Da?os colaterales

Hablamos y discutimos sin pausa del precio pol¨ªtico que se va a pagar (o no) por el fin de la violencia terrorista, como si ese precio fuera el ¨²nico coste del proceso. Pero la realidad cotidiana nos demuestra una y otra vez que, junto al coste pol¨ªtico pagadero directamente a los terroristas o sus representantes, est¨¢n los costes pol¨ªticos que estamos ya pagando todos los dem¨®cratas en forma de da?os colaterales en la legitimaci¨®n del Estado de Derecho. Y que esos da?os colaterales son consecuencia directa de una improvisaci¨®n y chapucer¨ªa notable por parte de quien puso en marcha este proceso. ?Por qu¨¦? Por la sencilla raz¨®n de que no reflexion¨® ni previ¨® en su momento c¨®mo compatibilizar ese proceso (pol¨ªtico) con los procesos (judiciales) en marcha y con la aplicaci¨®n de las propias normas jur¨ªdicas aprobadas en los ¨²ltimos a?os. Alegremente se crey¨®, y ah¨ª empieza la chapuza, que se podr¨ªa controlar al Poder Judicial con el simple expediente de animar a los jueces y tribunales a hacer una especie de uso alternativo del Derecho a trav¨¦s de una aplicaci¨®n desaforada del art¨ªculo 3-1? del C¨®digo Civil en el punto en que menciona "la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas" como par¨¢metro interpretativo de las leyes. Sean ustedes conscientes de los tiempos magn¨ªficos que vivimos y apliquen las normas en consonancia, se les dijo.

Y esos da?os son consecuencia directa de una improvisaci¨®n y chapucer¨ªa notable

Como sabe cualquier jurista, el precepto en cuesti¨®n no daba para tanto como se le ped¨ªa. Pues el llamado "elemento sociol¨®gico" de la interpretaci¨®n jur¨ªdica no justifica el arbitrio judicial sistem¨¢tico, aunque s¨®lo sea porque el juez, perito exclusivamente en Derecho y funcionario no elegido, carece de cualquier legitimaci¨®n cient¨ªfica o democr¨¢tica para averiguar por s¨ª mismo cu¨¢l es esa "realidad social" y m¨¢s a¨²n para determinar los valores que han de regir la convivencia (Lacruz Berdejo). Pero, eso s¨ª, lo que se ha conseguido con esa invitaci¨®n alegre a la leer los tiempos es desatar una ola de da?ino activismo judicial. Porque, como es obvio, no s¨®lo los jueces progresistas pueden leer el sentido de la realidad social y pol¨ªtica, sino tambi¨¦n los conservadores. Lo terrible es que lo har¨¢n en forma contradictoria, porque no estar¨¢n sino dando rienda suelta a sus prejuicios y preferencias pol¨ªticas. Al final, la torpeza del Gobierno no ha hecho sino provocar el arbitrismo judicial en la interpretaci¨®n de las normas y, con ello, generar una inevitable deslegitimaci¨®n del poder judicial ante la opini¨®n p¨²blica, que contempla at¨®nita c¨®mo un mismo hecho puede ser considerado como leg¨ªtimo por el juez Baltasar Garz¨®n y como constitutivo indiciariamente de delito por el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco.

A esa deslegitimaci¨®n colaboran entusiastas, c¨®mo no, los diversos ¨®rganos pol¨ªticos afectados por las decisiones, que han aprendido r¨¢pida y eficazmente el estribillo que irresponsablemente puso en marcha el Gobierno. El que me condena o me imputa es un tribunal de extrema derecha que s¨®lo quiere torpedear la paz, y el que no lo hace es un juez vendido al Gobierno, que se pliega d¨®cilmente a sus dictados; en cualquier caso, todos son esclavos de sus pasiones pol¨ªticas. Estremece escuchar a pol¨ªticos tales que Gorka Kn?rr o Kontxi Bilbao afirmaciones o insinuaciones de que magistrados como Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez, Siro Garc¨ªa o el resto de los componentes de la Sala del Tribunal Supremo se pliegan a la extrema derecha. ?Saben siquiera de qui¨¦nes est¨¢n hablando? Como estremece o¨ªr decir al Gobierno vasco que la imputaci¨®n del lehendakari no le saldr¨¢ gratis al Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco. ?Es que hemos perdido el sentido com¨²n?

Juan Mar¨ªa Atutxa, como en casi todas sus decisiones importantes al frente del Parlamento vasco, actu¨® de manera marrullera, esquiva y poco noble cuando evit¨® aplicar el mandato del Tribunal Supremo de disolver un grupo parlamentario. No me siento capaz de opinar sobre si cometi¨® delito al obrar as¨ª (m¨¢s bien me inclino por la negativa), pero lo que era bastante predecible es que la larga cambiada que el Tribunal Superior le dio al caso en su momento no pod¨ªa sostenerse ante el Tribunal Supremo.

Mantener que la inviolabilidad parlamentaria amparaba a los acusados en materias que patentemente exced¨ªan de la expresi¨®n pol¨ªtica de opiniones era un argumento equivocado y, lo que es m¨¢s grave, supon¨ªa impl¨ªcitamente afirmar que el mismo Tribunal Supremo habr¨ªa delinquido cuando orden¨® la disoluci¨®n del grupo parlamentario de Batasuna, puesto que habr¨ªa intentado violar la libertad de los parlamentarios. Vamos, que la anulaci¨®n de la previa sentencia estaba cantada, y la verg¨¹enza para cualquier dem¨®crata es ver que ello se ha hecho a petici¨®n de un sindicato de impresentables extremistas, mientras el fiscal defend¨ªa lo indefendible.

Y vuelvo al principio. Espero fervientemente que el proceso termine bien, e incluso creo que hay datos objetivos que avalan esa esperanza. Concedido lo cual, hay que reconocer tambi¨¦n que estamos gobernados por unos saltimbanquis pol¨ªticos que hacen de la chapuza y la improvisaci¨®n su particular versi¨®n de la virtud pol¨ªtica.

Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Soroa es abogado.