El Gobierno impone nuevas medidas para evitar planes como los de Sese?a o Cullera

Los desarrollos urban¨ªsticos que supongan crecimientos superiores al 20% de la poblaci¨®n del municipio donde se produzcan deber¨¢n tramitarse como una revisi¨®n del Plan General, con lo que aumentar¨¢n los controles y el tiempo de tramitaci¨®n. ?sa es una de las nuevas medidas que el Gobierno incorpora a trav¨¦s de las enmiendas que el PSOE presentar¨¢ al proyecto de Ley del Suelo. En el Ejecutivo se reconoce que no se ha podido ir m¨¢s all¨¢ ante el riesgo de chocar con las competencias exclusivas de las comunidades aut¨®nomas. PP, CiU y BNG defienden hoy en el Congreso enmiendas a la totalidad.

El Gobierno tiene altas expectativas en esta nueva ley porque, en su opini¨®n, cambiar¨¢ radicalmente la filosof¨ªa del valor y el uso del suelo. Aunque el texto se ha elaborado con sumo cuidado, los socialistas han enmendado su propia ley, a trav¨¦s del grupo parlamentario, en el intento de hacer muy dif¨ªciles desarrollos urban¨ªsticos desaforados, como los que se producir¨¢n, por la ley a¨²n vigente, en Sese?a (Toledo) o Cullera (Valencia). Cuando se pretenda una determinada actuaci¨®n urban¨ªstica que suponga un incremento superior al 20% de la poblaci¨®n o de la superficie del suelo urbanizado del municipio o ¨¢mbito territorial, se exigir¨¢ el paso del proyecto por el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana.

Adem¨¢s, y para evitar trampas, se sumar¨¢n todas las operaciones que se hagan en ese suelo urbanizado durante dos a?os, de tal manera que se evitar¨¢, como ocurre ahora, que las actuaciones se produzcan en tandas peque?as que evitan su revisi¨®n. Aunque cada comunidad aut¨®noma tiene su propia legislaci¨®n, en muchos casos la operaci¨®n es autorizada por el ayuntamiento o supone la autorizaci¨®n de puro tr¨¢mite de un servicio de la comunidad aut¨®noma. Ahora los controles se extremar¨¢n sustancialmente al tener que pasar por el filtro del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana.

?sta es la enmienda m¨¢s relevante que ha presentado el PSOE creando un nuevo apartado al art¨ªculo 15 de la ley que sali¨® de la mano de la ministra de Vivienda, Mar¨ªa Antonia Trujillo, que hoy defender¨¢ en la tribuna de oradores del Congreso la ley, frente a los tres grupos que han presentado enmiendas a la totalidad: PP, BNG y CiU. El portavoz parlamentario del PSOE en esta ley y en los temas de vivienda, Francisco Contreras, resalta el calado de esta media habida cuenta de que con la ley de 1998, del PP, que el Gobierno quiere cambiar, todo el suelo en Espa?a es urbanizable.

Temor a pisar competencias

Algo m¨¢s hubieran querido hacer la ministra Trujillo y los ponentes de la ley, Francisco Contreras y el portavoz adjunto, Josep Antoni Santamar¨ªa. Incluso hab¨ªa borradores en los que se establec¨ªa un control del Estado m¨¢s directo. Finalmente, se ha desistido ante la certidumbre de que chocar¨ªa con las competencias exclusivas en vivienda y ordenaci¨®n del territorio de las comunidades aut¨®nomas. Se ha destimado, aunque se baraj¨®, la creaci¨®n de un Consejo Nacional del Suelo, como ¨®rgano superior de car¨¢cter consultivo de la Administraci¨®n General.

As¨ª, s¨®lo se ha optado por una medida muy discreta de intervenci¨®n estatal, seg¨²n la cual "la Administraci¨®n General del Estado participar¨¢ en los procedimientos de ordenaci¨®n territorial y urban¨ªstica en la forma que determine la legislaci¨®n en la materia".

Esto quiere decir que la ley prev¨¦ la participaci¨®n del Gobierno en las decisiones sobre ordenaci¨®n territorial y urban¨ªstica que afectan de forma directa a sus competencias en materias tales como vivienda, edificaci¨®n, suelo, aguas, costas e infraestructuras, cuando as¨ª lo prevea la legislaci¨®n urban¨ªstica, como en efecto ocurre en muchas autonom¨ªas. No obstante, tanto CiU como BNG basan sus enmiendas de totalidad en una supuesta usurpaci¨®n del Estado de las competencias auton¨®micas.

Algunas de las demandas de los notarios han sido muy bien acogidas por cuanto aportan claridad a los procesos.

El PSOE presenta una enmienda seg¨²n la cual para autorizar escrituras de declaraci¨®n de obra nueva en construcci¨®n, los notarios "exigir¨¢n, para su testimonio, la aportaci¨®n del acto de conformidad, aprobaci¨®n o autorizaci¨®n administrativa que requiera la obra seg¨²n la legislaci¨®n de ordenaci¨®n territorial y urban¨ªstica, as¨ª como certificaci¨®n expedida por t¨¦cnico competente y acreditativa del ajuste de la descripci¨®n de la obra al proyecto que haya sido objeto de dicho acto administrativo".

El Gobierno, con el apoyo de su grupo parlamentario, pretende actuar donde puede, seg¨²n sus competencias. Y cree que puede en tres campos: En las calificaciones del suelo, en las recalificaciones y en los convenios urban¨ªsticos. Se establece un nuevo r¨¦gimen de valoraciones sobre la situaci¨®n real en que se encuentra el suelo, en el momento de la tasaci¨®n, incluyendo todos los riesgos asumidos e inversiones hechas, pero no las puras expectativas de lo que pueda llegar a valer. Se establece un porcentaje m¨ªnimo de reserva del 25% del suelo para vivienda protegida.

IU quiere m¨¢s garant¨ªas para la vivienda de protecci¨®n oficial y en sus 70 enmiendas pretende extremar los controles, desde las comunidades aut¨®nomas, para impedir pr¨¢cticas especulativas.