La naci¨®n de los intelectuales

El parlamento de Canad¨¢ aprob¨® la semana pasada una moci¨®n por la que la c¨¢mara "reconoce que los quebequeses forman una naci¨®n dentro de Canad¨¢". Esa declaraci¨®n fue interpretada por los nacionalistas vascos como un aval de sus propias posiciones: el Gobierno vasco, del plan Ibarretxe; Batasuna, de su propuesta de superaci¨®n del conflicto mediante el reconocimiento del derecho a decidir. La moci¨®n fue una consecuencia indirecta de la aparici¨®n en el primer partido de la oposici¨®n, el Liberal (que hab¨ªa gobernado Canad¨¢ entre 1993 y enero pasado), de un sector partidario de reconocer a Quebec la condici¨®n de naci¨®n en un sentido sociol¨®gico y cultural.

Esto sorprendi¨® bastante aqu¨ª, sobre todo porque entre los que defend¨ªan ese planteamiento figuraban dos intelectuales muy conocidos en Espa?a y especialmente cr¨ªticos con el nacionalismo: St¨¦phane Dion, que pas¨® de la Universidad a la pol¨ªtica para tener ocasi¨®n de poner en pr¨¢ctica sus teor¨ªas sobre la cuesti¨®n nacional y que, tras su nombramiento como ministro de Asuntos Intergubernamentales, fue el impulsor de la famosa Ley de Claridad, que puso orden al debate sobre la autodeterminaci¨®n de Quebec; y Michael Ignatieff, ex profesor en Harvard y conocido sobre todo por su libro sobre los conflictos ¨¦tnicos en la ex Yugoslavia (El honor del guerrero. Taurus, 1999). Ambos compitieron el pasado fin de semana por el liderazgo en el Partido Liberal, que celebraba congreso. Gan¨® Dion.

Este ¨²ltimo estuvo hace un a?o en Zaragoza para presentar su libro La pol¨ªtica de la claridad (Alianza, 2005). Era un momento marcado aqu¨ª por el debate sobre el Estatuto catal¨¢n, y le preguntaron si Quebec era una naci¨®n. Respondi¨® que el problema no era el reconocimiento de la condici¨®n de naci¨®n sino la pretensi¨®n de dar a esa definici¨®n alcance jur¨ªdico y hacer derivar de ella derechos especiales, por encima de la Constituci¨®n, como el de autodeterminaci¨®n. Esa es una diferencia con los planteamientos soberanistas de Ibarretxe o de Otegi. Tanto Dion como Ignatieff han sido reticentes al uso de ese principio: las demandas de autodeterminaci¨®n deben resolverse dentro del marco estatal si ese marco es democr¨¢tico y dispone de mecanismos de descentralizaci¨®n, opinaba Ignatieff en Los derechos humanos como pol¨ªtica e idolatr¨ªa (Paid¨®s, 2003). Conviene sobre todo -a?ad¨ªa- evitar premiar demandas secesionistas apoyadas por el terrorismo, ya que supondr¨ªan entregar el poder a grupos sin credenciales democr¨¢ticas. Para Dion, la autodeterminaci¨®n para la secesi¨®n es uno de los actos que suscitan mayor divisi¨®n interna en una sociedad, por lo que aceptar sin m¨¢s que sea un derecho plantea problemas morales: invita a los ciudadanos a romper sus lazos de solidaridad por afinidades ¨¦tnicas o religiosas y de ah¨ª su dif¨ªcil compatibilidad con la democracia.

Otros intelectuales le dieron a Ibarretxe el embarque de que la resoluci¨®n del Tribunal Supremo de Canad¨¢ demostraba que la autodeterminaci¨®n no s¨®lo es aplicable a pa¨ªses coloniales. Sin embargo, eso es lo que dicen los soberanistas quebequeses, no lo que se deduce de esa resoluci¨®n: que excepto en situaciones coloniales o de abierta opresi¨®n nacional, la autodeterminaci¨®n se realiza en el marco del Estado; y que en todo caso, la decisi¨®n no puede ser unilateral, de la parte que lo plantea, sino negociada con el resto. A lo que cabr¨ªa a?adir que en sociedades plurales y democr¨¢ticas, en las que gran parte de la poblaci¨®n no es independentista, hay soluciones, las auton¨®micas o federales, m¨¢s satisfactorias (capaces de satisfacer a m¨¢s personas) que las derivadas del expediente de autodeterminaci¨®n, que fuerza a cada ciudadano a elegir patria en t¨¦rminos excluyentes.

Hasta los a?os 90 gran parte de los intelectuales espa?oles admit¨ªan la definici¨®n de Euskadi (y de Catalu?a) como naci¨®n. Fue a partir del pacto de Lizarra (que identificaba tal definici¨®n con derecho unilateral a la separaci¨®n) y del planteamiento impl¨ªcito de condicionar la retirada de ETA al reconocimiento de ese derecho, cuando se produjo la retirada de esa posici¨®n hacia la estricta definici¨®n constitucional: hay una naci¨®n pol¨ªtica, Espa?a, compuesta por nacionalidades y regiones. El intento de desbordar esos l¨ªmites introduciendo el t¨¦rmino naci¨®n en los Estatutos de algunas comunidades ha provocado en otras una din¨¢mica de emulaci¨®n que est¨¢ banalizando ese concepto mediante f¨®rmulas alambicadas y un tanto c¨®micas.