La escalada de la violencia callejera sit¨²a el proceso de paz en un momento cr¨ªtico

El proceso para el final dialogado de la violencia pasa por un momento cr¨ªtico. La cadena de incidentes callejeros en Euskadi, culminada el viernes por la noche en Bilbao con el ataque de unos encapuchados a dos polic¨ªas municipales (a uno de los cuales intentaron quemar vivo), ha encendido las alarmas pol¨ªticas, incluidas las del Gobierno central y el vasco.

Un portavoz del Ministerio de Interior consider¨® que los hechos constituyen un "paso atr¨¢s" que "afecta a la esencia del proceso, que es el fin de la violencia". La vicepresidenta, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, a?adi¨® que el Ejecutivo no aceptar¨¢ "intimidaciones ni chantajes" y que, en consecuencia, no va a "cambiar de rumbo" ni a moverse "ni un mil¨ªmetro" de las reglas fijadas de abandono de la violencia.

El Gobierno socialista califica el ¨²ltimo ataque como un "paso atr¨¢s" y afirma que no acepta "intimidaciones"

El Ejecutivo de Ibarretxe considera de una "gravedad extraordinaria" el intento de quemar vivo a un polic¨ªa en Bilbao

Fuentes de Batasuna aseguran que no controlan a De Juana Chaos ni las organizaciones que apoyan su huelga

El PSE responsabiliza directamente a Otegi de la violencia y le exige que la desactive

A estas cr¨ªticas se sum¨® la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, quien consider¨® los hechos de "gravedad extraordinaria". Y apostill¨®, dirigi¨¦ndose a Batasuna: "Si antes ten¨ªamos ya suficientes luces naranjas encendidas", ahora "tenemos que hacer una llamada de atenci¨®n a quienes dicen que quieren sacar la lucha de la calle". El dirigente del PNV, I?igo Urkullu, llam¨® la atenci¨®n a Batasuna porque "no se puede llevar adelante un proceso en el que haya expresiones de violencia".

Esta l¨ªnea cr¨ªtica fue mantenida por todos los dem¨¢s partidos democr¨¢ticos. Unos y otros reclamaron a la izquierda abertzale que condene la "grav¨ªsima" violencia callejera. El PSE fue especialmente duro al responsabilizar a Batasuna de los graves incidentes del viernes.

Por los ataques de Bilbao han sido detenidos dos j¨®venes. Uno de ellos, de 18 a?os, ha sido puesto a disposici¨®n judicial acusado de des¨®rdenes p¨²blicos y atentados. El otro, de 17 a?os, seguir¨¢ en dependencias policiales a la espera de lo que decida la fiscal¨ªa de menores, que ha pedido la pr¨®rroga de su detenci¨®n.

Para los partidos citados la ¨²ltima agresi¨®n de la kale borroka (lucha callejera) es un "salto cualitativo" en la regresi¨®n que el proceso atraviesa desde agosto. Desde esas fechas, ha reaparecido el terrorismo callejero muchos fines de semana, ETA ha perpetrado el robo de 341 pistolas en el sureste de Francia, a fines de octubre, y en una escalada creciente y peligrosa, el viernes unos encapuchados estuvieron a punto de abrasar a un polic¨ªa municipal.

La denuncia de esta regresi¨®n que el Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero ha dirigido, este mismo fin de semana, a los l¨ªderes de Batasuna y de ETA aparece unida a otro mensaje: "Cuando comparan la kale borroka con 'las agresiones' de los jueces es que no han entendido nada de este proceso".

Este mensaje va dirigido a los l¨ªderes de Batasuna. Estos tratan de justificar la kale borroka como una respuesta a la sentencia judicial que ha condenado por amenazas al preso etarra I?aki De Juana a 12 a?os y medio de prisi¨®n por dos art¨ªculos publicados en Gara. Batasuna ha tratado de trasladar al Gobierno la responsabilidad de dicha sentencia, y le ha reclamado que utilice la mayor¨ªa de que dispone en el Parlamento para reformar leyes -como la Ley de Partidos o el C¨®digo Penal- ante la actitud de algunos jueces que, con sus sentencias, "obstaculizan el proceso".

El Gobierno, atrapado en la din¨¢mica de la nueva huelga de hambre de De Juana en protesta por la dura sentencia de la Audiencia Nacional y la kale borroka, se ha decantado por exigir a ETA y Batasuna que cumplan con sus compromisos de abandono de la violencia, en un caso, y de asumir el protagonismo pol¨ªtico del proceso, en el otro.

