La t¨®mbola de las VPO

Imaginen un pa¨ªs civilizado donde para ser operado en la sanidad p¨²blica, adem¨¢s de aguardar en una lista de espera, hubiera que entrar en un sorteo entre todos los enfermos que precisan de esa misma operaci¨®n. Un Estado donde no haya pensiones suficientes para la tercera edad y las que hay se adjudicaran en una rifa. O donde el derecho a la escolarizaci¨®n de los ni?os dependiera de un bombo. Una especie de bingo anual, no para elegir el sitio donde estudiar sino para disponer de plaza en un colegio p¨²blico. Piensen en un Ayuntamiento que para afrontar la inseguridad ciudadana rifara sus escasos polic¨ªas entre los barrios de la ciudad. O que sorteara en la bonoloto el suministro de agua potable. Resulta dif¨ªcil de imaginar, y, en todo caso, no es Espa?a.

Imaginen ahora un pa¨ªs en el que se levantan 800.000 casas al a?o, pero donde el principal problema de los ciudadanos es poder vivir en una de ellas. Un pa¨ªs donde sus administraciones p¨²blicas consagran el bingo p¨²blico para garantizar el art¨ªculo 47 de su Constituci¨®n, el derecho que tienen los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna. Imaginen que en ese mismo pa¨ªs est¨¦n a la orden del d¨ªa los pelotazos urban¨ªsticos, las viviendas ilegales y las comisiones para poder construir. Un pa¨ªs donde la Constituci¨®n obliga a sus poderes p¨²blicos a promover las condiciones para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilizaci¨®n del suelo de acuerdo con el inter¨¦s general e impidiendo la especulaci¨®n. Este segundo pa¨ªs lo habr¨¢n imaginado. Ahora, si es Espa?a.

Resulta descorazonadora la normalidad con la que todas las administraciones p¨²blicas asumen su incapacidad para garantizar dos derechos b¨¢sicos: el que sus ciudadanos logren un trabajo sin morir en el intento y dispongan de una casa donde poder caerse muerto. 25 a?os de democracia no han hecho posible todav¨ªa que el paro y la vivienda dejen de estar entre las prioridades de los espa?oles. La bonanza econ¨®mica est¨¢ permitiendo reducir la tasa de desempleo a niveles hist¨®ricos, aunque todav¨ªa hay una larga lista de ciudadanos que se pasan los lunes al sol, o con empleos precarios. Pero es en materia de vivienda donde no ha habido gobierno alguno que haya encontrado una soluci¨®n para atajar este problema.

Este peri¨®dico ha contado que 84.000 personas presentaron su solicitud para lograr una de las 4.200 viviendas protegidas que los ayuntamientos promueven en las capitales andaluzas. Una oferta que apenas cubre un 5% de la demanda y cuya adjudicaci¨®n se decidir¨¢ por sorteo. Que las viviendas p¨²blicas se repartan en una t¨®mbola es un fracaso de las pol¨ªticas sociales, ya que liga un derecho constitucional a un n¨²mero en el bombo; asocia la esperanza a un boleto de la loter¨ªa; no tiene en cuenta m¨¢s requisito que el azar, y convierte a los alcaldes en ni?os de San Ildefonso del urbanismo.

Se podr¨¢ decir que no existe pa¨ªs en el mundo que ofrezca una vivienda a todo el que la necesita. Y es verdad. Pero habr¨¢ que exigir a sus gobernantes que posibiliten este derecho constitucional. Y de momento, lejos nos lo f¨ªan. Son los propios ayuntamientos los que venden su patrimonio de suelo p¨²blico -terrenos donde levantar VPO- al mejor postor. Es el Ministerio de Defensa el que hace lo propio o Renfe, subastando sus terrenos ociosos.

Si al final las viviendas sociales hay que darlas por sorteo, que al menos no alardeen de ello. Estos d¨ªas en M¨¢laga, el gobierno local se vanagloria de que, ante la alta demanda que ha concitado la ¨²ltima oferta de VPO , el sorteo habr¨¢ que hacerlo en el campo de f¨²tbol. A lo mejor, es que piensan que batir el r¨¦cord de participaci¨®n en una t¨®mbola inmobiliaria es un ¨¦xito pol¨ªtico.