La fiscal¨ªa archiva el caso de los informes secretos de la ¨¦poca de CiU

Ni malversaci¨®n ni infidelidad en la custodia de documentos. El fiscal considera que no hay delito en el caso de los 12 estudios o encuestas encargados por los gobiernos de CiU entre 1998 y 2003 que no se hicieron p¨²blicos. Con todo, la fiscal¨ªa constata irregularidades administrativas y precisa que el uso partidista de los informes "no deja de ser una mera sospecha m¨¢s o menos fundada, pero no una certeza".

El fiscal realiza estas consideraciones en un acuerdo de archivo de las diligencias abiertas tras la denuncia que present¨® el diputado de ICV Joan Boada en febrero de este a?o. En aquella fecha trascendi¨® que los gobiernos de CiU hab¨ªan realizado 12 estudios que no se inscribieron en el Registro P¨²blico de Encuestas y Estudios de Opini¨®n de la Generalitat.

ICV entendi¨® que se hab¨ªa realizado una utilizaci¨®n partidista de esos informes, pagados con dinero p¨²blico, para beneficiar a CiU. Tras varios meses de investigaci¨®n, el fiscal concluye que esa "hip¨®tesis l¨®gica" no ha podido ser apoyada por indicios, por lo que el caso debe archivarse. En este tiempo declararon tres personas como testigos y otra como imputado. Fue Josep Camps Roca, director general de Evaluaci¨®n y Estudios, dependiente de la Presidencia de la Generalitat, de 2000 a 2003.

El fiscal distingue entre los informes de contenido sociol¨®gico, referidos a cuestiones sociales o culturales, y los de materia pol¨ªtica, que tratan de la intenci¨®n de voto y la valoraci¨®n de los l¨ªderes. En ambos casos, la fiscal¨ªa considera que "no son ajenos al inter¨¦s p¨²blico de la Administraci¨®n" y a?ade que todas las administraciones los encargan con cierta asiduidad.

Censura p¨²blica

Por ello, el fiscal explica que no es ¨¦l quien debe determinar el acierto de esas pr¨¢cticas y su utilidad. "Su cuestionamiento o su censura corresponde, en su caso, a la opini¨®n p¨²blica y a los ¨®rganos pol¨ªticos", afirma la fiscal¨ªa.

En otro apartado se recuerda que si entre los a?os 1998 y 2003 no se registraron esos 12 estudios, s¨ª se inscribieron otros 281 y que durante el mandato de Camps como director general se hizo lo mismo con otro centenar de informes. De ah¨ª que se considere "un hecho excepcional" y no una "pr¨¢ctica generalizada" ese ocultamiento de los informes. A?ade, adem¨¢s, el fiscal que los estudios no registrados se refieren a temas diversos, que van desde una encuesta electoral hasta la calidad del servicio de los bomberos, los valores de los catalanes y "el conflicto COPE".

M¨¢s all¨¢ de eso, el fiscal constata que el tema de fondo es la "deficiente regulaci¨®n" que exist¨ªa sobre esa materia. Eso explica "la existencia de evidentes irregularidades administrativas" en la contrataci¨®n de esos estudios o encuestas, pero sin relevancia penal, as¨ª como un "deficiente funcionamiento organizativo" de la citada direcci¨®n general. En este sentido, el fiscal tambi¨¦n constata una "insistente" utilizaci¨®n del procedimiento de urgencia en la contrataci¨®n de los informes y un uso frecuente de la pr¨®rroga y modificaci¨®n de los contratos, en lugar de tramitar otros nuevos.