Simplificar

Con cierta frecuencia se cr¨ªtica a los gobiernos desde las filas de la oposici¨®n acerca de una actividad legislativa considerada baja; normalmente, los gobiernos ante tales cr¨ªticas se defienden afirmando la suma de leyes y decretos que han surgido de su iniciativa. Sin embargo, tras estas cr¨ªticas y sus r¨¦plicas a la defensiva se encierra un error en la forma de concebir el hecho legislativo. El n¨²mero de p¨¢ginas legislativas del Diario Oficial o los gigabytes de memoria digital ocupados por nuevas leyes no son indicador de eficiencia legislativa ni tan siquiera de buen gobierno. Al contrario, crear normas y controles innecesarios, no consolidar legislaciones y no simplificar las v¨ªas administrativas a trav¨¦s de las cuales el ciudadano ha de cumplir las obligaciones que las leyes le exigen, esto s¨ª que ser¨ªa un error. Legislar mirando el horizonte de la cantidad supone incurrir en el riesgo de legislar de m¨¢s en un mundo especialmente regulado. Dec¨ªa Montesquieu que las leyes in¨²tiles debilitan las necesarias. Si la ¨²nica direcci¨®n para la actividad legislativa fuese la de la complejidad, es decir, si la ¨²nica manera de dejar impronta propia por parte de un ¨®rgano legislativo fuese complicar m¨¢s la vida al ciudadano, nos estar¨ªamos equivocando.

La Administraci¨®n debe percibirse como una herramienta de bienestar y no como un sobrecoste inevitable

El ciudadano precisa y demanda servicios avanzados (educacionales, sanitarios, legales, etc¨¦tera), pol¨ªticas de fomento y de soporte, adem¨¢s de una gesti¨®n segura y de calidad sobre todo lo que le afecta (sanidad, alimentaci¨®n, seguridad viaria, seguridad ciudadana, etc¨¦tera). Todo esto requiere una Administraci¨®n p¨²blica adecuada y unas normas reguladoras que garanticen estos objetivos. Pero esta actuaci¨®n p¨²blica, conforme a las leyes y normas establecidas, recaen en el ciudadano en forma de costes, ya sean indirectos a trav¨¦s de los impuestos o, simplemente, en tiempo destinado a atender los diferentes requerimientos de informaci¨®n o de acci¨®n. Y, obviamente, estos costes repercuten en la competitividad del pa¨ªs y en consecuencia en las expectativas de futuro y bienestar.

No estoy enfatizando propuestas anarquizantes, al contrario. Un sector p¨²blico sensible y cercano al ciudadano significa un sector p¨²blico descentralizado y que establece relaciones eficientes con el ciudadano al prestarle los servicios que este precisa. Ahora bien, para orientarse hacia este objetivo es preciso contemplar la simplificaci¨®n y la facilidad de la relaci¨®n del ciudadano con la Administraci¨®n como una finalidad de primer nivel. Se trata de un objetivo poco aparente, que quiz¨¢ no ofrece vistosidad medi¨¢tica, pero no por este hecho es menos importante.

La Administraci¨®n p¨²blica debe ser sentida como una herramienta facilitadora de bienestar a las personas y para la defensa del progreso del pa¨ªs y de sus sectores productivos, no como un sobrecoste inevitable que a?adir a la sensible econom¨ªa. Esto quiere decir simplificar las leyes, los procedimientos y la gesti¨®n administrativa. No se trata de reducir controles necesarios para garantizar lo que la sociedad demanda, sino de obtener el mismo resultado de una forma menos costosa.

Para avanzar en esta direcci¨®n contamos con un importante aliado en las nuevas tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y la comunicaci¨®n. De aqu¨ª la importancia que el acceso adecuado a estas tecnolog¨ªas y la formaci¨®n correspondiente llegue a todos los rincones de nuestro territorio. Las comunicaciones telem¨¢ticas v¨ªa Internet y la firma electr¨®nica han de permitir acercar los ciudadanos a la Administraci¨®n, y la mayor integraci¨®n de los sistemas de informaci¨®n tiene que facilitar la deseada simplificaci¨®n administrativa. Se trata de un objetivo que est¨¢ a nuestro alcance en plazos relativamente cercanos. La futura Ley de Administraci¨®n Electr¨®nica acelerar¨¢ este proceso.

Ahora bien, es preciso que en paralelo se adecue la legislaci¨®n a esta voluntad simplificadora y al nuevo entorno, con unos medios tecnol¨®gicos avanzados. Convendr¨ªa que por parte de todos los parlamentarios hubiese la preocupaci¨®n acerca de que todo aquello que se regulara -y especialmente lo que afectara a procedimientos administrativos- pasara por el filtro de la m¨¢xima simplificaci¨®n e integraci¨®n, sin perder contenidos necesarios pero sin establecer controles duplicados o prescindibles y que se tuvieran en cuenta los costes administrativos -para la Administraci¨®n y para el ciudadano- que cada nueva regulaci¨®n pudiese suponer; que se dise?aran pensando en aprovechar los potenciales requerimientos de las nuevas tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y la comunicaci¨®n; que no se solicitara al ciudadano m¨¢s informaci¨®n de la precisa y que de la informaci¨®n solicitada se deslindara la que fuese obligatoria de la que pudiera ser ¨²til facilitarla, pero sin car¨¢cter obligatorio. Y en la medida de lo posible, que se integrasen las normas similares en legislaciones compiladoras que las sustituyesen.

Partimos de muchos a?os de inercias, b¨¢sicamente acumulativas, en la legislaci¨®n y en los procedimientos administrativos, es hora de romperlas y revisar lo que tenemos con la finalidad de eliminar cualquier complejidad innecesaria y alcanzar una Administraci¨®n tan avanzada como el pa¨ªs requiere.

Francesc Reguant es economista.