El fiscal investiga por falsedad al alcalde que aval¨® a la empresa de los parqu¨ªmetros

La Fiscal¨ªa investigar¨¢ de oficio a Jos¨¦ Enrique Sotelo, alcalde de Cangas do Morrazo (Pontevedra) del PP, como presunto autor de un delito de falsedad en documento p¨²blico en relaci¨®n con su informe sobre los servicios que prestaba la empresa Hixienes en Cangas. El informe sirvi¨® de aval a esta empresa para obtener la adjudicaci¨®n de la explotaci¨®n de los parqu¨ªmetros en Madrid. La denuncia de un concejal del citado Ayuntamiento gallego se?al¨® al juzgado la falsedad de dicho informe y un presunto delito de prevaricaci¨®n relacionado con la misma empresa.

La denuncia judicial de Mariano Abalo, portavoz municipal de la Fronte Popular Galega (FPG) en el Ayuntamiento de Cangas do Morrazo, se?ala que el alcalde, Jos¨¦ Enrique Sotelo firm¨®, con fecha 14 de noviembre de 2005, un informe en el que aseguraba que la empresa Hixienes "viene realizando desde febrero de 2001 en el municipio servicios de limpieza y mantenimiento de edificios p¨²blicos y de gesti¨®n de aparcamientos de veh¨ªculos, as¨ª como realizando el asesoramiento para instalaci¨®n y desarrollo de las zonas de aparcamiento regulado".

En el Ayuntamiento de Cangas no hay constancia de que se emitiera este informe, seg¨²n Abalo, quien cree que, sin embargo, fue determinante para adjudicar la gesti¨®n de los parqu¨ªmetros madrile?os a la empresa Hixienes.

El titular principal de esta empresa familiar es el ex diputado del Parlamento de Galicia Juan Casares, quien tambi¨¦n fue presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Galicia. La adjudicaci¨®n de la gesti¨®n de los parqu¨ªmetros fue realizada por el departamento municipal que dirige Pedro Calvo, quien a su vez tambi¨¦n presidi¨® las NN GG del PP.

Hixienes se hab¨ªa limitado en Cangas a realizar un informe sobre la viabilidad de un aparcamiento subterr¨¢neo en una plaza de la localidad y sobre la implantaci¨®n de la zona azul en el entorno de dicha plaza.

Prevaricaci¨®n

Por otra parte, el Ayuntamiento de Cangas contrat¨® a una filial de Hixienes, Limpiezas Faro, la limpieza del auditorio municipal despu¨¦s de quedar desierto el concurso convocado al efecto. De hecho, no hubo ning¨²n contrato, seg¨²n la denuncia de Mariano Abalo, y la cantidad pagada por el Ayuntamiento super¨® el tipo de licitaci¨®n del concurso p¨²blico (36.000 euros), lo que llevar¨ªa a otra actuaci¨®n ilegal tipificada como delito de prevaricaci¨®n.

A mayores, seg¨²n Abalo, ante la inexistencia de los pertinentes contratos administrativos de servicios, el alcalde habr¨ªa intentado demostrar la relaci¨®n de Hixienes-Limpiezas Faro con el Ayuntamiento de Cangas a trav¨¦s de una facturaci¨®n expedida por una entidad denominada Hixitel a Limpiezas Faro, con lo que se estar¨ªa produciendo otra derivaci¨®n del presunto delito de falsedad en el documento que aval¨® la candidatura de Hixienes a la adjudicaci¨®n de los parqu¨ªmetros madrile?os.

La investigaci¨®n de oficio que ahora asume la Fiscal¨ªa deriva del requerimiento que la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Cangas hizo a Mariano Abalo para que, en lugar de denuncia, presentase una querella criminal, "supongo que para dilatar las cosas en el tiempo", se?ala el concejal.

De oficio

La fiscal recurri¨® esa decisi¨®n por entender que el concejal s¨®lo estar¨ªa obligado a hacerlo si pretend¨ªa constituirse en parte en el proceso penal. Y de todos modos, seg¨²n la fiscal, los hechos denunciados por Abalo son perseguibles de oficio.

"En el presente caso, constituyendo los hechos denunciados infracciones perseguibles de oficio", se?ala la fiscal, "basta para su persecuci¨®n con que se ponga en conocimiento del juzgador la noticia criminis, cosa que hace el denunciante en el presente procedimiento (...) surgiendo desde este momento la obligaci¨®n del instructor de practicar las diligencias de investigaci¨®n que considere necesarias, si es que considera que los hechos pueden ser constitutivos de delito".

La fiscal concluye que no es exigible al denunciante la interposici¨®n de la querella, "ya que ¨¦sta s¨®lo es necesaria si pretende ser parte activa del procedimiento".

El concejal de la FPG, seg¨²n declar¨® ayer a este peri¨®dico, no quiere querellarse, ya que no es parte perjudicada, pero va a reclamar su derecho a continuar como denunciante en el procedimiento.

La fiscal¨ªa ya remiti¨®, por su parte, un requerimiento al Ayuntamiento pidiendo documentaci¨®n sobre el caso.