El Parlamento pide una auditor¨ªa oficial del gasto en competencias no transferidas

El programa de trabajo para 2007 del Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas, el principal ¨®rgano auditor de la comunidad aut¨®noma, puede traer consigo este a?o un nuevo conflicto. El Parlamento le fij¨® ayer un total de 27 materias para fiscalizar, entre ellas el gasto en competencias no transferidas, al margen de las que le vienen impuestas anualmente por ley. El tribunal rechaz¨® el a?o pasado parte de las prioridades que le hab¨ªa establecido la C¨¢mara al considerar que no pod¨ªa responder a todas ellas con los medios de que dispone. Los grupos aprobaron por unanimidad las propuestas de trabajo de todos ellos, pero la presidenta de la Comisi¨®n de Econom¨ªa, Hacienda y Presupuestos, la peneuvista Covadonga Solaguren, record¨® que el ¨®rgano auditor es soberano a la hora de fijar su programa de trabajo.

La comisi¨®n aprob¨® el listado de tareas que los grupos parlamentarios quieren que el Tribunal de Cuentas desarrolle el a?o pr¨®ximo. Entre ellos destaca el estudio, solicitado por el PSE, del gasto, fijado por el propio Gobierno en 237 millones de euros, en el ejercicio de competencias a¨²n no transferidas por el Ejecutivo central. Esta carga de prioridades que establecen los grupos parlamentarios no obligar¨¢ sin embargo, al tribunal, seg¨²n les advirti¨® la presidenta de la Comisi¨®n, la peneuvista Covadonga Solaguren. "Les recuerdo la plena libertad del Tribunal de Cuentas para elaborar su plan de trabajo, independientemente de las prioridades que le env¨ªe este Parlamento", dijo al cierre de la reuni¨®n.

Esta cuesti¨®n se ha convertido durante este a?o en un motivo de enfrentamiento entre la C¨¢mara y el tribunal, al decidir ¨¦ste eliminar algunos de los encargos realizados por los grupos, lo que no hab¨ªa sucedido con anterioridad.

El ¨®rgano auditor hab¨ªa atendido siempre los requerimientos de la C¨¢mara, de la que depende, pero el a?o pasado, al acumularse las peticiones de dos ejercicios -en 2005 se disolvi¨® el Parlamento para convocar las elecciones- decidi¨® no realizar algunos de los trabajos. Rechaz¨®, entre otros, realizar el control del gasto de cuestiones pol¨ªticamente muy significativas, como el plan Ibarretxe, lo que levant¨® el disgusto indisimulado de la oposici¨®n y, en particular, del grupo que lo pidi¨®, el socialista.

A ra¨ªz de ello se sucedieron una serie de actuaciones parlamentarias que cuestionaron por vez primera el trabajo del ¨®rgano auditor y pusieron en cuesti¨®n su independencia del Ejecutivo. Se cuestion¨® adem¨¢s si el tribunal puede decidir por s¨ª mismo eliminar encargos que le haya hecho la C¨¢mara a trav¨¦s de la Comisi¨®n de Econom¨ªa, Hacienda y Presupuestos.

El PP, que s¨®lo ha presentado cuatro peticiones de auditor¨ªa, referidas a los ayuntamientos de Bakio, especialmente en materia urban¨ªstica, y Salvatierra, a la Junta Administrativa de Arechavaleta (Vitoria) y al Instituto de Investigaci¨®n y Desarrollo Agrario Neiker, se mostr¨® cr¨ªtico con la cantidad de prioridades fijadas por el PSE y el PNV. El popular Ant¨®n Damborenea consider¨® que ambos grupos han establecido una especie de competici¨®n para ver qui¨¦n le plantea m¨¢s trabajo al tribunal. A su juicio, es esta sobrecarga la que volver¨¢ a dejar las manos libres al ¨®rgano auditor para poder eliminar peticiones. "Es m¨¢s operativo pactar entre los grupos un menor n¨²mero de encargos y que tenga que atenerse a ellos", se?al¨®.

Entre las 27 peticiones que el Parlamento remitir¨¢ al ¨®rgano auditor se encuentran, a petici¨®n del PSE, todos los planes de actuaci¨®n pol¨ªtica e institucional y todos los planes interinstitucionales elaborados entre los a?os 2000 y 2006. S¨®lo ello hubiera supuesto un trabajo tan ingente que el grupo socialista admiti¨® ayer finalmente que se siga un sistema de muestreo para realizar ese control.

Al tribunal se le pide tambi¨¦n que analice la legalidad del traspaso de responsabilidades del Departamento de Industria a la SPRI y la creaci¨®n de la sociedad Basquetour, y que estudie posibles duplicidades y solapamientos de actividad.

Entre los entes, fundaciones, organismos y sociedades p¨²blicas, los grupos acordaron solicitar la fiscalizaci¨®n de sociedades con participaci¨®n p¨²blica superior al 50%, tanto en su legalidad, como en los an¨¢lisis previos y la justificaci¨®n de su necesidad. Las cuentas de Musikene y Hobetuz figuran tambi¨¦n entre los trabajos encargados, al igual que las del Consorcio de Aguas de Bilbao, Euskaltel o los ayuntamientos de Mondrag¨®n, Eibar, Pasaia, Gatika, Ormaiztegi, Santurtzi, Valdegobia, y el Instituto Foral de Bienestar Social alav¨¦s.