a los ayuntamientos a "impulsar" las demoliciones.

Los ayuntamientos son los responsables de la disciplina urban¨ªstica en sus municipios, de modo que si un infractor no ejecuta una sentencia de demolici¨®n, el gobierno local est¨¢ legitimado para derribar la vivienda y cobrar los gastos al infractor. Pero la falta de recursos financieros o de voluntad de los consistorios hace que esta v¨ªa sea poco frecuente. La consejera de Obras P¨²blicas, Concepci¨®n Guti¨¦rrez, reconoci¨® ayer que esta situaci¨®n lleva a un "retraso excesivo" en la demolici¨®n, lo que resta eficacia a la sentencia y traslada un mensaje equ¨ªvoco a la opini¨®n p¨²blica.

Guti¨¦rrez, en su comparecencia parlamentaria para explicar los presupuestos de Obras P¨²blicas en 2007, anunci¨® que su departamento destinar¨¢ por primera vez una partida econ¨®mica para financiar a los ayuntamientos la demolici¨®n de viviendas ilegales, "sin perjuicio de que posteriormente se repercutan los costes sobre el infractor".

La Consejer¨ªa, que cuenta con un presupuesto de 393 millones para la pol¨ªtica de vivienda y urbanismo, ha asignado seis millones para acelerar las demoliciones. El coste de los derribos var¨ªa seg¨²n las caracter¨ªsticas t¨¦cnicas de los edificios. En Arnuero (Cantabria), donde una sentencia del Tribunal Supremo obliga a demoler 16 urbanizaciones ilegales (denunciadas hace una d¨¦cada), el Ayuntamiento ha adjudicado por 1,3 millones de euros la primera fase del derribo de 144 chal¨¦s adosados y apartamentos. El dinero reservado para 2007 por la Junta ser¨ªa m¨¢s que suficiente para financiar la demolici¨®n de las 240 viviendas ilegales que rodean el conjunto arquitect¨®nico de Medina Azahara (C¨®rdoba), si as¨ª lo decidiera un juez.