C¨¦sped para recalificar
La imparable progresi¨®n de la marea de cemento que busca plusval¨ªas en la recalificaci¨®n del suelo se extiende tambi¨¦n a los terrenos para uso deportivo. Los grandes clubes de f¨²tbol han encontrado una v¨ªa segura para obtener importantes ganancias mediante el cambio de destino de los estadios o ciudades deportivas, que se convierten en grandes n¨²cleos de viviendas u oficinas. Pocos equipos se libran de esta fiebre. Real Madrid, Sevilla, Valencia, Betis, Zaragoza o Valladolid ya han extra¨ªdo las plusval¨ªas de los terrenos deportivos o est¨¢n a punto de hacerlo; Barcelona, Espanyol, Atl¨¦tico de Madrid, Levante o Sporting de Gij¨®n preparan sus propios planes de recalificaci¨®n para someterlos a las autoridades locales. Entre el precio del suelo pagado en origen para construir campos de f¨²tbol o zonas de entrenamiento, probablemente descontado adem¨¢s por ventajas p¨²blicas concedidas por las instituciones para estimular el deporte, y el precio que se paga hoy en zonas c¨¦ntricas de las ciudades por el metro cuadrado media una distancia sideral.
El problema m¨¢s acuciante que plantean las recalificaciones de zonas deportivas es el meramente urban¨ªstico. La acumulaci¨®n de viviendas y oficinas en ¨¢reas urbanas acarrea dificultades log¨ªsticas que los equipos municipales de urbanismo deber¨ªan estar en condiciones de resolver, aunque no siempre lo hacen. No se trata tan s¨®lo de que las grandes torres, los rascacielos superpoblados o las zonas comerciales que se extienden por las ciudades y alrededores tengan agua y electricidad; tambi¨¦n de que se busquen soluciones al transporte para no asfixiar el tr¨¢fico de entrada y salida de una ciudad o se generen puntos negros en seguridad ciudadana.
Las condiciones para que las recalificaciones deportivas no se constituyan en un problema pol¨ªtico y social difieren poco de las del resto del suelo, de triste actualidad debido a casos como el de Marbella, Telde, Ciempozuelos, Sese?a o casi toda la costa levantina. Pueden sintetizarse gen¨¦ricamente en control de legalidad -aunque urge una reforma para reforzar e independizar la funci¨®n de los interventores municipales-, informaci¨®n transparente a los ciudadanos, respuesta r¨¢pida de la justicia en caso de que sea requerida y aplicaci¨®n de pol¨ªticas urban¨ªsticas que corrijan los estrangulamientos derivados de la acumulaci¨®n de habitantes en ¨¢reas restringidas de poblaci¨®n.
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