El fiscal acusa al alcalde de Catral de prevaricaci¨®n por la edificaci¨®n ilegal

La Fiscal¨ªa de Alicante acusa al alcalde de Catral, el socialista Jos¨¦ Manuel Rodr¨ªguez, y a seis promotores -entre ellos la hermana, el cu?ado y el sobrino del regidor- de un supuesto delito de prevaricaci¨®n derivado de la masiva construcci¨®n de casas en suelo agr¨ªcola. El ministerio p¨²blico ha recurrido el auto de archivo provisional de la denuncia presentada por un colectivo de usuarios y pide a la juez la practica de nuevas diligencias, entre ellas, que cite como imputados al primer edil y a los empresarios que han levantado chal¨¦s con licencia para obra menor (vallado y refugios de labor).

La Fiscal¨ªa de Alicante present¨® ayer el recurso de reforma contra el auto de archivo provisional del caso Catral dictado el pasado 26 de septiembre por la titular del Juzgado n¨²mero 5 de Orihuela, la magistrada Natividad Navarro. La juez orden¨® el sobreseimiento de la causa "por no hallar indicios de delitos" una semana antes de que el consejero de Territorio y Vivienda, Esteban Gonz¨¢lez Pons, acordara retirar las competencias urban¨ªsticas al Ayuntamiento para atajar "la proliferaci¨®n" de edificaciones irregulares. El consejero estim¨® en 1.200 las casas ilegales y evalu¨® en unos 80 millones de euros el dinero negro generado por las construcciones.

El fiscal jefe de Alicante, Jos¨¦ Antonio Romero, justific¨® ayer el recurso de reforma y, subsidiariamente de apelaci¨®n ante la Audiencia, "al apreciar suficientes indicios de delito contra la ordenaci¨®n del territorio". Otras fuentes judiciales han confirmado que el recurso del ministerio p¨²blico tambi¨¦n aprecia un presunto delito de prevaricaci¨®n. La Fiscal¨ªa tambi¨¦n ha presentado un escrito en el que reclama nuevas pruebas, entre ellas, la declaraci¨®n del alcalde y los promotores, en calidad de imputados.

La denuncia por supuesto delito de prevaricaci¨®n y contra la ordenaci¨®n del territorio la present¨® en agosto de 2004 la Asociaci¨®n Europea de Usuarios y Consumidores de Urbanismo (AECU). Los denunciados eran el alcalde, cuatro ediles miembros de la comisi¨®n de gobierno, cinco contratistas y una decena de peque?as agencias inmobiliarias, encargadas de poner a la venta las casas, b¨¢sicamente entre extranjeros.

La magistrada acord¨® el archivo de la denuncia tras la pr¨¢ctica de una serie de diligencias que incluyeron un informe del Seprona, un oficio a la Consejer¨ªa de Territorio y Vivienda para que informara si ten¨ªa conocimiento o hab¨ªa autorizado las construcciones y otra al Ayuntamiento de Catral para que aportara el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de la localidad. La juez no interrog¨® a ninguno de los denunciados.

Los atestados del Seprona remitidos al juzgado revelan, no obstante, que el alcalde estaba al corriente de las infracciones e incluso aconsejaba a los promotores c¨®mo construir las viviendas. "El alcalde le dijo [al promotor] que construyese una vivienda cada 2.000 metros cuadrados. Por lo que se vislumbra que el alcalde de Catral conoce, permite e indica de forma verbal al promotor la cantidad y caracter¨ªsticas de las construcciones ilegales", recoge textualmente una de las actas del Seprona.

El propio alcalde ha admitido que uno de los promotores que m¨¢s viviendas ilegales ha levantado ha sido su cu?ado Gin¨¦s Ruiz, a trav¨¦s de una firma propiedad de Mar¨ªa ?ngeles Rodr¨ªguez, hermana del regidor.