Un juez obliga al Ayuntamiento de Palos a cesar a los vigilantes que ejercen de Polic¨ªa Local

El juzgado de lo Contencioso-administrativo n¨²mero 2 de Huelva ha dictado una sentencia contra el Ayuntamiento de Palos de la Frontera (PP) y favorable al sindicato CSI-CSIF que insta al gobierno local "a cesar en sus funciones a los vigilantes privados que act¨²an en el t¨¦rmino ejerciendo funciones policiales, reservadas a la Polic¨ªa Local". El fallo a?ade que "los vigilantes de dicho Ayuntamiento no deben desempe?ar las funciones propias del cuerpo y, en consecuencia, deben realizar tareas para las que fueron contratados y vestir el uniforme correcto de conformidad a la normativa legal establecida".

La resoluci¨®n judicial da la raz¨®n al sindicato que el 3 de septiembre de 2004 interpuso un recurso contencioso-administrativo en el que denunciaba que el Ayuntamiento de Palos hab¨ªa contratado a "varias personas (en r¨¦gimen laboral) para ejecutar labores de vigilantes, pero que finalmente a esos agentes privados se les asignaron funciones propias de la Polic¨ªa Local para las cuales no estaban habilitados". Contra la sentencia cabe presentar recurso de apelaci¨®n ante el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) en un plazo de 10 d¨ªas.

El sindicato aport¨® en su demanda copia de diferentes partes de actuaci¨®n de la Polic¨ªa Local y denuncias interpuestas frente a la Delegaci¨®n del Gobierno y la Junta de Andaluc¨ªa.

La sentencia se pronuncia tambi¨¦n sobre un informe emitido por la Subdelegaci¨®n del Gobierno en Huelva (que el sindicato incluy¨® en la demanda como prueba documental) en referencia a un escrito efectuado por la Comandancia de la Guardia Civil con fecha del 17 de junio de 2005, que pon¨ªa de manifiesto que el Consistorio "hab¨ªa infringido la ley de coordinaci¨®n de Polic¨ªas Locales" por estos hechos.

El juez considera que la actuaci¨®n de esos vigilantes "quedan fuera del ¨¢mbito que les es propio, penetrando de forma clara en el campo espec¨ªfico de la Polic¨ªa Local, ya que ejercen tareas de regulaci¨®n del tr¨¢fico, corte de calles y acompa?amiento de eventos organizados por el Ayuntamiento, as¨ª como el mantenimiento del orden p¨²blico en eventos deportivos y concentraci¨®n de personas en fiestas y romer¨ªas, que constituyen la esencia de las funciones de la polic¨ªa local".

El informe de la Guardia Civil destacaba el empleo por parte de los vigilantes "de la misma uniformidad que la Polic¨ªa Local y, sobre todo, del mismo equipo b¨¢sico (utilizaci¨®n de la misma dotaci¨®n, veh¨ªculos con los anagramas de la polic¨ªa local, se?ales de emergencia transmisiones y defensa), circunstancias que ponen de relieve la utilizaci¨®n ileg¨ªtima por parte de estos agentes privados de los signos identificativos de la polic¨ªa local".

El portavoz del sindicato CSI-CSIF en Huelva, Nicol¨¢s Orta, salud¨® ayer la sentencia favorable a la organizaci¨®n sindical. "Nos da la raz¨®n sobre unos hechos que ven¨ªamos denunciando desde hac¨ªa tiempo". Los agentes policiales rese?aron que el alcalde hab¨ªa emprendido una "persecuci¨®n" contra ellos "oblig¨¢ndoles a realizar turnos de trabajo en lugares apartados y sin utilidad alguna, como un escombrero o la depuradora municipal de aguas, a hacer rondas a pie o quedar sin funci¨®n, sin argumentos". Por el contrario, las labores propias del cuerpo las efectuaban vigilantes que no cumpl¨ªan los requisitos legales y que carec¨ªan de titulaci¨®n. Esa situaci¨®n provoc¨® que toda la plantilla de la Polic¨ªa Local, formada por 14 agentes, presentara en enero de 2005 una querella contra el alcalde, Carmelo Romero, del PP, en la que le atribuyen cuatro posibles delitos: prevaricaci¨®n, usurpaci¨®n p¨²blica, contra el derecho de los trabajadores y desobediencia a la justicia.

Nicol¨¢s Orta afirm¨® que el respaldo judicial supone un argumento m¨¢s para incorporarlo a la querella contra el regidor popular que fue admitida a tr¨¢mite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero uno de Moguer (Huelva).