El Ejecutivo, seg¨²n fuentes socialistas, no se encuentra en condiciones de pedir a los jueces que sigan en sus sentencias las recomendaciones de la Fiscal¨ªa General del Estado para que act¨²en con una flexibilidad acorde con los nuevos tiempos. Esta posibilidad qued¨® debilitada una vez que la kale borroka rebrot¨® en agosto y ha quedado muy tocada cuando la violencia, lejos de aminorarse desde entonces, se ha agravado con el robo de pistolas por parte de ETA en una armer¨ªa francesa a finales de octubre.

"?C¨®mo puede decidirse un juez a ser flexible en una sentencia a un miembro de ETA despu¨¦s de ese robo, cuando, si le absuelve, no tiene garant¨ªas de que pueda ser uno de los que tomen esas armas para matar a un ciudadano?", se?alaba esta semana un miembro relevante del Gobierno.

El Ejecutivo tiene claro que s¨®lo es posible una flexibilizaci¨®n de la justicia con los etarras presos cuando ETA "d¨¦ muestras inequ¨ªvocas de abandonar la violencia". En ese momento, habr¨¢ un cambio en la opini¨®n p¨²blica que empujar¨¢ a los jueces a actuar de acuerdo con los "tiempos de distensi¨®n". Antes no es posible y, por tanto, el Ejecutivo cree que son ETA y Batasuna las que tienen que hacer el esfuerzo de detener la violencia, pues la base del proceso de paz no es otra que "avanzar en la medida en que desaparezca la violencia", como dice la resoluci¨®n parlamentaria de mayo de 2005, base del proceso.

Sin embargo, Batasuna, seg¨²n aseguran fuentes cercanas a esta organizaci¨®n, no controla ni las decisiones de I?aki De Juana, como su huelga de hambre, ni tampoco sus organizaciones de apoyo, que son aut¨®nomas, como Askatasuna.

La direcci¨®n de Batasuna tiene ante s¨ª el reto de que De Juana puede convertirse en un s¨ªmbolo en la izquierda abertzale. Y si su huelga de hambre se prolonga teme que incida de manera muy seria en la kale borroka, que, de hecho, se reanud¨® en agosto, al calor de la primera huelga de hambre del preso de ETA. Por ello, la direcci¨®n de Batasuna trata de ponerse al frente de las manifestaciones a favor de De Juana para controlar la situaci¨®n.

En estas condiciones, ni en Batasuna ni en el Gobierno hay ninguna garant¨ªa de que la violencia amaine en los pr¨®ximos d¨ªas y semanas, que es lo mismo que decir que nadie se atreve a hacer pron¨®sticos sobre el futuro del proceso. ?sta, su incertidumbre, es una novedad respecto a las crisis precedentes que el proceso ha padecido en los m¨¢s de siete meses pasados desde la declaraci¨®n del alto el fuego permanente del 22 de marzo.

Precisamente, una de las paradojas de este proceso es que ha encallado donde no esperaban sus protagonistas, en la puesta en marcha de la mesa de di¨¢logo entre el Gobierno y ETA, que no puede constituirse por la presencia de la violencia. Sin embargo, en el terreno pol¨ªtico, que corresponde a los partidos vascos, las fuentes consultadas coinciden en que en pocas semanas podr¨ªa cerrarse un preacuerdo sobre metodolog¨ªa y contenidos de la mesa de partidos, aunque la constituci¨®n formal de ese foro podr¨ªa aplazarse a la celebraci¨®n de las elecciones municipales de mayo, previa legalizaci¨®n de la izquierda abertzale.

Los avances en este terreno son los que hacen pensar a los partidos vascos que es dif¨ªcil la marcha atr¨¢s en el proceso. Pero tampoco ninguno se atreve a hacer un pron¨®stico definitivo ante la escalada violenta de las ¨²ltimas semanas.

En este sentido, el Gobierno desoye la reclamaci¨®n del PP de que "rompa el proceso". "Esa reclamaci¨®n no se entiende. Si ya hemos dicho que con ETA no hay di¨¢logo mientras haya violencia, ?qu¨¦ es lo que nos quiere decir el PP con esa reclamaci¨®n?", reflexionan fuentes gubernamentales.

Aunque el Ejecutivo sostiene que es ETA la que tiene que dar muestras de que quiere la continuidad del proceso con el cese absoluto de la violencia, tampoco duda de que el PP seguir¨¢ poniendo todas las trabas posibles al mismo. El PP ya ha anunciado que combatir¨¢ el proceso, una vez que lo ha colocado en el centro de su estrategia electoral, al dejar de lado el 11-M y la pol¨ªtica territorial, tras su pacto con el PSOE en la reforma del Estatuto andaluz.