?Una campa?a orquestada por el diablo?

En el documental Las fosas del silencio, de Montserrat Armengou y Ricard Belis, una mujer que asiste a una misa por los muertos franquistas de la guerra de 1936-1939 es preguntada por las actuales exhumaciones de fosas comunes. Responde: "Esto que est¨¢n haciendo es una campa?a orquestada por el diablo. Lo est¨¢n estropeando todo. ?Y nosotros, que les hab¨ªamos perdonado!".

Lo que esa mujer define como una "campa?a orquestada por el diablo" es la labor iniciada por una modesta asociaci¨®n que naci¨® en El Bierzo leon¨¦s y que desde hace seis a?os, sin apoyo del Estado pero con el de numerosos voluntarios, trabaja para ayudar a los familiares de los republicanos y las republicanas asesinados, generalmente, por pistoleros falangistas. Para empezar, a esos familiares se les neg¨® el b¨¢sico y humanitario derecho a darles una sepultura digna.

Cuando la mujer del documental afirma que las exhumaciones de fosas comunes de los desaparecidos republicanos lo est¨¢n "estropeando todo", lo que est¨¢ explicando es que "todo" estaba arreglado. Esa sencilla frase est¨¢ contando muchas cosas de la historia de este pa¨ªs y no s¨®lo de la soluci¨®n que la dictadura ofreci¨® a sus partidarios, sino de la facilidad con la que los franquistas que hicieron carrera bajo su corrupci¨®n pol¨ªtica ingresaron luego en la democracia, sin que fueran derogadas leyes que iban mucho m¨¢s all¨¢ de las reparaciones a las que tiene derecho cualquier v¨ªctima de la violencia.

Al terminar la guerra, los dirigentes franquistas promovieron numerosas y costosas medidas para reparar y ensalzar a las v¨ªctimas de los republicanos. En la Gaceta Oficial del 1 de septiembre de 1939, aparece la Ley sobre provisi¨®n de plazas de la Administraci¨®n del Estado, que reservaba el 80% de los puestos b¨¢sicos de una administraci¨®n p¨²blica "depurada" y repleta de vacantes a mutilados, ex combatientes y familiares de los muertos franquistas en la guerra de 1936-1939. Los boletines oficiales de la posguerra est¨¢n sembrados de medidas similares: becas, concesi¨®n de estancos, miles de puestos en la polic¨ªa o para el ejercicio del magisterio... Las autoridades franquistas promovieron la exhumaci¨®n de fosas comunes, pero exclusivamente de los muertos franquistas. Las labores eran llevadas a cabo por funcionarios p¨²blicos que documentaron esas muertes y fueron reconocidas p¨²blicamente por autoridades religiosas y militares.

Los agentes pol¨ªticos de la transici¨®n ten¨ªan como principal objetivo la consecuci¨®n de una democracia formal, pero dejaron en el tintero el problema de las miles de familias espa?olas que hab¨ªan sido reprimidas durante cuarenta a?os, convertidas en una casta inferior, al servicio de unos vencedores para los que este pa¨ªs fue un bot¨ªn de guerra.

En los ¨²ltimos a?os, sin embargo, la memoria reprimida de los hombres y mujeres que padecieron el franquismo ha incrementado su labor para conquistar los espacios p¨²blicos que merecen quienes fueron perseguidos por sus ideas democr¨¢ticas. Eso ha abierto un hueco en las agendas pol¨ªticas y un debate sobre el pasado que nos civiliza y normaliza con respecto a otras democracias europeas asaltadas, igual que la nuestra, por el fascismo, en la primera mitad del siglo pasado.

Como respuesta, el Gobierno ha redactado un Proyecto de Ley de Memoria Hist¨®rica que deber¨ªa comprometerse con quienes defendieron la existencia de gobiernos democr¨¢ticos y reparar las injusticias que padecieron. Pero la ley que prepara el Gobierno pasa de puntillas por muchas de las cuestiones b¨¢sicas.

El Gobierno no se responsabiliza, por ejemplo, de la b¨²squeda de los desaparecidos, una obligaci¨®n asumida en la Resoluci¨®n de la ONU 47/133, de 18 de diciembre de 1992, que dice en su Art¨ªculo 2, punto 2: "Los Estados actuar¨¢n a nivel nacional, regional, y en cooperaci¨®n con las Naciones Unidas para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzadas". Pero el proyecto gubernamental delega esa responsabilidad en colectivos formados por voluntarios, que en una democracia no deben ser quienes tengan que garantizar los derechos.

Tampoco asume la anulaci¨®n de los juicios sumar¨ªsimos, que tuvieron como consecuencia el fusilamiento, encarcelamiento o destierro de miles de personas y que fueron instruidos por seudotribunales que no ofrec¨ªan ni las m¨¢s b¨¢sicas garant¨ªas para lo que actualmente conocemos como un juicio.

As¨ª el proyecto de ley trata de mantener una equidistancia y asegura que la pol¨ªtica no debe construir la historia, como si no se dise?aran pol¨ªticamente los libros de texto en los que la II Rep¨²blica, la Guerra Civil y la dictadura franquista ocupan un breve espacio al final del temario; lo que tiene como consecuencia, como explicaban los resultados de una encuesta ofrecida por este diario el pasado 18 de julio, que el 35,5% de los espa?oles declare no haber estudiado en sus centros de ense?anza nada acerca de ese periodo.

Setenta a?os despu¨¦s y con una democracia recuperada hace tres d¨¦cadas, el Gobierno debe intervenir en ¨¢mbitos p¨²blicos para construir la justicia que fue negada durante tanto tiempo. Se trata, adem¨¢s, de poner l¨ªmites a una cultura pol¨ªtica franquista que ha sobrevivido hasta nuestros d¨ªas y que enuncia que detr¨¢s del simple ejercicio de los derechos humanos est¨¢ "una campa?a orquestada por el diablo", o que la leg¨ªtima b¨²squeda de la justicia divide a los espa?oles.

Mientras se delegue esa tarea en generaciones venideras, la cultura pol¨ªtica de este pa¨ªs se ver¨¢ resentida por las consecuencias del franquismo y la ciudadan¨ªa no podr¨¢ dedicarse simplemente al conocimiento de su pasado porque tendr¨¢ tareas pendientes con respecto a ¨¦l. Es hora, pues, de que los pocos hombres y mujeres que sobrevivieron a los horrores del franquismo reciban un reconocimiento institucional que nunca han tenido y ofrezcan p¨²blicamente su memoria para que los j¨®venes entiendan que aplastar la libertad, perseguir a quienes la defienden y negar la existencia de los derechos humanos es, precisamente, "estropearlo todo".

Emilio Silva Barrera es presidente de la Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica.