Las Fuerzas Armadas tendr¨¢n 3.000 oficiales menos y 5.000 suboficiales m¨¢s
Las Fuerzas Armadas espa?olas reducir¨¢n en 3.000 su n¨²mero de oficiales, mientras que aumentar¨¢n los suboficiales en 5.000.
As¨ª lo detalla la memoria econ¨®mica que acompa?a al proyecto de ley de la Carrera Militar, que fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
La Disposici¨®n Adicional Tercera del proyecto se?ala que el n¨²mero m¨¢ximo de cuadros de mando (oficiales y suboficiales) ser¨¢ de 50.000 (frente a los 48.000 actuales), pero no explica que este aumento global incluye una reducci¨®n del 15% de los oficiales (que pasar¨¢n de 19.000 a 16.000) y un aumento del 17% de los suboficiales (que pasar¨¢n de 29.000 a 34.000).
La reestructuraci¨®n se ejecutar¨¢ con gran lentitud, a lo largo de un per¨ªodo de 15 a?os, y no empezar¨¢ a aplicarse hasta 2012.
En cambio, la reducci¨®n en el n¨²mero de generales y almirantes (que pasar¨¢ de 265 a unos 225), al igual que la que afecta a los coroneles (que pasar¨¢n de 1.235 a 1.050), comenzar¨¢ en 2008 y deber¨¢ haberse completado el 30 de junio de 2014,
En conjunto, la memoria econ¨®mica cifra en 238 millones de euros el coste de las medidas incluidas en el proyecto a lo largo de los pr¨®ximos 16 a?os. El gasto estimado para 2007 es de s¨®lo 4,5 millones de euros, pero esta cifra aumentar¨¢ progresivamente hasta llegar a los 32 millones en el a?o en 2022.
La creaci¨®n de un sistema de centros universitarios de la defensa, ubicados en las academias militares y adscritos a universidades p¨²blicas, tendr¨¢ un coste anual de 10 millones de euros, cuando est¨¦ a pleno rendimiento.
Seg¨²n la memoria, el primer curso universitario deber¨ªa iniciarse en 2009 con el 50% de su plantilla, estimada en 132 profesores (uno por cada 18 alumnos).
El texto definitivo de la ley no s¨®lo otorga la condici¨®n de "agentes de la autoridad" a los miembros de la Unidad Militar de Emergencias y la Polic¨ªa Militar, sino tambi¨¦n a los militares que "presten apoyo" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vigilancia del AVE o las vallas de Ceuta y Melilla.
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