Tura reclama que la justicia sea un servicio p¨²blico descentralizado

Un servicio p¨²blico que funcione y que est¨¦ descentralizado. ?se es el ideal de la justicia que esboz¨® el jueves por la noche Montserrat Tura en su estreno como consejera del ramo en el Colegio de Abogados de Barcelona. Comparti¨® mesa, entre otros, con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, Maria Eug¨¨nia Alegret, quien record¨® el contenido del Estatuto y abog¨® por que no se creen expectativas que no se puedan cumplir.

El t¨ªtulo III del Estatuto, referido al poder judicial, fue uno de los m¨¢s dif¨ªciles de consensuar en la tramitaci¨®n del texto y todo hace pensar que ser¨¢ uno de los m¨¢s dif¨ªciles de desarrollar. Apenas dos semanas despu¨¦s de aterrizar en el departamento, Tura ya verbaliza que el Estado de las autonom¨ªas no ha llegado a la justicia y que lo que ocurre "en este servicio p¨²blico no pasa en ning¨²n otro".

Los funcionarios judiciales, por ejemplo, forman parte de un cuerpo unitario que dependen en buena parte del ministerio y a¨²n no ha sido traspasados a las autonom¨ªas. Un hecho que dej¨® de ocurrir hace mucho tiempo, por ejemplo, con el personal sanitario y el educativo.

Para cambiar la realidad, Tura abog¨® por modificar a fondo la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), la madre de todas las leyes, porque es la que dibuja al detalle c¨®mo es la Administraci¨®n de justicia en Espa?a. El art¨ªculo 231.1, establece, por ejemplo, que la lengua que utilizar¨¢n jueces, fiscales, secretarios y funcionarios en todas las actuaciones judiciales ser¨¢ el castellano y que las dem¨¢s lenguas oficiales se podr¨¢n emplear si ninguna de las partes invoca desconocimiento.

Quien record¨® ese art¨ªculo no fue Tura, sino la presidenta del TSJC, que defini¨® la realidad como una "imposici¨®n" del castellano. No en vano el debate en el que ambas participaron, as¨ª como el magistrado Santiago Vidal, hab¨ªa sido organizado por la Asociaci¨®n de Juristas en Defensa de la Lengua Propia y por el Colegio de Abogados de Barcelona, cuya decana es S¨ªlvia Gim¨¦nez-Salinas.

El derecho a la lengua

Tura tampoco se mordi¨® la lengua al hablar de los derechos ling¨¹¨ªsticos que amparan al ciudadano en el mundo de la justicia. "La lengua es un derecho de gran valor que nos identifica como naci¨®n. Y no podemos renunciar a ¨¦l en el ¨¢mbito judicial porque a¨²n no sabemos c¨®mo articularlo", dijo. Y remach¨®: "Si un diario se traduce en minutos, no es asumible que no se pueda escoger el idioma en la justicia". La realidad, sin embargo, no tiene nada que ver con el deseo de la consejera y ahora sucede que una sentencia dictada en catal¨¢n puede tardarse en conocer hasta cinco d¨ªas m¨¢s que si es en castellano.

M¨¢s all¨¢ de esas cuestiones end¨¦micas, Tura reivindic¨® la necesidad de que la Generalitat ejerza sus competencias en justicia, porque "nadie como la Administraci¨®n catalana puede conocer mejor las necesidades de los juzgados del pa¨ªs, ni su carga de trabajo". Tampoco le dolieron prendas al reconocer sobre la justicia de proximidad: "No hemos sabido definir qu¨¦ quiere decir". Por eso insinu¨® que queda aparcada su aplicaci¨®n. "Ganar¨ªamos prestigio ante los ciudadanos y les pido que participen para buscar f¨®rmulas".

La consejera subray¨® la importancia que tendr¨¢ en el futuro la previsi¨®n estatutaria de que el TSJC sea la ¨²ltima instancia judicial en Catalu?a y se reserve al Tribunal Supremo la unificaci¨®n de doctrina. Tambi¨¦n record¨® el cambio que supondr¨¢ la creaci¨®n del Consejo de Justicia de Catalu?a. "No es una cosa menor que el Parlament participe en la designaci¨®n de sus miembros. Es un elemento pol¨ªtico de primera magnitud". Con todo, abog¨® por que, cuando llegue el momento, se suprima el sistema de cuotas de partidos para elegir a sus integrantes, con el fin de no repetir los vicios del Consejo General del Poder Judicial. ?sta es una idea que repite Alegret desde hace tiempo, como tambi¨¦n recuerda que la distribuci¨®n de las competencias que hace la Constituci¨®n debe respetarse.

La presidenta del TSJC tambi¨¦n record¨® la queja que plante¨® en su d¨ªa su predecesor, Guillem Vidal. Ese cargo simboliza la representaci¨®n del poder judicial en Catalu?a, pero en el protocolo ocupa el n¨²mero 32. En Andaluc¨ªa, por ejemplo, el presidente del Tribunal Superior ocupa el n¨²mero 3. Si es as¨ª es porque el Parlamento aut¨®nomo aprob¨® una ley que lo hizo posible.