El PP arremete contra la obligatoriedad del catal¨¢n

El Partido Popular (PP) tom¨® ayer la delantera y dedic¨® las dos primeras iniciativas parlamentarias de la nueva legislatura auton¨®mica a proponer que el catal¨¢n deje de ser la lengua vehicular de la escuela p¨²blica y concertada, y a pedir la supresi¨®n del r¨¦gimen de sanciones sobre rotulaci¨®n en los comercios que no utilicen la lengua catalana. Ambos puntos son la principal bandera de Ciutadans-Partido de la Ciudadan¨ªa, el nuevo partido pol¨ªtico que ha logrado la elecci¨®n de tres diputados auton¨®micos.

El portavoz parlamentario del PP, Francesc Vendrell, record¨® que ambas propuestas responden a posiciones defendidas "desde siempre" por su partido en materia de pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica, y rechaz¨® que esta iniciativa tenga que ver con la existencia de otra fuerza pol¨ªtica que compite en el mismo espacio pol¨ªtico.

Tanto como competir con Ciutadans, el PP pretende poner en apuros al nuevo presidente de la Generalitat, el socialista Jos¨¦ Montilla, que en el debate de su investidura sostuvo el viernes que la lengua necesitada de protecci¨®n y promoci¨®n sigue siendo el catal¨¢n. Pero Vendrell record¨® ayer que en aquel debate, Montilla "se mostr¨® partidario de la normalidad, de no crear problemas donde no los hay, y de la libertad de los ciudadanos para utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales".

El argumento utilizado por el PP es que la elecci¨®n de idioma debe dejarse a la libre opci¨®n de los ciudadanos. Y que no hacerlo as¨ª "s¨ª es crear problemas". Las dos proposiciones de ley presentadas ayer plantean que el castellano sea tambi¨¦n lengua vehicular de la ense?anza primaria y secundaria en la escuela p¨²blica y la privada concertada y que la opci¨®n entre ambas quede en manos de los padres.

Este criterio fue rechazado ya en 1983, en la primera ley de normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica, porque se consider¨® que aplicarlo en la pr¨¢ctica iba a significar la creaci¨®n de dos redes escolares paralelas en dos idiomas distintos. Y fue reafirmado en la vigente Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de 1998.

En cuanto a las sanciones, que fueron introducidas en la ley de 1998, el PP propone simplemente su eliminaci¨®n y el cierre sin sanci¨®n de los expedientes en curso, que seg¨²n sus datos afectan a 298 empresas, de las que 102 son de fuera de Catalu?a, aunque tienen establecimientos en esta comunidad.