La batalla pol¨ªtica en la justicia

El reparto de muchos de los organismos reguladores de las funciones del Estado en cuotas de partidos pol¨ªticos se ha convertido, seguramente, en uno de los mayores problemas para el normal funcionamiento democr¨¢tico de este pa¨ªs y en la fuente de un progresivo deterioro de la imagen de esas instituciones.

En el caso de la justicia, tanto en sus ¨®rganos de gobierno como en las c¨²pulas jurisdiccionales, el problema se hace cada d¨ªa m¨¢s patente, porque en los dos casos las mayor¨ªas responden a la composici¨®n del anterior Parlamento, controlado por el Partido Popular. El Gobierno actual y el PSOE deben hacer frente a una situaci¨®n en la que no s¨®lo existe una clara falta de sinton¨ªa, sino que ni tan siquiera pueden contar con una simple actitud de comprensi¨®n o receptividad.

Malestar entre dirigentes socialistas por el hecho de que el ministro de Justicia, candidato a la presidencia de Canarias, se mantenga en el cargo a medio gas

En teor¨ªa, el d¨ªa 7 venci¨® el mandato de los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ¨®rgano de gobierno de los jueces, lo que permitir¨ªa su renovaci¨®n inmediata. En la pr¨¢ctica, resulta imprescindible contar con el acuerdo del PP, y parece probable que el principal partido de la oposici¨®n, que se encuentra muy c¨®modo con el actual Consejo, haga lo posible para prolongar su mandato, en funciones, todo el tiempo que le sea posible.

"Todo ello ocurre, adem¨¢s, cuando el ministro de Justicia est¨¢ pr¨¢cticamente desaparecido", se quejan en determinados sectores socialistas. Juan Fernando L¨®pez Aguilar es candidato a la presidencia de Canarias en las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas, pero contin¨²a al frente del Ministerio de Justicia y aparentemente lo seguir¨¢ haciendo hasta enero, lo que est¨¢ provocando un cierto malestar entre sus compa?eros de partido m¨¢s relacionados con el mundo judicial.

"El colmo", ironiza un diputado del PSOE, "es que se nos acuse de interferir en la marcha de la justicia cuando, en realidad, no s¨®lo no interferimos, sino que ni tan siquiera podemos hacer algo para suavizar la interferencia de otros". "Por no tener, no tenemos ni ministro de Justicia en pleno ejercicio", critica otro diputado socialista, que recuerda que fue precisamente L¨®pez Aguilar quien, cuando el PSOE estaba en la oposici¨®n, negoci¨® la actual composici¨®n del CGPJ e indirectamente de la c¨²pula del Supremo. Incluso particip¨® en la negociaci¨®n de los nombres propuestos para el Tribunal Constitucional, otro ¨®rgano del Estado que depende de las cuotas y en el que los socialistas hacen frente a una composici¨®n formalmente conservadora, aunque en la mayor¨ªa de las ocasiones se le analice mitad por mitad.

El problema, sin embargo, no se plantea en estos momentos en t¨¦rminos de conservadores o de progresistas, lo que ser¨ªa legitimo, sino en t¨¦rminos de identificaci¨®n partidista, mucho m¨¢s dif¨ªciles de lidiar. La descarnada identificaci¨®n o simpat¨ªa de algunos de los miembros del CGPJ o de algunos jueces que ocupan puestos en los m¨¢s importantes tribunales de justicia con determinados grupos pol¨ªticos favorece la impresi¨®n de una c¨²pula judicial embarcada en una batalla no de tendencias pol¨ªticas, sino lisa y llanamente de opciones partidistas y de estrategias electorales.

Opini¨®n p¨²blica

Es cierto que el reparto por cuotas de ¨®rganos de poder y de control no afecta s¨®lo a la justicia. El Consejo de Seguridad Nuclear, por ejemplo, no tiene presidente desde el pasado 26 de octubre, en que su titular cumpli¨® 70 a?os y ces¨® obligatoriamente. No parece que los otros cuatro consejeros del CNS le echen de menos (consideran que su gesti¨®n fue nefasta), pero la verdad es que, de esos cuatro consejeros, dos deber¨ªan tambi¨¦n haberse marchado ya por cumplir su mandato de cinco a?os. Si no lo hacen, y siguen en funciones, es simplemente porque no hay manera de ponerse de acuerdo para elegir a sus sucesores.

Nada es comparable, sin embargo, al efecto que esta pol¨ªtica de cuotas ha tenido en la opini¨®n p¨²blica respecto a la justicia, seg¨²n reconocen pol¨ªticos de todo el espectro parlamentario. Las batallas judiciales son en buena parte responsables de que, seg¨²n el CIS, el 84% de los ciudadanos piense que la justicia no da el mismo trato a todos los espa?oles, de que el 56,3% tenga poca o ninguna confianza en la Administraci¨®n de justicia o de que el 39, 6% de los espa?oles crea que los jueces tienen una independencia baja o muy baja, frente a un escaso 36% que les cree capaces de decidir honestamente.

Es dif¨ªcil que si los miembros del CGPJ demuestran a las claras no su tendencia conservadora o progresista, sino su apoyo a determinadas estrategias de partidos, los ciudadanos puedan terminar creyendo que son capaces de controlar las inclinaciones partidistas de los jueces a los que la sociedad les ha encargado que vigilen, reconocen incluso algunos miembros del Consejo.