Arag¨®n y Castilla-La Mancha advierten que no ceder¨¢n en el conflicto del agua

Los Gobiernos de Arag¨®n y Castilla-La Mancha advirtieron ayer al Ejecutivo central de que defender¨¢n "con u?as y dientes" sus propuestas de reforma estatutaria, que incorporan nuevas competencias sobre la gesti¨®n de los r¨ªos Ebro y Tajo hasta hacer inviable el trasvase de agua a las comunidades de Murcia y Valencia. La vicepresidenta Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega abog¨® por afrontar el problema con "perspectiva de Estado" para hallar una soluci¨®n "que d¨¦ satisfacci¨®n de manera equilibrada a los intereses de todos los ciudadanos y todos los territorios", y defendi¨® la necesidad de "aunar las voluntades territoriales y la soberan¨ªa nacional".

Los presidentes de Arag¨®n y Castilla-La Mancha, que cuentan con el apoyo de los grupos parlamentarios del PP en sus comunidades, anunciaron ayer que no se arrugar¨¢n ante las presiones para cambiar sus propuestas de reforma estatutaria. El PSOE pretende armonizar los intereses de todas las autonom¨ªas e impulsar modificaciones legislativas que permitan a las comunidades estar representadas en las distintas confederaciones hidrogr¨¢ficas que hay en Espa?a. A cambio, quiere suavizar en el tr¨¢mite de enmiendas en el Congreso los textos estatutarios de Arag¨®n y Castilla-La Mancha para evitar el rechazo de los socialistas valencianos y murcianos.

Diputados nacionales del PP y del PSOE de Murcia y Valencia han avisado ya de su negativa a votar los textos de Arag¨®n y Castilla-La Mancha por lo que suponen de agresi¨®n para sus autonom¨ªas. Arag¨®n se reserva una cantidad anual de 6.500 hect¨®metros c¨²bicos del Ebro (casi el doble de lo que consume ahora), mientras Castilla-La Mancha proh¨ªbe el trasvase al Segura a partir de 2015. "Diga lo que diga el PSOE, diga lo que diga el PP, una proposici¨®n hecha por unanimidad de las Cortes de Castilla-La Mancha tiene que ser estudiada con respeto y atendida", se?al¨® ayer Barreda. Los Gobiernos del PP en Valencia y Murcia pidieron a Zapatero que no permita la aprobaci¨®n de "estatutos inconstitucionales".