La regulaci¨®n injusta y rancia de un gremio insolente

Hace pocas semanas, la Comisi¨®n Europea requiri¨® al Gobierno espa?ol para que suprimiese las restricciones todav¨ªa existentes a la apertura y la propiedad de las oficinas de farmacia. El Gobierno rechaz¨® el requerimiento (sin razones; s¨®lo aleg¨® vulgaridades, que adem¨¢s no ven¨ªan al caso: la amplitud de la red de farmacias, la calidad del servicio y la satisfacci¨®n de los ciudadanos, como si en los pa¨ªses con libertad de establecimiento y competencia la poblaci¨®n estuviera menos atendida o menos satisfecha) y defendi¨® "firmemente" el actual estado de cosas en Espa?a. El Gobierno, pues, no ha dudado en oponerse a la Comisi¨®n Europea para mantener nuestra regulaci¨®n injusta y rancia que otorga a las farmacias privilegios inadmisibles y hasta insolentes en una sociedad democr¨¢tica asentada en el libre mercado y en la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Privilegios econ¨®micos y gremiales como los siguientes:

La normativa protege mucho m¨¢s la actividad regulada que al consumidor

1. Barreras de entrada. Las oficinas de farmacia est¨¢n sujetas a planificaci¨®n con el fin, declarado en las leyes, de asegurar la igualdad de acceso a los medicamentos de todos los espa?oles.

Un fin tan artificial y absurdo que obliga a preguntarse por qu¨¦ se conf¨ªa a la libertad de comercio, tan ajena a la equidad, la oferta de otros productos (alimentos, casas, ropas, combustibles) casi siempre mucho m¨¢s necesarios que los farmac¨¦uticos.

En realidad, la planificaci¨®n no es m¨¢s que el pretexto para restringir las nuevas boticas, una especia de c¨¢nula de gota a gota en provecho, claro, de las ya establecidas, cuyo valor de traspaso o venta es muy elevado y aumenta sin cesar. La escasez y las condiciones con que se conceden las licencias de apertura constituyen injustificables barreras de entrada al sector.

2. Monopolios territoriales. Cada farmacia es una expendedur¨ªa monopolista semejante a los estancos de la antigua Tabacalera, con un territorio propio medido con minuciosidad: se cuenta el n¨²mero de habitantes, se fijan las distancias con otras farmacias y se regula incluso la misma pr¨¢ctica de la medici¨®n.

As¨ª a cada farmacia se le agracia con una parcela exclusiva del mercado y los consiguientes beneficios, de tal modo que no hay noticia de que alguna haya suspendido pagos. ?Qu¨¦ derecho a tan confortable seguridad pueden tener las farmacias que no tengan las carnicer¨ªas, o las pescader¨ªas, o los bufetes de abogado, o las cl¨ªnicas m¨¦dicas privadas, etc¨¦tera, que han de vivir cada d¨ªa en la incertidumbre?

3. La propiedad atada al t¨ªtulo. Cualquier hombre o mujer que disponga de los recursos precisos es libre de comprar la propiedad de cualquier negocio l¨ªcito, sea de lo que sea. Excepto el de farmacia, del que ¨²nicamente los farmac¨¦uticos pueden ser propietarios.

Con el evidente prop¨®sito de reforzar el gremialismo y extremar las cortapisas a la competencia, las leyes farmac¨¦uticas espa?olas atan la propiedad al t¨ªtulo y, como consecuencia, proh¨ªben a todos los espa?oles que no son farmac¨¦uticos invertir en el comercio minorista de medicamentos.

Recortan la libertad constitucional de los ciudadanos a la vez que crean un coto financiero fuera de la normalidad profesional, laboral y econ¨®mica del pa¨ªs. Un disparate. ?Cabe siquiera pensar en una sociedad donde, como sucede ahora con los boticarios y las boticas, s¨®lo los titulados de cada profesi¨®n pudieran ser propietarios de los negocios y empresas dependientes del ejercicio de esa profesi¨®n? ?Los arquitectos, por ejemplo, de las compa?¨ªas constructoras, o los marinos de las navieras, o los pilotos de las de aviaci¨®n?

4. Precios m¨¢ximos. El poder de monopolio de las farmacias, manejado con habilidad por los colegios de la profesi¨®n ha hecho creer a los ciudadanos que los precios de los medicamentos son inalterables.

A nadie se le ocurre esperar y menos pedir rebajas en la farmacia. Sin embargo, esos precios son los m¨¢ximos y son flexibles: el farmac¨¦utico si quiere puede reducirlos con descuentos (Tribunal de Defensa de la Competencia, La competencia en Espa?a, 1995, p¨¢ginas 231/247).

Flexibilidad que el Ministerio de Sanidad y Consumo nunca ha hecho saber a los consumidores. Los ha dejado en la ignorancia y el error con un silencio que es oro para las farmacias.

En Espa?a, las leyes de ordenaci¨®n farmac¨¦utica componen un rotundo ejemplo de lo que los americanos llaman regulatory capture: cuando la normativa protege m¨¢s -en este caso, mucho m¨¢s- a la actividad regulada que al consumidor. Miman a las farmacias con ins¨®litas prerrogativas a costa del dinero y la independencia de los consumidores.

El Sistema Nacional de Salud, pagador de m¨¢s del 80% del gasto nacional en medicamentos, es el principal damnificado.

Que el Gobierno socialista y democr¨¢tico de una naci¨®n de econom¨ªa liberal niegue, en amparo de los privilegios privados de 20.000 farmacias, la libertad y la transparencia en el comercio farmac¨¦utico que la Comisi¨®n Europea requiere en beneficio de 40 millones de ciudadanos y de la sanidad p¨²blica es, adem¨¢s de in¨²til (v¨¦ase la OPA de E.ON), escandaloso y rid¨ªculo.

Enrique Costas Lombard¨ªa es economista.