La lucha internacional contra la violencia de g¨¦nero

Hoy, d¨ªa 25 de noviembre, fue declarado por la Asamblea General de la ONU D¨ªa Internacional para la Eliminaci¨®n de la Violencia contra las Mujeres. La decisi¨®n se adopt¨® el 17 de diciembre de 1999, invitando a los Gobiernos e instituciones nacionales e internacionales de todo el mundo a organizar ese d¨ªa actividades destinadas a fomentar la conciencia p¨²blica sobre este c¨¢ncer social. El precedente de esta efem¨¦rides se remonta a la solicitud efectuada en el Primer Encuentro Feminista en Latinoam¨¦rica, celebrado en Colombia en 1981, para rendir homenaje a las tres hermanas Mirabal: estas activistas pol¨ªticas dominicanas fueron torturadas y asesinadas por agentes del Servicio Militar de Inteligencia de Le¨®nidas Trujillo por defender los derechos de las mujeres y las libertades pol¨ªticas durante su b¨¢rbara dictadura. El 25 de noviembre de 1969 fueron encontradas cubiertas de sangre en el fondo de un barranco, tras haber sido estranguladas y destrozadas a golpes.

Este d¨ªa es, pues, una jornada para la reflexi¨®n. El balance forzosamente ha de ser cr¨ªtico: diariamente se violan en el mundo los derechos humanos de miles de mujeres, que sufren la violencia en todas sus facetas: la f¨ªsica, sexual y psicol¨®gica. Ello acontece en todos los ¨¢mbitos: en el familiar (malos tratos, abuso sexual de las ni?as, violaci¨®n a manos del marido), en el pol¨ªtico-religioso (mutilaci¨®n genital femenina, exclusi¨®n social) y socioecon¨®mico (explotaci¨®n laboral y sexual). Durante a?os, estas manifestaciones de violencia se consideraron un asunto de ¨¢mbito privado. Para modificar esta realidad fue necesario que Naciones Unidas en el a?o 1993 declarase que "la violencia contra las mujeres es un grave problema para los Estados porque atenta a los derechos humanos y obstaculiza el desarrollo de los pueblos".

La violencia criminal machista en Espa?a en el ¨¢mbito de la pareja o ex pareja constituye hoy la primera causa de mortalidad violenta dolosa, es decir, intencionada, de mujeres en nuestro pa¨ªs: 62 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de a?o por sus maridos o ex compa?eros sentimentales, 65 el a?o pasado, 69 en el a?o 2004, 67 en el a?o 2003, por citar s¨®lo los ¨²ltimos. Su origen, entre otros factores, se encuentra, en la historia y en la cultura. En la historia de la estructura familiar patriarcal basada en una pretendida superioridad del hombre sobre la mujer. Un problema at¨¢vico que responde a una construcci¨®n social que ha potenciado un reparto desigual de las actividades productivas, creando unos roles sociales asignados en funci¨®n del sexo. Es en el marco de la cultura patriarcal donde se ha desarrollado la violencia masculina, al ser ¨¦sta el instrumento m¨¢s expeditivo para controlar las relaciones abusivas de poder.

Nos enfrentamos adem¨¢s, ante un problema de car¨¢cter universal. Todos los pa¨ªses, desde Oriente a Occidente, tambi¨¦n los de nuestro entorno cultural europeo, presentan situaciones tan sangrantes como las nuestras. Por eso hay que saludar de forma positiva la iniciativa del Consejo de Europa de lanzar en todo el mundo la campa?a de sensibilizaci¨®n que durar¨¢ hasta marzo de 2008 y que se presenta por primera vez el pr¨®ximo d¨ªa 27 en Madrid, a trav¨¦s de una Jornada organizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el lema "Prevenir y combatir la violencia contra las mujeres".

Combatir esta lacra social es una prioridad pol¨ªtica para el Gobierno y para el Parlamento Espa?ol y de no pocos Gobiernos Auton¨®micos. La ¨²ltima medida legislativa impulsada por aqu¨¦l y aprobada por unanimidad en las C¨¢maras, ha sido la Ley de Medidas de Protecci¨®n Integral contra la violencia de g¨¦nero, de 28 de diciembre de 2004, concentrando en un ¨²nico texto legal todas aquellas soluciones que deben desplegarse desde distintos ¨¢mbitos de la sociedad: educativas, preventivas, sanitarias, contra la publicidad il¨ªcita, adem¨¢s de las medidas sociales, asistenciales, de recuperaci¨®n psicol¨®gica y de reinserci¨®n social de los condenados.

Dieciocho meses despu¨¦s de su promulgaci¨®n, se ha de concluir que la ley era oportuna y necesaria. Se ha logrado sacar de la invisibilidad el mal trato, de forma que todos los poderes p¨²blicos est¨¢n plenamente involucrados en conseguir su erradicaci¨®n. Tambi¨¦n desde el Poder Judicial se est¨¢ desarrollando un papel relevante, al haberse conseguido desde los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, una respuesta judicial m¨¢s prioritaria, efectiva y especializada hacia las v¨ªctimas de la violencia de g¨¦nero.

Sin embargo, nos falta ser todav¨ªa m¨¢s efectivos. Los derechos de informaci¨®n y asistencia social integral para las supervivientes de la violencia de g¨¦nero deben llegar a todos los rincones. Los planes y campa?as de sensibilizaci¨®n tienen que multiplicarse para no demorar el cambio de comportamientos como resultado de una nueva educaci¨®n en valores de igualdad y corresponsabilidad en las tareas dom¨¦sticas. Han de desarrollarse los derechos laborales reconocidos por la Ley a las mujeres trabajadoras que sufren violencia de su pareja, a trav¨¦s de la negociaci¨®n colectiva, involucrando a las organizaciones sindicales y patronales. Y se ha de lograr tambi¨¦n que los centros de acogida para mujeres maltratadas funcionen como centros de recuperaci¨®n integral de las v¨ªctimas y sus hijos.

Igualmente ha de profundizarse en la formaci¨®n especializada de todos los sectores y operadores implicados en la erradicaci¨®n de esta lacra social. Han de otorgarse los mismos medios a los Juzgados compatibles que a los exclusivos para que exista una respuesta m¨¢s homog¨¦nea en todos los partidos judiciales. Y, se ha de dar un impulso al tratamiento y rehabilitaci¨®n de los agresores, ingresen o no en prisi¨®n, para conseguir el fin constitucional de su reinserci¨®n social, intentando que asuman nuevos valores y pautas de comportamiento igualitarias en sus relaciones con las mujeres.

La ley no puede terminar en tan poco tiempo con un problema tan complejo y de ra¨ªces culturales tan hondas. Pero no podemos bajar la guardia. No existir¨¢ un pleno reconocimiento de los derechos civiles para todos, hasta tanto las mujeres no vean reconocida su plena carta de derechos como ciudadanas libres e iguales. Es una tarea de toda la sociedad: de hombres y mujeres.

Montserrat Comas d'Argemir, magistrada, es vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Dom¨¦stica y de G¨¦nero.