El prop¨®sito de la Junta de echar abajo 334 casas ilegales polariza a la sociedad marbell¨ª

La controversia generada en Marbella por la posibilidad de que se produzcan demoliciones de edificios ilegales ha llevado a los vecinos a posicionarse en bandos opuestos. La petici¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa al Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) para que ordene la demolici¨®n de 334 viviendas que ha declarado ilegales es apoyada por una veintena de comunidades de vecinos, que han creado una plataforma que aboga por restablecer la legalidad urban¨ªstica. En el lado contrario se sit¨²an los propietarios de edificios que los tribunales han considerado ilegales, integrados en otra plataforma. Su objetivo es lograr un pacto pol¨ªtico local que rechace las pol¨¦micas demoliciones.

La divisi¨®n de la sociedad marbell¨ª respecto a los derribos es patente, y el intenso debate s¨®lo acaba de comenzar. El proceso contencioso-administrativo que ha activado la petici¨®n de la Junta se prolongar¨¢ durante varios meses y coincide en el tiempo con la precampa?a electoral de las pr¨®ximas elecciones municipales (mayo de 2007); una ¨¦poca en la que los pol¨ªticos locales son especialmente sensible a las reivindicaciones vecinales.

Una veintena de comunidades de vecinos ha creado la plataforma ciudadana 29 de marzo (fecha de inicio de la Operaci¨®n Malaya contra la corrupci¨®n municipal) para luchar por la restauraci¨®n de la legalidad urban¨ªstica y "hacer valer las sentencias firmes de derribos" para recuperar los suelos destinados a equipamientos p¨²blicos. "La falta de servicios y zonas verdes es clamorosa en Marbella. No se puede por oportunismo pol¨ªtico defender ahora la impunidad de gente que ha construido con un gran desprecio hacia la ley. La Constituci¨®n garantiza el derecho del ciudadano a que las sentencias judiciales sean ejecutadas", reclama Rafael ?vila, portavoz de Ecologistas en Acci¨®n y miembro de la plataforma.

Este foro busca abrir una brecha social y realizar una llamada de atenci¨®n a la clase pol¨ªtica marbell¨ª para que no obstaculice los derribos. "Los pol¨ªticos deben ver que el pueblo quiere que se cumpla la legalidad, y que no ocurre como ellos presumen. Si no, Marbella se quedar¨¢ coja para siempre en infraestructuras", a?ade ?vila.

Indemnizaciones

La plataforma, que va a ser ampliada a una treintena de comunidades de vecinos, quiere personarse como afectada en las causas abiertas por las peticiones de derribos "porque se trata de los derechos de los ciudadanos y su calidad de vida", pero ser¨¢ el juez el que decida si concede audiencia a los vecinos de los edificios aleda?os a las viviendas ilegales.

Mercedes V¨¢zquez, secretaria de la asociaci¨®n Arroyo Guadalp¨ªn, representa a unas 500 familias de urbanizaciones como La Virginia y El Capricho, y ha luchado desde 2000 contra la construcci¨®n del Hotel Senator y la promoci¨®n Jardines del Pr¨ªncipe. Ambas edificaciones son contrarias al Plan General vigente de 1986 y est¨¢n precintadas por la comisi¨®n gestora. A juicio de Vazquez, los compradores "de buena fe deber¨¢n ser indemnizados, pero hay afectados primarios que compramos pensando en equipamientos y ahora vemos moles enormes. La decisi¨®n del juez nos parecer¨¢ bien siempre que se ajuste a la ley".

Por el contrario, las comunidades de vecinos de los edificios ilegales perge?an los estatutos de una plataforma "de ciudadanos afectados", que exprese su repulsa por unos derribos que puede dejarles sin casa. El principal objetivo de dicha plataforma es lograr un acuerdo de las fuerzas pol¨ªticas locales "que evite el derribo de todo edificio habitado".

"Por ahora estamos en la plataforma las comunidades afectadas por las siete primeras sentencias, pero hasta que otros vean que les puede llegar la hora", expone con crudeza Jos¨¦ Ortiz, presidente de la comunidad de vecinos del emblem¨¢tico edificio Banana Beach, que alberga 238 viviendas. En total, la Junta va a pedir la demolici¨®n de unas 5.000 viviendas, que se han alzado sobre suelos destinados en el planeamiento a sistema general de equipamientos y zonas verdes, pues considera muy grave la p¨¦rdida de dotaciones que ha sufrido la ciudad durante los ¨²ltimos quince a?os.

Hasta ahora, el TSJA ha declarado ilegales unas 2.800 viviendas en 33 sentencias distintas, aunque s¨®lo 17 son firmes (785 viviendas). Y, entre las sentencias firmes, s¨®lo siete (334 viviendas) hacen referencia a edificios que se construyeron sobre suelo p¨²blico o zonas verdes. El TSJA ya ha recibido la petici¨®n formal de demolici¨®n por parte de los servicios jur¨ªdicos de la Junta para estas 334 primeras viviendas, pero el proceso judicial ser¨¢ lento. El tribunal pedir¨¢ las opiniones del Ayuntamiento, de la Junta y de los compradores y residentes de las viviendas afectadas ante un asunto que puede originar indemnizaciones millonarias, y a las que tendr¨ªa que hacer frente un consistorio (por dar las licencias cuando estaba gobernado por el GIL o sus sucesores) con las arcas municipales sin liquidez alguna.

Entre ambos bandos de esta batalla soterrada, el presidente de la comisi¨®n gestora, Diego Mart¨ªn Reyes, ha matizado como un equilibrista su postura inicial, favorable a las demoliciones: "Hay argumentos en la ley para circunscribir las demoliciones s¨®lo en aquellos casos que fueran absolutamente imprescindibles, porque estuviesen vinculados a la realizaci¨®n de un proyecto que arrojara un beneficio muy importante para la ciudad".